El día en que la ciudadanía pueda acceder a todos los trámites del Gobierno desde su celular, sin tener que comparecer ante una ventanilla burocrática, será una fecha de liberación, porque el Gobierno estará literalmente en manos ciudadanas, y no como acontece hoy en muchos lugares del mundo, donde la ciudanía está en manos del Gobierno, por la tramitología existente.
Y cuando, además de hacer trámites mínimos, se pueda votar y elegir a todo tipo de autoridades desde un dispositivo electrónico, habrá democracia digital plena, la máxima expresión de la democracia participativa directa.
De la mano de la 4T, la democracia y la ciudadanía digitales cada día están más cerca de ser en México una realidad cotidiana. Este lunes, en el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobamos la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una de las iniciativas más ambiciosas y necesarias de los años recientes, y una reforma estructural que elimina trámites innecesarios y moderniza la relación Estado-ciudadanía.
Por décadas, la tramitología fue sinónimo de abuso, corrupción y frustración. Bastaba con acudir a una ventanilla para encontrar obstáculos disfrazados de requisitos. El papeleo no era un medio de orden, sino un mecanismo para condicionar derechos. Según la ENCIG 2023, más del 83 % de las y los ciudadanos percibe la corrupción como un problema frecuente, especialmente en trámites públicos.
Esa realidad no podía continuar. Por ello, la ley que aprobamos marca un antes y un después en la gestión pública mexicana. Sustituye el desorden por interoperabilidad; la discrecionalidad, por transparencia; el desgaste ciudadano, por un modelo digital, ágil y seguro.
Entre sus innovaciones clave destacan:
Llave MX: herramienta única de autenticación digital vinculada a la CURP, que permite validar identidad sin documentos físicos.
Portal Ciudadano Único, donde convergerán trámites federales, estatales y municipales, eliminando duplicidades y facilitando acceso universal.
Expediente Digital Ciudadano: evitará la repetición innecesaria de documentos ya presentados, reduciendo tiempos, costos y maltrato institucional.
Esta ley no es un simple cambio tecnológico. Es una decisión política que pone fin al “Usted regrese mañana” y establece un nuevo pacto de confianza entre Gobierno y ciudadanía. Un modelo en el cual los derechos no se gestionan con paciencia, sino que se ejercen con dignidad.
Esta nueva ley, orientada a la digitalización, simplificación y modernización administrativa, tendrá múltiples y significativas mejoras, pues agilizará los efectos positivos de la acción pública y ofrecerá beneficios en materia económica, como la reducción de costos para ciudadanía y empresariado: menos tiempo invertido en trámites significa ahorro económico directo.
Con esa reducción de costos se impulsa la productividad nacional. Fuentes como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria calculan que la burocracia excesiva reduce la productividad empresarial entre un 10 y un 30 %.
Un ambiente con menos trabas administrativas incide directamente en mayores niveles de inversión. La simplificación administrativa hace más atractivo a México para inversionistas nacionales y extranjeros. Además, entre menos papeleo físico y procesos redundantes, mayores niveles de ahorro en recursos estatales. Es decir, la eliminación de trámites o papeleos innecesarios produce una reducción considerable en el gasto público corriente.
Los beneficios sociales saltan a la vista con esta legislación innovadora. Con su implementación, se aumenta la inclusión ciudadana, facilitando el acceso a servicios públicos para poblaciones vulnerables o en zonas remotas. La confianza institucional se fortalece mediante procedimientos transparentes y predecibles, los cuales mejoran la relación ciudadanía-Gobierno.
A su vez, se promueve un menor desgaste ciudadano, con la eliminación de filas, múltiples visitas a oficinas y tiempos de espera prolongados. Otro beneficio implícito es la democratización de servicios para toda la ciudadanía, sin importar contactos o influencias.
Los beneficios administrativos no serán menores. Con la interoperabilidad entre dependencias y la integración de bases de datos gubernamentales, para evitar duplicidad de información, se proyectará más eficiencia en la gestión pública, así como procesos más ágiles que permiten atender más trámites con menos recursos.
Otros aspectos positivos son la estandarización de procedimientos, la uniformidad en requisitos y procesos a nivel nacional, la trazabilidad y rendición de cuentas y el seguimiento digital, para facilitar la identificación de responsables y tiempos en cada etapa.
Quizá los beneficios más esperados son los relativos al combate a la corrupción, mediante una menor discrecionalidad, con base en procesos digitalizados que reducen la capacidad de las y los funcionarios o servidores públicos para alterar procedimientos. En el mismo tenor, la información clara y pública sobre lo que realmente se necesita para cada trámite ayudará a la transparencia en requisitos y costos.
Esto último generará un contacto directo ciudadanía-sistema, reduciendo las oportunidades de sobornos o pagos extraoficiales, mediante la eliminación de intermediarios. Simultáneamente, se dará paso a una especie de Auditoría Digital permanente, a través de sistemas que permitan monitoreo constante de tiempos, responsables y resoluciones.
La digitalización no es sólo eficiencia, es justicia social.
Significa acercar servicios a las comunidades más alejadas, liberar a emprendedores de cargas innecesarias, facilitar el acceso a derechos a personas con discapacidad y romper con las inercias del poder burocrático.
La reforma refuerza la soberanía tecnológica de la nación, al apostar por plataformas públicas, seguras, desarrolladas por talento nacional y protegidas bajo principios de interés público.
La transformación del aparato gubernamental no es inmediata ni automática. Exigirá coordinación, voluntad y disciplina institucional. Pero el rumbo ya está trazado: un Estado más ágil, transparente y confiable, que deja atrás los muros de papel y tiende puentes digitales hacia un nuevo horizonte de derechos.
Con esta ley, México entra de lleno al siglo XXI administrativo. Dejamos atrás la opacidad del trámite y damos paso a una nueva era: la de la ciudadanía digital, el Gobierno abierto y la democracia sin barreras para todas y todos.
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