Columna de Hierro
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CUERNAVACA, MOR. 20 08 2026.- Desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa, México ha demostrado una extraordinaria capacidad para producir víctimas y una desesperante incapacidad para producir verdad y justicia.
Han cambiado los gobiernos, los uniformes, los nombres de los grupos armados y las circunstancias; lo que no ha cambiado es la muerte de inocentes y la impunidad que suele caminar detrás de ella.
Y antes de que alguien saque el diccionario para acusarnos de exagerados, hagamos una precisión: no todas estas tragedias pueden llamarse jurídicamente “genocidio”. Hay masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado.
Pero todas tienen algo en común: seres humanos asesinados, desaparecidos o perseguidos y una sociedad que durante décadas ha exigido saber quién ordenó, quién ejecutó y quién encubrió.
Empecemos por Tlatelolco.
El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, el Estado mexicano reprimió al movimiento estudiantil. Durante décadas, la verdad fue una herida abierta. En 2024, el propio Estado mexicano reconoció oficialmente aquellos hechos como crimen de lesa humanidad y ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias.
Pero Tlatelolco no fue el final.
Fue, quizá, el comienzo de una larga lista de episodios que nos obligan a preguntar si México aprendió realmente algo de aquella tragedia.
El “Halconazo” de 1971 volvió a mostrar la violencia contra jóvenes que protestaban.
Después vino Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995: 17 campesinos fueron asesinados por policías estatales y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó graves violaciones a los derechos humanos, incluida una ejecución sumaria.
Dos años después, Acteal, Chiapas.
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas Tzotziles fueron asesinados mientras se encontraban reunidos en oración. Entre las víctimas había mujeres embarazadas y niños. La CNDH ha documentado el contexto de violencia y la presencia de grupos paramilitares alrededor de aquella tragedia.
¿Y qué aprendimos?
Llegó San Fernando, Tamaulipas.
En agosto de 2010, 72 migrantes fueron secuestrados y ejecutados por integrantes de Los Zetas. No eran soldados. No eran delincuentes. Eran hombres y mujeres que atravesaban México buscando llegar a Estados Unidos. La CNDH ha señalado, además, violaciones al derecho a la verdad, a la justicia y a la seguridad en torno al caso.
Y después apareció Allende, Coahuila.
En marzo de 2011, Los Zetas irrumpieron en esa población y desaparecieron a decenas de personas. Durante años circuló la cifra de alrededor de 300 víctimas, aunque las investigaciones oficiales han manejado cifras menores y fragmentarias.
Precisamente esa incertidumbre forma parte del horror: ni siquiera sabemos con certeza cuántas personas fueron tragadas por aquella masacre.
Luego vino Nochixtlán, Oaxaca, en 2016.
Una protesta social terminó en un enfrentamiento con fuerzas policiales que dejó muertos, heridos y graves violaciones a los derechos humanos. La CNDH documentó la intervención de policías municipales, estatales y federales.
Y llegamos a Ayotzinapa.
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” desaparecieron en Iguala, Guerrero.
Aquí ocurre algo particularmente grave: la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia creada por el propio Estado mexicano concluyó que se trató de un crimen de Estado, con participación de integrantes de Guerreros Unidos y agentes de distintas instituciones del Estado mexicano.
Diez, doce, veinte, treinta o cincuenta años después, las preguntas siguen siendo prácticamente las mismas:
¿Quién ordenó?
¿Quién disparó?
¿Quién permitió?
¿Quién encubrió?
¿Quién sabía?
¿Y por qué casi nunca llega la justicia a todos los responsables?
Ese es el verdadero problema de México.
No solamente la muerte.
La impunidad.
Porque un país puede sufrir una tragedia y levantarse. Puede sufrir una masacre y castigar a los responsables. Puede mirar hacia atrás, reconocer sus errores y construir instituciones para impedir que vuelvan a ocurrir.
Lo que resulta devastador es convertir la tragedia en costumbre.
Y México parece haber desarrollado una peligrosa costumbre de acostumbrarse.
Hoy las masacres ya no necesariamente llevan el mismo uniforme. A veces tienen uniforme oficial; otras veces llevan las siglas de un cártel. A veces ocurren en una plaza pública; otras, en una carretera, una casa, un rancho o una fosa clandestina.
Pero la pregunta permanece.
¿Cuántas vidas tiene que perder México para que la muerte deje de ser estadística?
El país ha logrado reducir el promedio de homicidios dolosos. El Gobierno federal reportó que el promedio diario pasó de alrededor de 87 en septiembre de 2024 a 45.4 durante lo que llevaba de 2026 hasta junio. Es una reducción importante y sería absurdo negarla.
Pero 45 homicidios diarios siguen siendo aproximadamente 45 familias que pueden quedarse sin padre, sin madre, sin hijo, sin hermano.
Por eso esta columna no pretende negar avances.
Pretende preguntar algo más incómodo: ¿Estamos combatiendo solamente la cantidad de muertos o estamos combatiendo las causas que permiten que la muerte siga siendo una industria?
Tlatelolco nos dejó la memoria.
El Halconazo volvió a mostrar la violencia contra los jóvenes que protestaban.
Aguas Blancas, la represión.
Acteal, el paramilitarismo.
San Fernando, la barbarie contra los migrantes.
Allende, la desaparición masiva.
Nochixtlán, la violencia contra la protesta.
Ayotzinapa, la desaparición forzada y la profunda crisis de confianza en las instituciones.
Y México, casi seis décadas después de Tlatelolco, sigue buscando la fórmula para que la vida valga más que el poder, el dinero, la política o las armas.
Quizá llegó la hora de cambiar una vieja expresión.
México no tiene por qué ser conocido como el país de la cultura de la muerte.
Podemos convertirlo en el país de la cultura de la memoria, de la verdad y de la justicia.
Porque recordar a los muertos no basta.
Hay que impedir que sigan produciéndose.
Y mientras una madre tenga que buscar a su hijo desaparecido, mientras una familia tenga que investigar por su cuenta quién mató a los suyos y mientras un expediente pueda dormir décadas en un archivo, la historia de México seguirá teniendo una página pendiente.
La más importante de todas:
la de la justicia.
eusebiogimeno@gmail.com