La sociedad y el gobierno mexicano han vivido demasiado tiempo en la simulación. Durante décadas el discurso oficial habló de democracia, justicia social, combate a la pobreza y defensa del pueblo, mientras en los hechos el sistema político construyó enormes redes de corrupción, privilegios e impunidad.
El viejo régimen del PRI institucionalizó muchas de esas prácticas. Controló sindicatos, empresarios, gobernadores, medios de comunicación y hasta buena parte de la crítica pública mediante convenios, favores y recursos del Estado.
La Prensa mexicana conoció durante años el mecanismo de la publicidad oficial, el control del papel periódico a través de PIPSA y las relaciones de subordinación política disfrazadas de Libertad de Expresión.
Con la llegada del PAN muchos mexicanos creyeron que terminaría el viejo sistema. Sin embargo, los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y complicidad con grupos de poder continuaron apareciendo.
El cambio democrático no logró desmontar completamente las estructuras del patrimonialismo mexicano.
Después llegó Morena prometiendo una transformación moral de la vida pública. Pero en los últimos años también han surgido denuncias, escándalos y acusaciones que muestran que la corrupción no desaparece únicamente cambiando de partido o de discurso ideológico. El problema parece mucho más profundo.
México construyó durante décadas una cultura política donde el acceso al gobierno significó acceso al dinero, a contratos, privilegios y ascenso social.
Muchos funcionarios llegaron al poder viendo el cargo público no como una responsabilidad temporal sino como una oportunidad irrepetible para asegurar patrimonio familiar y escapar definitivamente de generaciones de precariedad.
Ahí aparece una de las tragedias nacionales: el miedo histórico a la pobreza convertido en codicia política.
Pero reducir todo al individuo sería simplista.
La corrupción mexicana no nació porque el mexicano sea naturalmente deshonesto. Millones de ciudadanos sostienen diariamente al país con trabajo honrado, salarios bajos y enormes sacrificios.
El verdadero problema fue la debilidad de las instituciones y la normalización social de la impunidad.
Durante mucho tiempo en México se admiró más al político enriquecido que al funcionario honesto.
La riqueza rápida se convirtió en símbolo de éxito, aunque proviniera del abuso del poder. Y cuando una sociedad termina aceptando que “todos roban”, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en sistema.
Los países que lograron contener mejor esos abusos no lo hicieron porque sus ciudadanos fueran moralmente superiores, sino porque construyeron instituciones capaces de castigar realmente la corrupción: Prensa independiente, Tribunales autónomos, Transparencia, Auditorías y consecuencias legales efectivas.
México sigue atrapado entre el discurso moral y la práctica de la simulación.
Ese quizá sea el verdadero desafío nacional: construir un país donde la honestidad deje de parecer ingenuidad y vuelva a convertirse en prestigio público.
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