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Por: Ricardo Monreal Avila
Han transcurrido cien días desde que inició el presente sexenio, impulsando un cambio sustancial en la administración pública en todos los órdenes de gobierno; pero también hace seis meses que las bases para la Cuarta Transformación fueron fijadas en el Congreso de la Unión, de manera formal.
No se pondría entender la ruptura del paradigma neoliberal en nuestro país, sino a partir del ejercicio democrático del 1 de julio de 2018, que fue la señal inequívoca de la urgencia de cambio, reclamada por la ciudadanía desde hacía largo tiempo.
En el Senado de la República estos primeros seis meses han sido de trabajo intenso. No obstante los retos, a inicios de la LXIV Legislatura el quehacer legislativo al interior de la Cámara Alta se ha dado en un ambiente de concordia y buscando los consensos entre las diferentes fuerzas políticas que se encuentran representadas dentro de la institución. El objetivo principal es dotar a nuestro país de los instrumentos legales que permitan el óptimo desarrollo de la administración pública, teniendo como corolario una serie de beneficios concretos para el grueso de los gobernados.
Nunca antes, el Senado había contado con una legitimidad tan incuestionable (entendida ésta como legalidad, confianza en las instituciones o en atención al origen del poder que se ejerce). Por ello, la Cámara Alta ha asumido la obligación histórica de solventar de manera expedita las propuestas en los temas más urgentes o relevantes, como seguridad, derechos laborales, participación ciudadana, y combate a la corrupción, entre otros. La principal encomienda de todos los senadores y las senadoras que estamos inmersos en este parteaguas de la historia mexicana es no defraudar la confianza que el país depositó en nosotros.
En aras de honrar esa confianza, se implementó el modelo de Parlamento Abierto. El compromiso es hacer que el trabajo legislativo en México sea incluyente y que todas las voces puedan participar en los procesos de reforma o actualización de nuestro marco normativo; los asuntos que aún están sin resolverse en el país son de carácter público, y todos los actores sociales se tienen que involucrar en lo concerniente a la toma de decisiones. Existe voluntad política para escuchar las valiosas aportaciones provenientes de la oposición, de la sociedad civil, personas expertas y de la academia, e incluso de observadores internacionales.
En legislaturas anteriores se llegaron a realizar algunos foros de consulta, que al final resultaron sólo un esfuerzo de legitimación. Recuérdese, por ejemplo, el proceso de discusión en el Senado para la aprobación de la llamada Ley de Seguridad Interior, en la que diversas personas versadas en el tema fueron convocadas para dar sus puntos de vista respecto a las posibles consecuencias que tendría la aprobación de tal ordenamiento: militarización de la seguridad, inconstitucionalidad de las medidas, violaciones a derechos humanos y socavamiento al régimen de libertades.
El resultado fue la aprobación, por amplia mayoría, del ordenamiento, haciendo oídos sordos de las diversas observaciones vertidas con antelación, por lo que se antepusieron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual finalmente declaró a la Ley de Seguridad Interior contraria a los preceptos establecidos en nuestra Constitución Política, invalidándola.
En el Senado de la República sabemos que no se podrá lograr un cambio sustancial en el país, a menos que se dejen de lado las versiones minimalistas de democracia y se apueste por una verdadera pluralidad e inclusión en el proceso de toma de decisiones. El régimen de simulaciones terminó el 1 de julio; las condiciones actuales del país y su entorno en el plano internacional exigen el cambio de paradigma en la actividad legislativa; no se pueden ignorar las exigencias de una ciudadanía cada vez más participativa y con mayor conciencia cívica y política, crítica y pendiente de todo cuanto ocurre en el plano de la administración pública. Todo servidor público debe asumir que la coyuntura histórica demanda un compromiso total con la congruencia.
El planteamiento de una 4T no es de ninguna manera un recurso retórico con tintes electorales; se trata de la articulación de un programa de gobierno prospectado para ejecutarse en el plano inmediato, y cuyos objetivos se materializarán en el mediano plazo. Desde el ámbito legislativo, se está trabajando con seriedad para abrir la participación en la toma de decisiones y convertir al Senado en un espacio transparente, plural e incluyente.
A seis meses de haberse instalado la LXIV Legislatura se puede asegurar que el Poder Legislativo es un órgano del Estado mexicano que ha demostrado su independencia y su capacidad para sacar adelante decisiones consensuadas no sólo por los grupos parlamentarios, sino por la ciudadanía misma. El Senado de la República asume cabalmente su responsabilidad histórica de sentar las bases jurídicas indispensables para la sana conducción del país, entendiendo su rol como institución preeminente dentro de la ingeniería constitucional.
El gobierno federal lleva apenas cien días de acciones, y ciertamente han causado revuelo mediático por la naturaleza misma de las decisiones tomadas. Resulta importante resaltar que la ciudadanía ha aprobado ampliamente muchas de estas acciones, y se percibe en el ambiente un ánimo que hacía mucho no se presentaba al inicio de un sexenio, lo cual se corresponde con los altos niveles de aceptación de la actual administración, que la ubican como una de las más connotadas en este rubro a nivel mundial.
Desde el Senado de la República celebramos los logros que como institución hemos alcanzado hasta la fecha: recursos presupuestales asumidos con responsabilidad; eliminación de privilegios para altos funcionarios; gasto responsable de los recursos otorgados por la Federación y, lo más importante: el consenso político.
Aún hay un camino largo por recorrer para hacer de esta institución un ejemplo de democracia; sin embargo, tenemos la disposición para asumir lo que sea necesario con el objetivo de llevar a buen puerto esta empresa. No obstante, después de seis meses, existen motivos para congratularnos por el desempeño manifestado por la Cámara Alta del Congreso de la Unión.