Cuando el poder territorial ya no pertenece solamente al Estado
entidades como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Zacatecas e incluso Morelos viven una nueva realidad política y criminal: el poder territorial ya no es ejercido exclusivamente por las autoridades constitucionales. Hoy ese control es disputado, condicionado y en algunos casos parcialmente compartido con grandes organizaciones criminales.
Ese es quizá el cambio más profundo y peligroso que ha vivido México desde el fin del viejo régimen priista del Siglo XX.
Durante décadas el Estado mexicano mantuvo un control político vertical. El Presidente dominaba Gobernadores, Policías, Sistema Judicial y estructuras partidistas. Había corrupción y autoritarismo, pero existía una línea de mando clara. Los grupos criminales podían operar, sí, pero bajo ciertos límites y acuerdos no escritos.
Ese modelo comenzó a fracturarse a partir de los años 90 con 3 fenómenos simultáneos: la democratización del país, el debilitamiento del presidencialismo y la expansión del narcotráfico internacional.
Con el tiempo, los cárteles dejaron de ser simples organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Evolucionaron hacia estructuras económicas, militares y territoriales capaces de desafiar directamente al Estado.
En entidades como Sinaloa o Michoacán, los grupos criminales no solo trafican drogas. También controlan rutas, imponen cobros, regulan actividades económicas, infiltran corporaciones policiacas, financian campañas políticas y ejercen mecanismos de intimidación social.
En algunas regiones, la población sabe perfectamente quién manda realmente después de cierta hora del día.
Ahí aparece el concepto más delicado de todos: la fragmentación del monopolio de la fuerza.
En teoría, únicamente el Estado debe tener capacidad legítima para ejercer control armado sobre el territorio. Pero cuando grupos criminales poseen armamento, inteligencia, capacidad financiera, vigilancia,
reclutamiento, y control social, entonces surge un poder paralelo.
Eso no significa necesariamente que el Estado haya desaparecido. Lo que existe es una disputa constante.
Por ejemplo: el gobierno mantiene escuelas, hospitales y programas sociales; pero los grupos criminales pueden controlar caminos, mercados, extorsiones o comunidades completas.
La consecuencia es una especie de soberanía fragmentada.
En Guerrero, diversas organizaciones criminales pelean corredores estratégicos vinculados al Pacífico, minería, extorsión y producción de amapola.
En Zacatecas, la violencia explotó por convertirse en un nodo logístico nacional.
En Michoacán, el fenómeno alcanzó niveles tan complejos que incluso surgieron grupos de autodefensa que después fueron infiltrados o absorbidos por estructuras criminales.
El caso de Morelos resulta particularmente sensible porque combina cercanía con la capital del país, crecimiento urbano, corredores logísticos, secuestro, extorsión y disputas entre células criminales.
La violencia dejó de ser solamente un asunto de narcotráfico. Hoy se relaciona con control económico territorial.
Por eso el asesinato de Acaldes, candidatos y jefes policiacos se volvió cada vez más frecuente. El objetivo ya no es únicamente proteger rutas de droga; ahora se busca controlar gobiernos locales, presupuestos, policías y contratos públicos.
Paradójicamente, los gobernadores siguen siendo relativamente difíciles de atacar debido a escoltas,
inteligencia estatal protección federal y visibilidad pública.
Sin embargo, la presión política sobre ellos es enorme. Gobernar Estados bajo asedio criminal implica administrar conflictos donde el Estado no siempre posee control absoluto.
El problema se agrava porque la violencia criminal coincide con otros factores: corrupción, debilidad judicial,
impunidad, pobreza regional y crisis de confianza institucional.
Eso ha generado un fenómeno extremadamente peligroso: la normalización social de la violencia.
En muchas regiones del país la población ya vive bajo una lógica de adaptación: evitar ciertas carreteras, no salir de noche, guardar silencio o aprender qué zonas pertenecen a qué grupo.
México no es un “Estado fallido” en términos absolutos. El gobierno federal conserva instituciones fuertes, capacidad económica y legitimidad nacional. Pero sí enfrenta una fragmentación territorial parcial donde distintas regiones viven niveles muy distintos de control estatal.
Mientras algunas ciudades funcionan con relativa normalidad, otras sobreviven en medio de disputas armadas permanentes.
Ese es el gran desafío nacional del siglo XXI: reconstruir la autoridad legítima del Estado sin caer en militarización indefinida, sin pactos criminales y sin permitir que la violencia siga convirtiéndose en parte cotidiana del paisaje mexicano.
Porque cuando el poder territorial deja de pertenecer únicamente al Estado, lo que entra en crisis no es solo la seguridad pública.
Es la soberanía misma.
eusebiogimeno@gmail.com