La nueva dirigencia de MORENA, con la compañera Ariadna Montiel presidiendo, enfrenta varios retos rumbo al proceso electoral de 2027: garantizar la cohesión interna del Movimiento; consolidar su implante territorial en todo el país; encauzar a sus más de 10 millones de militantes (ningún otro partido en América Latina tiene este padrón de carne y hueso) en Comités Seccionales, Municipales y Estatales, y vincularse orgánicamente con los llamados nuevos electores, que son las juventudes, las clases medias emergentes y algunos sectores empresariales estratégicos que, lejos de salir perjudicados con la política económica de la 4T, resultaron beneficiados y se les toma en cuenta en el diseño e instrumentación de la política económica de la transformación.
En lo inmediato, el Movimiento enfrenta dos desafíos que no debemos minimizar:
1) la mayor embestida política de la derecha internacional contra un gobierno democrático, nacionalista y humanista de izquierda, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum;
2) el riesgo de la infiltración del crimen organizado en las candidaturas del movimiento en los comicios por venir.
La embestida de la derecha internacional tiene que ver con la llamada “doctrina Donroe” o “Escudo de las Américas”, que se apoya en la geopolítica de la seguridad continental para confrontar, perseguir y desplazar a los gobiernos y movimientos nacionalistas de izquierda en América Latina (etiquetándolos como narcoterroristas), a fin de impulsar a gobiernos y candidaturas afines a las posturas del conservadurismo internacional.
Esta embestida, conocida como “golpe blando”, se diseñó en los años noventa del siglo pasado por la CIA, para desestabilizar y minar gobiernos nacionales sin acudir a intervenciones militares directas o golpes de Estado con el uso de tanquetas.
El “neogolpismo” usa mecanismos judiciales (lawfare), mediáticos (redes sociales, sobre todo) y parlamentarios (legalización y exportación de medidas injerencistas para combatir amenazas terroristas), para derrocar a gobiernos o mandatarios(as) popularmente electos.
El lugar de los militares golpistas lo ocupa hoy un comando de Fiscales, Jueces, Policías encubiertos y testigos protegidos, que arman expedientes ad hoc. Algunos ejemplos de este modus operandi son la destitución de Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012), Dilma Rousseff en Brasil (2016), Pedro Castillo en Perú (2022) y Nicolás Maduro en Venezuela (2026).
El manual de Gene Sharp, “De la dictadura a la democracia”, ha sido utilizado en diversas latitudes para derrocar gobiernos sin necesidad de tanquetas. Sus cinco etapas -desde la creación de un clima de malestar hasta el aislamiento internacional del país- parecen haberse aplicado con éxito en varios lares del continente.
En México, sin embargo, el intento ha chocado con una realidad tozuda: la popularidad de la 4T y la capacidad de respuesta de un Movimiento Social Organizado que no depende de medios tradicionales ni cúpulas empresariales para legitimarse, sino de las bases populares.
El lawfare representa una amenaza silenciosa pero letal. Con la colusión entre Jueces o impartidores de justicia, Fiscales y medios de comunicación, se busca construir expedientes mediáticos contra líderes populares, desprestigiarlos y, en el mejor de los casos, encarcelarlos o inhabilitarlos políticamente.
La operación Lava Jato, en Brasil, es un ejemplo paradigmático: lo que empezó como una lucha contra la corrupción acabó en un golpe parlamentario que encarceló a Lula da Silva y allanó el camino para la llegada de Jair Bolsonaro.
Ningún país está exento de riesgos similares, por ello, en México se concretaron las más trascendentales reformas constitucionales en la materia, para dotar al Poder Judicial de una naturaleza democrática y popular, alejándolo de intereses cupulares o de grupo y frenando los privilegios de las élites enquistadas en los tribunales.
La segunda amenaza, la infiltración del crimen organizado, es más determinante que la anterior, porque da paso a la actuación de los “neogolpistas”. Como señaló en su discurso inaugural la nueva presidenta de MORENA, el Movimiento tiene que cerrar el paso, sin titubeos, a las candidaturas del crimen organizado. Este fenómeno es propio de la época del PRIAN, y MORENA debe cortar de tajo con estos perfiles, “aunque ganen encuestas”, como certeramente lo señaló la nueva dirigente del Movimiento.
La respuesta de MORENA ante este doble frente debe ser integral. En primer lugar, hay que fortalecer la narrativa de la Cuarta Transformación frente a los embates mediáticos, usando las conferencias matutinas, redes sociales y plataformas digitales, para contrarrestar la desinformación.
En segundo lugar, blindar los procedimientos internos de selección de candidaturas, para tener procesos transparentes y democráticos y cerrar el paso al crimen organizado. En tercer lugar, construir alianzas estratégicas con sectores empresariales, juveniles y de clase media beneficiarios de la política económica de la 4T, pero que aún no se identifican plenamente con el Movimiento.
MORENA puede y debe seguir gobernando y ganando elecciones sin necesidad de vender su alma al diablo. Así como la 4T logró la hazaña de separar el poder político del poder económico, ahora puede y debe separar el poder político del poder criminal. Sería nuestra mejor defensa de la soberanía, frente a la embestida de la derecha y el conservadurismo internacionales.
No será tarea sencilla, pero es indispensable para consolidar la democracia mexicana y desactivar los argumentos de quienes, desde la derecha nacional e internacional, buscan etiquetar a México como “Estado fallido” o “narco-Estado”.
La soberanía nacional está en juego, y hoy más que nunca se requiere un movimiento cohesionado, transparente y comprometido con los valores democráticos y humanistas que dieron origen a la 4T.
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