La ministra Lenia Batres Guadarrama abandonó este miércoles la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte, tras ser declarada impedida para conocer y votar un amparo del empresario Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que le requiere información bancaria.
Durante la sesión previa a la pública, una mayoría de cuatro ministros determinó legal el impedimento solicitado por Salinas Pliego, lo que provocó la salida de Batres Guadarrama del recinto, y además no se presentó a la sesión pública de la Segunda Sala, en la que los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ratificaron su voto a favor del impedimento.
Tras resolver dos asuntos, incluido el impedimento, la Segunda Sala de la Corte suspendió la sesión pública de este miércoles por falta de quórum.
“En la sesión privada de esta Segunda Sala inició hoy 12 de marzo a las 11:42 minutos, aprobándose con la presencia de la ministra Batres en esa sesión privada, distintos puntos de acuerdo de la Segunda Sala; sin embargo, aproximadamente a las 12:25 minutos, la ministra Batres se retiró de la sesión, por lo que no existe quórum suficiente para llevar a cabo esta sesión pública”, señaló la secretaria de la Segunda Sala.
Ante ello, el presidente de la Segunda Sala de la Corte, Javier Laynez Potisek, procedió a levantar la sesión pública.
A través de un mensaje en la red social X, la ministra Lenia Batres Guadarrama confirmó que se retiró la sesión de la Segunda Sala, “ante la intención de sus integrantes de declararme impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para requerir información bancaria del señor Ricardo Salinas Pliego”.
Batres Guadarrama puntualizó que se retiró “ante la abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”
Dijo que en un comunicado que circulará más tarde explicará a detalle las violaciones y las razones por las que “se trata de un acto de sometimiento y complicidad de integrantes del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país a los intereses ilegítimos de los poderes fácticos”.
Con información de El Universal Online