Por: Ricardo Monreal Avila
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Se ha cumplido un año desde que el gobierno de la 4T inició; dados los resultados, se puede hacer un balance positivo no sólo de la pertinente actuación del Ejecutivo federal, sino del papel que ha desempeñado la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 15 meses después de haber comenzado sus actividades.
El quehacer legislativo, traducido en la aprobación de los más variados dictámenes, no sólo ha tenido un carácter crítico, sino, además, incluyente y plural, en el que se han tomado en cuenta las diversas aportaciones u observaciones de todos los grupos parlamentarios, particularmente en el Senado de la República.
En comparación con las legislaturas pasadas, se puede apreciar una notable diferencia en relación con las agendas legislativas prospectadas. Al inicio de la administración anterior, las dirigencias de los partidos políticos mayoritarios llegaron a un acuerdo con el entonces presidente de la República para impulsar en ambas Cámaras del Congreso General un paquete de reformas constitucionales, en el contexto del mal llamado “Pacto por México”, para estimular un programa de gobierno que significó una traición de la confianza y los intereses ciudadanos.
Ese pacto cupular permitió que en el Congreso se aprobaran diversas reformas de gran impacto social, como la educativa, la fiscal y la energética, las cuales fueron consensuadas por la élite política y económica de aquel momento. Todo ello tuvo un carácter eminentemente impopular y altamente neoliberal, que mermó la economía de las familias y representó uno de los puntos nodales sobre los que descansó el constante repudio social hacia la pasada administración.
A pesar de los constantes señalamientos hechos desde la oposición para alertar sobre las graves consecuencias que la aprobación de esas reformas tendrían sobre la ciudadanía, el Congreso decidió asumir un papel al servicio de los deseos presidenciales.
Esto último ha sido proscrito de la actividad legislativa de la 4T. Lo que se ha privilegiado en los trabajos parlamentarios de la Cámara Alta es un esquema de Parlamento Abierto, para darle a la legislación un carácter popular que atienda las demandas legítimas de la ciudadanía. Asimismo, se tiene muy claro que dentro del Congreso se deben atender las apreciaciones, críticas, observaciones, sugerencias y comentarios de todos los sectores de la sociedad, para fortalecer el ejercicio democrático en México.
En esta LXIV Legislatura, el Senado de la República se ha impulsado con mucho ímpetu la cultura de la legalidad y la construcción de una ciudadanía participativa y activa, para dar voz y escuchar a los diferentes segmentos de la sociedad civil, cuyas apreciaciones y aportaciones dentro del proceso legislativo han sido valiosas y han dotado a las modificaciones o reformas constitucionales y legales de un carácter mucho más integral, respondiendo a las verdaderas necesidades sociales y alejando, en mayor medida, el trabajo parlamentario del oportunismo político.
El contexto social actual nos constriñe para generar una mayor apertura política y darle mayores cauces a la participación ciudadana dentro de la actividad legislativa; la época en que la actividad política y parlamentaria se entendía reservada exclusivamente para las élites partidistas y económicas llegó a su fin desde el mismo primero de julio de 2018.
De esta manera, el Poder Legislativo ha aprobado leyes y reformas de gran trascendencia en los últimos quince meses de trabajo parlamentario; destacan las concernientes al combate a la corrupción; la ley de austeridad republicana; las relativas a la extinción de dominio; los cambios al artículo 28 constitucional, para consignar la prohibición expresa de la devolución de impuestos por decreto presidencial; la tipificación de la evasión fiscal, el robo de combustibles y el fraude electoral como delitos graves; la eliminación del fuero presidencial; la revocación de mandato y la consulta popular; las reformas laborales que abren la puerta a la democratización de los sindicatos; las modificaciones a la Ley General de Salud, para brindar atención médica de calidad a toda la población y garantizar medicamentos gratuitos.
Por otra parte, vale la pena mencionar lo concerniente al tema de seguridad: el Congreso mexicano aprobó oportunamente las reformas constitucionales y legales que hoy representan un nuevo paradigma en la materia, e incluyen, entre otros elementos, la institucionalización de la Guardia Nacional.
La aprobación de estas reformas, por unanimidad, fue un logro de todas las fuerzas políticas, de personas expertas y de la sociedad civil; el proceso de dictaminación fue un ejemplo de democracia participativa.
Si las reformas constitucionales y legales llevadas a cabo por la LXIV Legislatura fueran sometidas a un referéndum, gozarían totalmente del apoyo popular en las urnas, por lo que se puede afirmar que el trabajo dentro del Congreso no sólo es legal, sino legítimo.
Las y los legisladores de la 4T tenemos la consigna de trabajar por el beneficio de la población en general; por ello, ninguna de las reformas aprobadas ha tenido como propósito favorecer los negocios privados, entregar nuestros recursos naturales o permitir la pauperización de la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos a través de medidas impopulares como los “gasolinazos”.
Tal es la razón por la que, a pesar de los constantes ataques, críticas y de las intensas campañas negras y de desprestigio auspiciadas por el conservadurismo, la ciudadanía respalda ampliamente las propuestas y las acciones de los promotores de la Cuarta Transformación. No es casualidad que el actual titular del Ejecutivo sea el Presidente mejor evaluado en la historia reciente de nuestro país.