MARIO A. DÍAZ

-Ex director de la Aduana de Tampico dio la puntilla a red criminal.

-Centro Federal de Inteligencia Criminal revela los pasos del huachicol.

-Pocas ganas de la 4T para proceder contra los evasores fiscales.

 Por Mario Diaz

PALACIO desde H. Matamoros, Tam.-

Es más que claro que el gobierno de la Cuarta Transformación no quiere ahondar en el caso del huachicol fiscal y considera como suficiente el encarcelamiento del vicealmirante ROBERTO FARÍAS LAGUNA, sobrino del ex secretario de Marina en el pasado sexenio, RAFAEL OJEDA DURÁN.

Los datos aportados por el ex director de la Aduana en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y dos testigos protegidos que formaban parte de la red criminal de contrabando documentado de hidrocarburos ante la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para ejercer acción penal en contra de numerosos funcionarios aduanales y de la Marina Armada de México.

El ex funcionario aduanero al sentir que el “cerco se cerraba” decidió cooperar con la FGR y se le asignó el nombre clave de “Santo”. El informante confesó que él se encargaba de repartir los sobornos por cada buque-tanque que arribaba al puerto de Tampico y que ascendía a la cantidad de un millón 750 mil pesos.

Con base en testimonios, la FGR tiene documentado en la indagatoria que personal de la Marina Armada de México y empleados de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) dieron “luz verde” a 31 navíos para que entraran a los puertos de Tampico y Altamira en el Estado de Tamaulipas, con millones de litros de diésel documentados como importación de aceites o aditivos.

Cabe señalar que se conoce como huachicol fiscal a la actividad ilícita de importar combustible refinado en Estados Unidos, amparado con documentación falsa que “convertía” el diésel en aditivos, aceites u otros ingredientes para fabricar carburantes, generando millonarias utilidades económicas a los delincuentes de cuello blanco al pagar un arancel muy por debajo del correspondiente a hidrocarburos.

El aseguramiento del buque-tanque Challenge Procyon en el puerto de Tampico con diez millones de litros de diésel se convirtió en la punta de la madeja que dejó al descubierto la red criminal que mantiene en jaque al gobierno de la 4T, por aquello de que “se acabó la corrupción”.

El testimonio del ex director de la Aduana del puerto de Tampico, testigo protegido de la FGR con el nombre clave de “Santo”, así como una investigación del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) dieron la puntilla a esa ilícita actividad que permitía y organizaba el Vicealmirante ROBERTO FARÍAS LAGUNA.

El primer paso era designar al personal militar y funcionarios civiles que recibirían los buques cargados con combustible documentado como aceite o aditivo y definir el monto del soborno correspondiente.

Luego, la Capitanía del Puerto y la Administración del Sistema Portuario Nacional definía horarios nocturnos, muelles de atraque, recinto fiscal y se evitaban revisiones exhaustivas de los manifiestos de importación.

Personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) se hacía de “la vista gorda” de la ilícita operación y, por el contrario, brindaban cobertura militar a la maniobra.

Pretendiendo demostrar que se cumplía con el protocolo de revisión se utilizaba el equipo de espectroscopía portátil para identificar la carga que transportaba el buque, pero arrojaba resultados negativos en el transporte de hidrocarburos.

La burocracia en el laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) retrasaba por varias semanas las pruebas de análisis o bien los verificadores cambiaban las muestras por recipientes ya preparados y dar por concluido el procedimiento administrativo.

La “cereza del pastel” la colocaba el personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional al permitir y coordinar el acceso a decenas de pipas en donde se trasvasaba el combustible para dar paso al sistema ilícito de distribución.

La estrategia de la red criminal del huachicol fiscal para garantizar la lealtad de los involucrados y no difundir información dentro de las Aduanas y mandos navales consistía en la rotación del personal en el área de adscripciones, subdirecciones y jefaturas.

Sin embargo, el aseguramiento del Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas; el “calambre” del ex director de la Aduana de Tampico identificado como “Santo”; y la investigación del Centro Federal de Inteligencia Criminal dieron el “jaque mate” y colocaron el relieve la red de corrupción derivada del huachicol fiscal.

DESDE EL BALCÓN:

I.-Dicen y dicen bien que la realidad de las cosas es que información y presión del gobierno norteamericano obligó al gobierno de la Cuarta Transformación a “descubrir” el contrabando documentado de hidrocarburos.

¿Cómo la ve?

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx

-Periodistas norteamericanos se quejan por restricciones en el Pentágono.

-La Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre riesgo y censura a reporteros.

-Reporteros Sin Fronteras considera a Trump como el principal agresor de la Prensa.

PALACIO desde H. Matamoros, Tam.-

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-Periodistas norteamericanos se quejan por restricciones en el Pentágono.

-La Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre riesgo y censura a reporteros.

-Reporteros Sin Fronteras considera a Trump como el principal agresor de la Prensa.

 Por Mario Diaz

PALACIO desde H. Matamoros, Tam.-

El desmedido hostigamiento oficial que enfrenta actualmente la Prensa en América Latina está provocando el acotamiento del ejercicio periodístico y, a la vez, poniendo en riesgo la democracia y violentando marcos constitucionales.

Por tal motivo, prestigiadas organizaciones gremiales como la Asociación Nacional de Periodistas, Locutores y Comunicadores de los Estados Unidos (ANPLC-USA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF) han emitido sus respectivas posturas respecto ante el acoso digital y judicial, discursos descalificadores, bloqueo del ejercicio periodístico e, incluso, la violencia física.

Los países que registran mayores manifestaciones en contra de medios de comunicación y trabajadores de la prensa son los Estados Unidos, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Costa Rica, de acuerdo a los casos documentados por las organizaciones gremiales antes mencionadas.

GILBERTO CORTEZ, dirigente de la ANPLC-USA, envió una misiva al propio presidente de la Unión Americana DONALD TRUMP solicitándole que reconsidere las agresivas restricciones que contempla la nueva política del Pentágono.

En su versión en español el documento enviado por correo certificado el 6 de octubre del año en curso a la Casa Blanca ubicada en 1600 Pennsylvania Avenue NW en Washington D.C. 20500, a la letra dice:

“Estimado Presidente Trump:

Las agresivas restricciones que el Hon. Secretario de Guerra, Pete Hegseth ha implementado en contra del Cuarto Poder, la Prensa, son inconstitucionales, y claramente un golpe de censura contra la Libertad de Prensa y la Primera Enmienda Constitucional. Nuestra organización, ANPLC-USA, Asociación Nacional de Periodistas, Locutores y Comunicadores USA, rechaza categóricamente la nueva política adoptada por el Pentágono y reiteramos el completo apoyo a la resiliencia de THE NEW YORK TIMES, WASHINGTON POST, REUTERS, NPR, NEWSMAX, THE ATLANTIC, FOX NEWS, ABC, CBS, NBC, AP y CNN, así como THE NATIONAL PRESS CLUB.

Considerando sus declaraciones públicas en favor de la Prensa y desacuerdo con su Secretario de Guerra, Pete Hegseth, le pido con el más alto respeto, Señor Presidente, que discuta este sensitivo asunto de nuestra democracia con el Hon. Secretario Hegseth para que levanten dichas restricciones inmediatamente.

Sometida con el Mayor Respeto, Gilberto Cortez/Presidente ANPLC-USA”

La nueva disposición del Pentágono para los distintos medios de comunicación acreditados exige la firma de un compromiso de entendimiento de una política que, según la prensa, criminaliza la cobertura informativa rutinaria y amenaza con la expulsión por buscar información no aprobada previamente.

Al respecto la Asociación de Prensa del Pentágono, que representa a los reporteros afectados considera que “no hay necesidad ni justificación para exigir a los reporteros que afirmen su comprensión de políticas vagas, probablemente inconstitucionales, como condición previa para informar desde las instalaciones del Pentágono”.

La Primera Enmienda de la Carta Magna Constitucional de Estados Unidos establece en ese contexto que “el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma; ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión o libertad de prensa, ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente ni para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Por otra parte, de acuerdo a la documentación que obra en sus registros, para la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras quien lidera el ataque mundial a la libertad de prensa es el presidente de los Estados Unidos, DONALD TRUMP.

MARTHA RAMOS, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) precisó durante la 81 Asamblea General que “la Libertad de Prensa en las Américas atraviesa un período de deterioro acelerado y una escalada de presiones contra el ejercicio periodístico”.

Y subrayó: “Las Libertades de Expresión y de Prensa son elementos indispensables para la vigencia de la democracia”.

Para la SIP “presidentes como Milei (Argentina), Trump (Estados Unidos) y Petro (Colombia), usan discursos descalificadores contra la Prensa, amplificados por el acoso digital y judicial; la violencia física, el desplazamiento forzado y el bloqueo total, y desmantelan el periodismo independiente en la región”.

Asimismo, durante su 81 Asamblea General la Sociedad Interamericana de Prensa denunció que en México se emplean figuras como la “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica.

Del mismo modo, la citada organización gremial considera que el efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio periodístico, por lo que urgen nuevas estrategias de defensa legal ante el uso del aparato jurídico como arma de censura.

Ante la censura y riesgos para ejercer el oficio periodístico que tienen su origen en el poder oficial, resulta loable y oportuno que organizaciones gremiales periodísticas como la ANPLC-USA, RSF y la SIP asuman y externen sus respectivas posturas ante la grave situación que enfrentan medios de comunicación y los trabajadores de la información.

DESDE EL BALCÓN:

I.-Resulta inconcebible que en países en donde se practica la democracia y se erigen como defensores de las libertades, se acote y se restrinja la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información que tienen los ciudadanos.

Ni hablar.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx