La serie de presiones políticas, económicas y sociales que se presentaron desde el comienzo de la administración de José López Portillo, quien fue el único aspirante a la Presidencia de la República que se registró en 1976, propiciaron la gran reforma político-electoral de 1977, que sentó las bases para configurar nuestro sistema de representación política e institucionalizó la participación de los partidos de oposición.
A partir de la debacle financiera que se vivió al final de aquella administración, resultado del aumento constante en las tasas de interés de la deuda externa y del desplome de los precios del petróleo, el modelo de política económica cambió por la presión externa de las instituciones financieras internacionales, lo que condicionó la participación del Estado en la economía y dio paso a la aplicación de “grandes reformas estructurales”.
Si bien la reforma política de 1977 planteó cambios para abrir el sistema político, ante las constantes presiones y tensiones de parte de los diferentes grupos inconformes con el régimen, no fue posible realizar una transformación profunda. Estas limitaciones institucionales fueron el marco de la crisis política de 1988.
Su rasgo característico fue la falta de transparencia en los comicios para elegir al presidente de la República, lo que dio lugar a múltiples señalamientos de fraude y la exigencia de atender los pendientes democráticos del régimen: terminar con la discrecionalidad en la organización de las elecciones; con la abrumadora presencia mediática de los candidatos del partido oficial, y con la sujeción casi absoluta del Poder Judicial y el Poder Legislativo al Ejecutivo. Igualmente, se puso de manifiesto la falta de credibilidad social en las instituciones, a causa de la rampante corrupción.
En consecuencia, se llevaron a cabo reformas electorales, a partir de 1989, las cuales dieron pie a un nuevo marco legal y a la constitución de un árbitro electoral autónomo: el Instituto Federal Electoral (IFE).
La reforma de 1994 buscó generar confianza reestructurando el órgano de gobierno del Instituto, quitando el voto a los partidos y otorgando la designación de Consejeros Ciudadanos a la Cámara de Diputados; también se crearon materiales electorales más confiables y se fortalecieron los ejercicios de vigilancia electoral. Asimismo, se elevó la conformación del Senado de la República, de 64 a 128 integrantes.
La reforma de 1996 se concentró en el financiamiento para garantizar condiciones de equidad en las contiendas electorales y constituyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2007, se incluyó la administración de los tiempos oficiales; la prohibición de campañas negativas en medios electrónicos y la contratación de propaganda en radio y televisión por parte de partidos políticos y de terceros; medidas cautelares para suspender o retirar mensajes o spots en medios, y el recuento de votos, para el caso de elecciones cerradas.
En la reforma constitucional de 2012 se contempló la figura de candidaturas independientes; se amplió el derecho a la presentación de Iniciativas legislativas y se estableció la posibilidad de promover Consultas Populares. La reforma de 2013 permitió la introducción de Candidaturas Independientes en los procesos locales tanto de las entidades federativas como del Distrito Federal.
Las reformas más recientes de 2014 buscaron modernizar las instituciones del régimen político, atendiendo las demandas de un mayor equilibrio entre Poderes. La transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral, INE, lo facultó para organizar comicios locales, con criterios y prácticas de orden federal, para conducir el recuento de votos y para ampliar los criterios de nulidad de elecciones.
También se estableció la obligación de cumplir con la paridad de género en las candidaturas; el fortalecimiento de las candidaturas independientes y de la fiscalización electoral; cambios sustanciales en el modelo de comunicación política; coordinación en materia de inteligencia financiera; nuevas reglas para el financiamiento privado; fomento del voto de connacionales residentes en el extranjero, así como distintas atribuciones para incidir en materia de justicia intrapartidaria y elecciones internas de partidos políticos.
Ahora mismo, las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión están por debatir la propuesta de reforma electoral presentada por el Ejecutivo federal.
De antemano, se perfilan Iniciativas o proposiciones relacionadas con la necesidad de fortalecer las instituciones de representación política; sanear los vicios partidistas; garantizar la objetividad e imparcialidad de los árbitros del sistema electoral y la consigna de reducir considerablemente los costos asociados a los comicios.
Finalmente, del análisis serio y responsable de los puntos que considera la propuesta del Ejecutivo, se puede señalar que no está dirigida contra la autoridad electoral en particular, sino contra la partidocracia.
Como lo reconoció la propia encuesta del INE, la mayoría ciudadana no quiere la destrucción, pero sí la transformación y evolución de nuestro sistema electoral.
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