Luego que el miércoles Estados Unidos anunció sanciones contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente lavar millones de dólares vinculados tráfico ilegal de fentanilo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que no hay pruebas de lavado de dinero y urgió al Departamento del Tesoro a que presente pruebas.
Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, manifestó la Presidenta en su conferencia de prensa matutina, La Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum apuntó que hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba de que hay lavado de dinero.
Si no hay pruebas, no puede haber reconocimiento de nuestra parte de que haya lavado de dinero, subrayó la Presidenta.
La mandataria destacó además que ayer fue aprobada en el Senado de la República una ley para fortalecer las medidas en México contra el lavado de dinero.
Una ley que veníamos trabajando desde hace tiempo, no tiene que ver nada con esto, pero sale a cuento con el anuncio del Departamento del Tesoro, anotó la jefa del Ejecutivo.
También reiteró que México no se subordina a nadie, es un país soberano e independiente. Es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta, y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Donald Trump, manifestó.
Sheinbaum comentó que hace algunas semanas la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibieron información confidencial por parte del Departamento del Tesoro sobre las tres instituciones financieras mexicanas.
Sin embargo, señaló que la información que provenía en esa comunicación del Tesoro no venía detallada y parte de ella fue publicada el día de ayer
La jefa del Ejecutivo refirió que Hacienda decidió solicitar más información a Estados Unidos porque la mayor que venía era de transferencias que se hicieron a través de las instituciones financieras de empresa chinas con empresas mexicanas.
La Presidenta subrayó que las empresas chinas a las que se refiere el Departamento del Tesoro están legalmente constituidas en México, y que las transferencias financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero.
Si hay pruebas, son solo transferencias entre miles de empresas chinas con empresas mexicanas, resaltó la mandataria.
Hacienda
El miércoles, la Secretaría de Hacienda desmintió que existan pruebas contundentes sobre la participación de tres instituciones financieras mexicanas en actividades de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo, como lo ha señalado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En un comunicado oficial, la dependencia federal informó que, tras ser notificada por autoridades estadounidenses sobre presuntas operaciones ilícitas de los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó formalmente evidencia probatoria. Hasta el momento, Washington no ha entregado datos que confirmen los señalamientos.
La SHCP detalló que la única información compartida por el Tesoro estadounidense corresponde a transferencias electrónicas realizadas a empresas chinas desde cuentas en instituciones mexicanas.
En ese sentido, la UIF identificó más de 300 empresas mexicanas que han enviado pagos a compañías legalmente constituidas en China, a través de al menos diez entidades financieras nacionales, incluidas las mencionadas.
“Estas transacciones no constituyen evidencia de actividades delictivas, ya que forman parte del flujo comercial ordinario entre México y China, cuya relación económica asciende a 139 mil millones de dólares anuales”, explicó Hacienda.
CNBV ya aplica sanciones administrativas
Por su parte, la CNBV inició procesos de revisión a las tres instituciones señaladas por EE.UU. y encontró irregularidades de carácter administrativo, como deficiencias en reportes de operaciones inusuales o controles internos débiles.
Estas faltas derivaron en sanciones económicas y medidas correctivas, conforme a la legislación financiera vigente en México, pero no constituyen evidencia de lavado de dinero o vínculos con organizaciones criminales, subrayó la dependencia.
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