MARIO A. DÍAZ

-Tardía resolución de la Segunda Sala de la SCJN
-Invalidan un decreto cercano a la “muerte natural”
-Complicado que regrese la vigilancia preventiva

PALACIO desde Matamoros, Tam.

CON todo y que parece ser un revés político para el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, la realidad es que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a una controversia constitucional interpuesta por el municipio de Matamoros en muy poco cambia el estatus que dio origen a la misma.

En efecto, a través del entonces segundo síndico del trienio pasado, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ, el Ayuntamiento se inconformó por la extensión de vigencia de un decreto publicado por el gobierno del Estado el 22 de septiembre de 2020 para asumir el mando policial en ese municipio, hasta el 21 de septiembre de 2021, y que pretendía extenderlo un año más
En aquel entonces, el ayuntamiento que preside MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ consideró que el mandatario estatal violó el principio de municipio libre, garantizado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tras deliberar la controversia constitucional y analizar el proyecto de resolución elaborado por el ministro JOSÉ MARÍA AGUILAR MORALES, el pleno de la Segunda Sala del máximo tribunal en el país consideraron fundada la inconformidad interpuesta por el gobierno municipal de H. Matamoros, Tamaulipas.

Los togados determinaron la invalidación del decreto del mandatario estatal GARCÍA CABEZA DE VACA al determinar que “si bien la Constitución Federal prevé el traslado de atribuciones originarias desde el municipio en favor del gobierno del estado en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público, lo cierto es que la medida debe estar suficientemente fundada y motivada por ser de carácter excepcional y estrictamente temporal”.

Asimismo, que “en el decreto impugnado, el gobernador expresó razones que resultan insuficientes para justificar la ampliación de la temporalidad de la medida, pues no se dio noticia de algún nuevo acontecimiento calificado como situación de fuerza mayor o alteración grave del orden público, ni se exponen las razones por las que, a juicio del gobernador, los hechos que originalmente dieron lugar al traslado de atribuciones no han sido superados en el plazo previsto”.
Hasta ahí, los actos reclamados, el recurso de inconformidad, el proyecto de resolución, la votación plenaria de la Segunda Sala de la SCJN y, finalmente, la invalidación del decreto del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, publicado el 21 de septiembre de 2021.

Pero ¿cuál es la realidad de los hechos? ¿realmente es un revés para el jefe del Ejecutivo estatal? ¿volverá la vigilancia policial preventiva a H. Matamoros?

Veamos:

Primero: los ministros de la Suprema Corte invalidaron un decreto que está punto de finalizar su vigencia. Se publicó y causó ejecutoria en 21 de septiembre de 2021, la ordenanza concluiría el día 22 del próximo mes de septiembre, y los ministros determinaron lo conducente el 4 de agosto del año en curso; es decir, a escasos 50 días de la “muerte natural”.

Segundo: desde esa perspectiva, prácticamente el gobernador tamaulipeco impuso por más de diez meses el decreto invalidado por la Segunda Sala de la SCJN. Además, desde hace 12 años desapareció la Policía Preventiva derivado del mando único y la vigilancia se ejerce con elementos de la Policía Estatal Luego entonces ¿cuál revés?
Tercero: la Policía Preventiva no regresará al municipio durante el actual sexenio, toda vez que el período constitucional fenece el 30 de septiembre; en todo caso esa labor estaría siendo reconsiderada con el nuevo gobierno estatal que inicia actividades el primero de octubre. Además, es improbable que la administración municipal acepte incrementar el gasto corriente con eventual convocatoria y contratación del nuevo personal policial y, por supuesto, los gastos inherentes.
Con relación a la Policía Vial, derivado del decreto estatal los elementos fueron absorbidos por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, aunque, eso sí, continuaron en la nómina de municipal. Como quien dice, yo los mando y tú les pagas.
¿Cómo la ve?

DESDE EL BALCÓN:

I.-Sería conveniente saber qué actitud asumirán los regidores de H. Matamoros comisionados en seguridad pública con relación a la invalidación del decreto que regresa al menos a Tránsito Local bajo la tutela del Ayuntamiento.
Uno de ellos, IVÁN PUENTE, tiene la palabra, quien, por cierto, es el mismo edil que andaba indagando el destino real del presupuesto de Comunicación Social, pero, extrañamente, bajó el ímpetu de su “investigación”.
Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx

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PALACIO desde Matamoros, Tam

NI el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ni el fiscal Estatal IRVING BARRIOS MOJICA deberían confiar demasiado en el decreto que pretende crear una super fiscalía, que a su vez “blinde” al mandatario una vez que concluya su período constitucional.

Si bien es cierto que la actual legislatura de mayoría simple panista votó a favor, el candado es que solo con mayoría calificada se podría dar reversa a la decisión del Congreso Local.

Sin embargo, sin que necesariamente se requiera de ser un experto en temas jurídicos, la realidad es que la fiscalía es un órgano cuyo objetivo es investigar los delitos y no prevenirlos, tal y como lo considera la reforma constitucional local al incorporar funciones propias de la seguridad pública, bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la bancada morenista en el Congreso de Tamaulipas.

Con la modificación amañada por parte de los diputados serviles al gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, la Fiscalía General de Justicia del Estado tendrá bajo su responsabilidad la Unidad de Inteligencia del Estado (UIFE), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y el Centro de Comando C5.

La controversia constitucional incluye la arbitrariedad que representa la Constancia de No Corrupción que emitirá la “superfiscalìa” para quienes pretendan ser proveedores de diversos servicios al gobierno estatal y, además, la aberración que representa entregar a la iniciativa privada la mayoría de consejeros en la Comisiones de Agua Potable y Alcantarillados (COMAPAS) y Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros (JAyD), privatizándose, prácticamente, los organismos operadores de ese importante servicio urbano.

Por lo pronto, la SCJN solicitó al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas copias certificadas de los documentos que anotan los antecedentes legislativos de la norma impugnada que incluyan dictámenes, actas de sesión, los diarios de debates y el decreto respectivo. Del mismo modo, los ministros de la Corte requirieron al Gobierno del Estado de Tamaulipas el envío de original y copia certificada del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Ante el cercenamiento de sus atribuciones por parte del actual gobierno estatal, el gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA advirtió que agotará todas las instancias legales para revertir esa reforma a la constitución local que acota su obligación de garantizar la seguridad pública de las familias tamaulipecas.

Al respecto, tanto el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DSE VACA como el fiscal general IRVING BARRIOS MOJICA no deberían echar en “saco roto” la suerte final de JORGE WINCKLER ORTÍZ, “fiscal sembrado” al gobernador de Veracruz, CUITLAHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, por parte de su antecesor MIGUEL ÁNGEL YUNES.

WINCKLER ORTÍZ fue destituido en septiembre de 2029 por la mayoría morenista en el Congreso veracruzano al no haber acreditado los exámenes de control y confianza. Posteriormente fue acusado por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

El “ex superfiscal” fue localizado y aprehendido en Puerto Escondido, Oaxaca y puesto a disposición de un juez del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano” en Almoloya de Juárez.

El jefe del Ejecutivo estatal tiene vigente una orden de aprehensión por delitos federales, aunque la acción penal está frenada por la inmunidad procesal que le proporciona el fuero constitucional local que fenece el próximo 30 de septiembre.
Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, IRVING BARRIOS MOJICA, es señalado como una autoridad represora de ciudadanos de buen vivir, empresarios y periodistas, inventando diversos delitos por instrucciones del Gobernador.

Las persecuciones políticas en contra de alcaldes morenistas que no son afines a la política del mandatario GARCÍA CABEZA DE VACA, también son señalamientos en contra del encargado de la procuración de justicia en la esquina noreste de la república mexicana.

BARRIOS MOJICA, durante su paso por la Subsecretaría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada durante el sexenio de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, fue denunciado por fabricarles delitos a elementos de la Policía Federal y a funcionarios estatales y municipales en el estado de Michoacán.
Así que…..no se confíen.

DESDE EL BALCÓN:

I.-Alguien de mayor rango debiera recomendarle al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA que pierde su tiempo y además luce ridículo inaugurando obras municipales de pavimentación. También que, las “selfies”, abrazos, besos y apapachos debieron ser por lo menos hace un año y no en las postrimerías de su sexenio.

Sí, cierto, muy cierto, la sugerencia debiera surgir de una verdadera área de comunicación y difusión y no de una oficina cuyo titular solo mantiene como prioridad cargar la maleta del jefe y ser el director de la orquesta de aplausos en los informes de gobierno y algunos otros actos masivos.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx