El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, rechazó que el gobierno federal haya ofrecido 800 millones de pesos a la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE a cambio de levantar el plantón en la Ciudad de México.

Durante una entrevista en el marco de la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290, evento al que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado explicó que dicho monto forma parte de las partidas presupuestales regulares de la SEP destinadas a combatir el rezago educativo en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Origen del recurso: rezago educativo
El secretario precisó que es el tercer año consecutivo en que se asignan estos recursos para atender rezago educativo. Indicó que los fondos se liberan tras realizar un diagnóstico estado por estado para identificar necesidades de personal docente y escuelas.

De acuerdo con el funcionario, estos recursos se destinan a la creación de plazas docentes, ampliación de horas de clase, procesos de basificación y sustitución de maestros jubilados, principalmente en niveles de preescolar, primaria y telesecundaria.

Sin intermediarios sindicales
Al ser cuestionado sobre la entrega del dinero, Delgado Carrillo enfatizó que los recursos no pasan por las manos de la CNTE ni del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Detalló que el financiamiento se ejerce directamente desde la federación y se traduce en plazas y acciones administrativas del sistema educativo.

“Todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato”, sostuvo.

Las aclaraciones ocurren luego de que la secretaria general de la Sección 22, Yenni Pérez Martínez, informara que la SEP había ofrecido una bolsa extraordinaria de 800 millones de pesos.

Tras casi 19 días de protestas, integrantes de la CNTE retiraron sus campamentos en la Ciudad de México e iniciaron un receso de su huelga nacional. Sin embargo, reiteraron que mantendrán sus principales demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones.