La diputada Patricia Mercado Castro (MC) sostuvo que durante su segundo año de labores legislativas ha impulsado una agenda de justicia social basada en el reconocimiento de nuevos derechos laborales y de una agenda laboral feminista, que busca garantizar principalmente el derecho al tiempo.
“Las dos en el día a día se conectan, cuando impulsamos mejores salarios, mayor igualdad y no discriminación, mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
“También se conectan cuando impulso iniciativas que logran justicia de tiempo, como el derecho a una jornada laboral digna, mayores vacaciones, más días de licencia por paternidad, menor tiempo de traslado a través de mejores y más seguras políticas de movilidad, todo esto lo hago convencida que la riqueza no solamente es dinero, también es tiempo”, señaló.
Lo anterior, al presentar su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en la Cámara de Diputados, acompañada de diputadas y diputados de su grupo parlamentario, activistas, representantes de la sociedad civil, sindicalistas y feministas, entre otros.
Sostuvo que existe una pobreza que no se mide en pesos y que golpea más a las mujeres: la pobreza de tiempo, en donde por cada seis mujeres que participan en el empleo remunerado hay casi 10 hombres que lo hacen; por eso, aunque votó a favor de la reforma constitucional de 40 horas, sin dos días de descanso, la pobreza de tiempo sigue ahí y no es justo que las mujeres vivan en esta sociedad de cansancio.
“La escasez de tiempo tiene consecuencias que no se ven sólo en una nómina; se dice que las personas jóvenes ya no quieren tener hijos, no necesariamente es así, lo que pasa es que tienen trabajos sin derechos, pagan rentas altas de vivienda y pasan horas en sus traslados, sin tiempo, sin ingresos suficientes, sin patrimonio.
“Tener hijos se ha vuelto casi un lujo, un país que convierte en la maternidad en una carga, es un país sin futuro y hay algo más grave, la maternidad se castiga, las madres sufren reducciones salariales de 20 por ciento y además la mitad de las mujeres sale del mercado laboral al año después de un parto, es decir, pierden sus empleos precisamente cuando más los necesitan”.
Anotó que “es tiempo de que las mujeres tengan tiempo, en eso he trabajado y pienso seguir trabajando, es tiempo que las mujeres tengan tiempo, por eso recuperé un proyecto que se logró votar antes en el Senado con mi compañero y amigo sindicalista Napoleón Gómez Urrutia, que es la iniciativa de lactancia extendida”.
Asimismo, Mercado Castro recordó que durante seis años en el Senado de la República trabajó, desde la Comisión de Movilidad y Zonas Metropolitanas, por una idea sencilla: desplazarse por las calles de forma segura y eficiente no debe ser un privilegio, sino un derecho y hoy desde la Cámara de Diputadas y Diputados, como presidenta de la Comisión de Movilidad, hace lo propio y le ha dado prioridad a escuchar y crear respuestas.
“En este año realizamos cinco mesas de trabajo sobre el uso de motocicletas, con personas motociclistas, con repartidores y repartidoras de plataformas, con fabricantes y distribuidores, con especialistas en seguridad vial, con las autoridades de los tres órganos de gobierno.
“Y ahí salió una relatoría que hoy, junto con la propuesta de la coalición de Movilidad Segura para construir los acuerdos y elaborar una propuesta de regulación para ellas y ellos, no contra ellos, sin estigmas, sin prohibiciones y sin sobrerregulación”.
Además, dijo, impulsa una la iniciativa para que ningún vehículo circule sin proteger a terceras personas, porque las calles no pueden ser un territorio de caos, miedo y violencia, que cierra el paso a infancias, personas adultas mayores y con discapacidad.
“Nuestro enfoque es pacificar la convivencia vial, que el espacio público sea compartido entre peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y transportistas. Apostamos por el transporte público como la opción más sostenible. Una ciudad no se resuelve sólo regulando vehículos particulares, se resuelve con alternativas de transporte masivo.
“Es tiempo de que la movilidad nos permita aprovechar el tiempo y quiero detenerme en un logro que me enorgullece, y es la publicación del anexo 32, acciones para la movilidad y seguridad vial en el presupuesto federal para el 2027”, comentó.
Asimismo, la diputada destacó que trabaja por una política que ponga en el centro la dignidad humana y las libertades. Los derechos como marca nuestra constitución sólo pueden progresar, nunca retroceder.
“En este contexto hoy es crucial defender la libertad sobre el propio cuerpo y la espera de vida personal, temas que han quedado plenamente validados en tribunales, pero las resistencias han impuesto en el Poder Legislativo y aún no se les puede garantizar a las mujeres que lo decidan un aborto legal y con servicios en todos los sistemas de salud del país”.
Agregó que también participa con diputadas y diputados de varios grupos parlamentarios en el impulso a la causa de morir con dignidad, con la “Ley Trasciende”, que nació de la valentía de una ciudadana, Samara Martínez, porque morir es un proceso natural, pero obligar a alguien a sufrir es inhumano.
Enfatizó que también presentó una iniciativa de transparencia salarial que obliga a que cada vacante haga explícito el salario y las prestaciones completas y prohíbe pedir antecedentes salariales y otra propuesta para reconocer la igualdad salarial en el deporte, con un salario base definido mediante el diálogo con las autoridades, las ligas, las empresas y las propias deportistas.
Subrayó que este informe es un acto de rendición de cuentas ante la ciudadanía que expresa sus demandas y exigencias, por lo que manifestó su compromiso de seguir trabajando de la mano con todos los sectores.
Por su parte, Estefanía Vela Barba, directora de la organización Intersecta, destacó el trabajo de la diputada Patricia Mercado, sobre todo, su apertura al diálogo con distintos movimientos, organizaciones, y causas.
“Estamos en un momento político en donde hay un ataque a muchos derechos y muchos de esos ataques se articulan en torno a las luchas en contra de las identidades, la lucha en contra de los privilegios y no se trata de eso.
“Los derechos son universales y, por lo mismo, la primera característica que deben de tener las políticas que impulsamos es que sean universales, y el derecho al trabajo incluye tener trabajos decentes en donde te traten bien”, sostuvo.
Pero también, añadió, es preciso que las políticas que sean interseccionales, porque resulta que, aunque cualquier persona puede vivir violencia, los datos muestran una y otra vez, que afecta a ciertos grupos desproporcionadamente y por ello, se requieren políticas que lo contemplen para atender mejor el problema.
Alejandra Leal, de la coalición de Movilidad Segura reconoció el trabajo de la diputada Patricia Mercado, pues gracias a ello, la agenda de movilidad y seguridad ha avanzado de la mano de sociedad civil, así como con el sector privado, universidades y todos los sectores responsables.
“Reconocer primero el avance, el gran avance en el anexo técnico transversal. Este anexo es la primera vez que se encuentra en este proyecto de presupuesto y es un gran avance porque es importante medir los derechos para que se garanticen.
“Cuenta con el apoyo de sociedad civil para seguir impulsando el trabajo que se hizo desde Sedatu y desde Hacienda para que este anexo sirva para medir y que se traduzca en acciones futuras que garanticen este derecho”, mencionó.
Ada Silva, presidenta del club de motociclistas Doragón, agradeció el trabajo de la diputada con este sector, así como su apertura al diálogo para construir una legislación que favorezca una movilidad integral, segura e incluyente y que contribuya a reducir siniestros viales y sobre todo las muertes en motocicleta.
“La experiencia nos ha demostrado que el camino es el trabajo conjunto entre sociedad, autoridades y legisladores. Necesitamos leyes construidas con quienes vivimos la realidad de las calles, no decisiones unilaterales que desconozcan nuestras necesidades obedeciendo a la democracia.
“Reiteramos que las motocicletas ya cuentan con regulación; no obstante, es necesario adecuar las normativas a nuestros tiempos, por ello, consideramos que la solución no consiste únicamente en endurecer sanciones, sino en actualizar, armonizar y hacer cumplir las normas con enfoque preventivo, acorde con el crecimiento exponencial de las motocicletas tanto de uso particular como comercial”.
En ese sentido, sostuvo que han propuesto incorporar la educación vial desde las escuelas para que niñas, niños y jóvenes conozcan los reglamentos y las leyes, comprendan sus responsabilidades y aprendan a convivir en las calles.
Asimismo, consideró necesario avanzar hacia la unificación de los reglamentos de tránsito en todo el país en coordinación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y atender con mayor firmeza la problemática del robo de motocicletas mediante mejores mecanismos de prevención, identificación y recuperación.
Brenda Lara Hernández, vicepresidenta de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión A.C, se pronunció por atender la discriminación y la brecha salarial que aún viven las personas con discapacidad, especialmente mujeres y se impulse el trabajo digno y que el 5 por ciento de contratación de personal en gobiernos e instituciones sea de personas con discapacidad.
Rebeca Ramos Duarte, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), resaltó el trabajo que se ha hecho para avanzar en la despenalización del aborto para que las personas con capacidad de gestar puedan acceder de manera digna y segura a esa decisión vital que es continuar o no continuar con un embarazo.
“Estos avances, que han sido producto de esta lucha colectiva, no tenemos sentencias, tenemos reformas legislativas en un muy buen número de los estados, ya hoy son 24 estados en donde se ha despenalizado de manera parcial el aborto, hay también política pública que reconoce al aborto seguro como un servicio esencial de salud y sin embargo el Congreso de la Unión se ha quedado atrás en este tema, tenemos pendiente la reforma al Código Penal Federal, a pesar de que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de septiembre de 2023”, indicó.
En el evento también participaron Maricarmen Llamas, del sindicato de telefonistas; María Fernanda Galicia, directora de Mexiro A.C. e impulsora de una iniciativa legislativa en México para reconocer la lactancia extendida; así como Silvia García, activista que busca garantizar la muerte digna, quienes agradecieron su apertura al diálogo y trabajo en favor de todas estas causas, al tiempo que manifestaron su disposición de continuar trabajando de manera conjunta hasta lograr garantizar todos los derechos laborales en la ley.
Texto y Fotografía: Cámara de Diputados