Columna de Hierro
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CUERNAVACA, MOR. 18 09 2026.- A Margarita González Saravia le explotó la bomba durante su mandato, pero no fue ella quien encendió la mecha.
La violencia que hoy sacude a Morelos comenzó a engendrarse hace casi medio siglo, entre abusos del poder, corrupción política, corporaciones policiacas vulnerables, impunidad, pobreza, falta de oportunidades y, finalmente, la llegada de organizaciones criminales cada vez más poderosas.
Sería fácil responsabilizar solamente al gobierno actual.
Y sería históricamente falso.
Antes de Margarita estuvieron Cuauhtémoc Blanco, Graco Ramírez, Marco Adame, Sergio Estrada Cajigal y Jorge Carrillo Olea. Y antes todavía, Antonio Riva Palacio y Lauro Ortega.
Ocho gobiernos. Casi medio siglo. Distintas formas de violencia.
Porque Morelos no ha padecido una sola violencia.
Ha padecido muchas.
Durante los años 80 fueron particularmente visibles la violencia política, los cacicazgos, los abusos policiacos y episodios que dejaron una profunda huella en la vida pública morelense.
En el gobierno de Antonio Riva Palacio apareció uno de los capítulos más oscuros: la División de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, encabezada por Apolo Bernabé Ríos.
La desaparición en diciembre de 1988 del luchador social José Ramón García Gómez, terminaría provocando investigaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Años después, Bernabé Ríos fue procesado por ese caso.
Pero aquello solamente era una de las formas que adoptaría la violencia.
Después llegaron con mayor fuerza los secuestros y la extorsión.
Y entonces apareció Jorge Carrillo Olea.
En 1998, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó una crisis que incluía secuestros, homicidios, desaparición, tortura, cohecho, abuso de autoridad e irregularidades ministeriales.
Lo aterrador era que los señalamientos alcanzaban precisamente a integrantes de las instituciones encargadas de combatir a los delincuentes.
El crimen comenzaba a ganar cuando conseguía penetrar las estructuras que debían combatirlo.
Cambió el gobernador.
Cambió el Partido.
El problema sobrevivió.
Durante la administración de Sergio Estrada Cajigal, la PGR detuvo en 2004 a José Agustín Montiel López, quien había encabezado la Policía Ministerial de Morelos, acusado de brindar protección a integrantes del Cartel de Juárez.
Cinco años después volvió a encenderse la alarma.
Durante el gobierno de Marco Adame, la PGR investigó a altos mandos de seguridad por presunta protección a la organización de los Beltrán Leyva.
Y entonces Morelos entró definitivamente en otra etapa.
LLEGARON LOS GRANDES
Arturo Beltrán Leyva murió en diciembre de 2009 durante un operativo de la Marina en Cuernavaca.
Pero la muerte de un capo no acabó con el negocio.
La organización se fragmentó. Surgieron células, alianzas, enemigos y nuevos grupos.
Morelos dejó de enfrentarse solamente a bandas locales —que tampoco «cantaban mal las rancheras»— para convertirse en territorio disputado por organizaciones regionales y nacionales con mucho mayor poder económico y de fuego.
Y la geografía hizo el resto.
Guerrero al sur.
Estado de México al poniente.
Puebla al oriente.
Ciudad de México al norte.
Morelos es pequeño, está extraordinariamente comunicado y puede convertirse en corredor, refugio, mercado y territorio de disputa.
La delincuencia local comenzó a mezclarse con la regional y ésta con el gran crimen organizado.
LA POBREZA TAMBIÉN CUENTA
Pero echarle toda la culpa a los narcotraficantes sería demasiado sencillo.
Hay una parte de esta historia de la que casi nunca hablamos cuando discutimos seguridad: ¡la economía!
Morelos nunca consiguió consolidar una industrialización de las dimensiones necesarias para transformar estructuralmente su economía.
CIVAC fue durante décadas una gran esperanza y Nissan uno de sus símbolos. Permanecen empresas importantes, actividades industriales, los ingenios de Casasano y Zacatepec, el arroz y otros productos agrícolas.
Pero es insuficiente.
Morelos aporta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto nacional y una enorme proporción de sus trabajadores permanece en la informalidad.
Que quede perfectamente claro:
ser pobre no convierte a nadie en delincuente.
Pero la falta de empleo digno, educación, oportunidades y movilidad social sí genera condiciones que las organizaciones criminales pueden aprovechar para reclutar jóvenes.
El crimen ofrece dinero inmediato donde la economía formal muchas veces ofrece poco.
Y ahí comienza otra batalla.
¿CON QUÉ POLICÍA LOS COMBATIMOS?
Durante décadas hemos pretendido enfrentar organizaciones multimillonarias, fuertemente armadas, comunicadas y organizadas con Corporaciones Municipales que frecuentemente padecen carencias de personal, capacitación, salarios y equipamiento.
El delincuente dispone entonces de dos armas adicionales:
dinero y miedo.
Puede intentar comprar al Policía.
Y si no puede comprarlo, puede amenazarlo.
Si consigue corromper al Mando, obtiene algo todavía más valioso:
información.
Sabe quién lo investiga.
Sabe cuándo llegará el operativo.
Sabe quién denunció.
Y sabe hasta dónde puede llegar.
Entonces el Estado comienza a combatir al crimen con una mano mientras alguien desde dentro puede estar amarrándole la otra.
LA CORRUPCIÓN NO TERMINA EN LA PATRULLA
Éste es quizá el punto más delicado.
Durante mucho tiempo resultó cómodo responsabilizar al Policía.
Pero el problema puede subir por la escalera del poder.
Comandantes.
Funcionarios.
Ayuntamientos.
Representantes populares.
Estructuras políticas.
Cada responsabilidad individual debe demostrarse y nadie puede ser declarado culpable por simple sospecha.
Pero los expedientes recientes obligan a formular la pregunta.
En mayo de 2026, la Fiscalía General de la República informó que sus investigaciones habían identificado presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos.
Eso cambia completamente la dimensión del problema.
Ya no hablamos solamente del delincuente comprando al Policía de la esquina.
Hablamos del riesgo de que organizaciones criminales intenten penetrar estructuras de gobierno.
Porque cuando el crimen entra al poder ya no necesita esconderse del Estado: intenta utilizar una parte del Estado.
LA VIOLENCIA CAMBIÓ DE ROSTRO
Y ésta quizá sea la explicación histórica que estábamos buscando.
Primero conocimos violencia política y abusos del poder.
Después secuestro y extorsión.
Luego Policías involucrados en actividades criminales.
Más tarde llegó el narcotráfico.
Después los grandes Cárteles.
Luego su fragmentación.
Y finalmente bandas locales, células regionales y organizaciones nacionales comenzaron a disputar simultáneamente territorios y mercados.
Los delincuentes cambiaron.
Los negocios cambiaron.
Las armas cambiaron.
Los gobiernos cambiaron.
Pero Morelos nunca terminó de resolver una forma de violencia cuando ya estaba naciendo la siguiente.
Y LA BOMBA LE EXPLOTÓ A MARGARITA
Margarita González Saravia recibió esa acumulación histórica.
Eso no significa eximir a su gobierno.
Gobernar significa hacerse responsable del presente, independientemente de quién haya construido el problema.
También debe reconocerse un dato: el gobierno federal informó en Julio que el promedio diario de homicidios dolosos en Morelos había disminuído 54 por ciento respecto de septiembre de 2024.
Es importante.
Pero no suficiente.
Porque mientras disminuye una estadística, episodios de enorme impacto continúan alimentando entre los ciudadanos una percepción brutal de inseguridad.
Y porque casi medio siglo de deterioro no puede repararse solamente comprando patrullas, cambiando Secretarios o realizando operativos.
EL CÍRCULO PERVERSO
Una economía insuficiente genera pocas oportunidades.
La falta de oportunidades facilita el reclutamiento criminal.
El crimen genera violencia.
La violencia ahuyenta inversión.
La falta de inversión reduce nuevamente las oportunidades.
Mientras tanto, el dinero criminal intenta comprar Policías y autoridades.
La corrupción genera impunidad.
La impunidad fortalece al delincuente.
Y el delincuente fortalecido produce todavía más violencia.
El círculo vuelve a comenzar.
Por eso la Seguridad también se construye con fábricas, inversión, escuelas, empleos dignos, Policías profesionales, Ministerios Públicos capaces, Fiscalías eficaces, Jueces independientes y Gobiernos honestos.
Y castigando al funcionario que se venda.
Sea quien sea, y pertenezca al Partido que pertenezca.
¿CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ?
Llegamos poco a poco.
Un Policía corrompido.
Un funcionario que volteó hacia otro lado.
Una investigación archivada.
Una fábrica que nunca llegó.
Un empleo que nunca se creó.
Una banda que nadie detuvo.
Un territorio que otro grupo ocupó.
Y otro.
Y otro.
Hasta convertir pequeñas grietas en una enorme fractura.
Por eso el desafío de Margarita González Saravia no consiste solamente en bajar las cifras del próximo mes.
Consiste en comenzar a desmontar un mecanismo que Morelos lleva casi medio siglo construyendo.
Porque después de ocho gobiernos la pregunta ya no puede limitarse a quién ocupa la Gubernatura o quién dirige la Secretaría de Seguridad.
La pregunta verdaderamente inquietante es otra: ¿El crimen organizado invadió Morelos… o encontró un Estado que durante casi medio siglo fue dejando abiertas las puertas?
(Y voy por más). eusebiogimeno@gmail.com