Por: Ricardo Monreal Avila
La situación de la pandemia generada por la irrupción del COVID-19 se ha agravado en algunos países de manera dramática.
El número de contagios, así como el número de decesos crece conforme van pasando los días, por lo que las medidas para propiciar el aislamiento de las personas se han endurecido.
España, Italia y Estados Unidos de América registran más de 102,136, 105,792 y 190,740 infecciones confirmadas, respectivamente. El reto de los gobiernos, de manera general, está en tomar las medidas y ejecutar las acciones adecuadas para evitar más contagios de los que se tienen hoy.
Tras la desastrosa experiencia que se tuvo en 2009 con la irrupción de la gripe porcina, el actual gobierno de nuestro país ha tomado las acciones pertinentes para enfrentar de manera responsable la inevitable llegada de la enfermedad COVID-19 a territorio mexicano.
La estrategia más loable de la administración federal es haber llamado a la calma de manera recurrente, para evitar con ello un cuadro de histeria colectiva; para sus adversarios, ninguna medida o estrategia del gobierno federal sería acertada, y demandaron el inmediato cierre de las fronteras, lo cual en modo alguno podría haber contenido la llegada de la pandemia y, por el contrario, de haberse procedido así, habría representado para el país un cuadro mucho más negro en términos económicos.
Ahora bien, la implementación de la campaña de sana distancia y el llamado al cese de labores no esenciales a mediados del mes de marzo fueron oportunos. Gracias a ello se redujo considerablemente el número de personas en las calles y se pudo evitar una mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, a diferencia de lo que lamentablemente se observa en otras latitudes.
En México, la información proporcionada por las autoridades de salud a nivel federal ha sido constante, consistente y puntual para mantener a la ciudadanía informada con respecto al estado de cosas y a cada una de las acciones por implementarse.
Durante el desarrollo de la fase dos de la pandemia, el gobierno de México, a través del Consejo de Salubridad General, realizó el pasado 30 de marzo la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por causa de fuerza mayor, que tendrá vigencia hasta el día 30 de abril del presente año, con lo cual se busca que haya una incidencia favorable en la curva —número más alto de contagios dentro del país—, cuyo punto máximoi se prevé para las próximas semanas.
Esta declaratoria no implica un estado de excepción o un toque de queda, por lo que el gobierno deberá proceder con estricto apego al respeto a los derechos humanos de las personas. Al momento de escribir estas líneas se tienen contabilizados 1,215 casos confirmados, 3,511 sospechosos, 6,282 descartados y 29 fallecimientos.
Estaba previsto que la Jornada de sana distancia culminaría el 19 de abril, sin embargo, el cese de actividades laborales no esenciales se extenderá once días más, al 30 de abril. El gobierno federal busca la cooperación de los otros dos órdenes de gobierno, así como el apoyo y solidaridad de la iniciativa privada para que, de manera conjunta, no sólo disminuyan los riesgos de contagio y el número de infecciones, sino para que haya una respuesta efectiva ante el panorama económico poco alentador que se cierne, no únicamente sobre México, sino sobre el mundo entero.
Además de ello, el gobierno federal, a través del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, ha comunicado que, de no seguirse las instrucciones dadas por las autoridades en la materia, nuestro Sistema de Salud —golpeado y debilitado por las administraciones neoliberales—colapsaría, al no contar con la capacidad para atender contagios masivos.
Así, para poder garantizar la atención médica y una operación eficiente de la infraestructura del Sistema de Salud mexicano, es imperativo que la población en su conjunto permanezca en sus casas el mayor tiempo posible.
Ciertamente, la declaratoria ha tenido y tendrá muchas consecuencias, sobre todo para el sector laboral y el ámbito de la economía informal, en donde se ubican miles de personas que dependen del ingreso cotidiano para poder subsistir.
Por ello, con el fin de ayudar a aliviar el problema del ingreso monetario, se decidió adelantar, desde el gobierno federal, los apoyos económicos de diversos programas sociales, buscando asistir a los grupos más vulnerables y dar liquidez a la economía local, tomando en cuenta que desde hace dos semanas la crisis sanitaria ha impactado negativamente en el consumo.
Los puntos nodales de la declaratoria realizada el día 30 de marzo se pueden resumir así:
Suspender actividades no esenciales, hasta el 30 de abril.
No realizar reuniones con más de 50 personas en la vía pública, lugares cerrados, sedes públicas o privadas.
Mantener resguardo generalizado, permaneciendo en casa la mayor parte del día.
El confinamiento es de carácter estricto y severo para la población mayor de 60 años y para personas con afecciones de salud provocadas por padecimientos como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, entre otros.
Postergar todo tipo de censo o encuesta, incluyendo, probablemente, la jornada electoral en Coahuila e Hidalgo.
Aplicar todas las medidas de emergencia sanitaria con apego a la protección de los derechos humanos y laborales; no hay una declaratoria de estado de excepción o toque de queda.
Reforzar el plan gubernamental para atender la crisis en esta fase 2, con el fin de que en la fase 3 no se desborde la capacidad de atención y respuesta en la infraestructura de salud nacional.
Afortunadamente —sin que ello se entienda en un sentido indolente o peyorativo—, nuestro país ya cuenta con la experiencia de otras naciones para diseñar e implementar medidas, con el fin de contener el avance de la pandemia en territorio nacional.
Tomar decisiones para reducir los contagios y, al mismo tiempo, atenuar el problema económico desde lo micro hasta lo macro, constituye un gran reto en sí mismo.
En el plano económico el panorama no es alentador, pero hay confianza en que no habrá un mayor endeudamiento público. El presidente de México ha expresado su intención de rechazar la oferta del Fondo Monetario Internacional, evitando con ello la posibilidad de un sobreendeudamiento.
Por lo demás, y mientras sorteamos la crisis sanitaria, quedémonos en casa.
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