México vive tiempos peligrosos. No solamente por la violencia criminal que desangra regiones enteras del país, sino por otra amenaza igual de corrosiva: la normalización de la sospecha como instrumento de demolición política.
Hoy el nombre de Margarita González Saravia aparece envuelto en señalamientos publicados en medios nacionales que sugieren presuntos vínculos entre su campaña y dinero de procedencia ilícita.
El tema, por supuesto, sacude a Morelos.
Y sacude porque ocurre en medio de un ambiente nacional intoxicado por el escándalo de Sinaloa, por las declaraciones que emergen desde cortes estadounidenses y por la narrativa cada vez más agresiva que intenta presentar a México entero como un país capturado por el crimen organizado.
Pero precisamente por eso debemos actuar con enorme responsabilidad política y periodística.
Porque una democracia seria no puede sustituir las pruebas con insinuaciones ni los expedientes judiciales con columnas incendiarias.
Hasta este momento, no existe una resolución judicial, una carpeta pública concluyente ni una prueba plenamente acreditada que permita afirmar categóricamente que la gobernadora de Morelos recibió financiamiento criminal. Y en un Estado de Derecho esa diferencia importa. Importa mucho.
De lo contrario, entraríamos al terreno pantanoso donde cualquier adversario puede ser destruido simplemente sembrando sospechas en la opinión pública. Hoy sería Margarita. Mañana podría ser cualquier Gobernador, cualquier Alcalde, cualquier dirigente opositor o incluso cualquier ciudadano incómodo para el poder político o económico.
México no puede convertirse en una República de linchamientos mediáticos.
Eso no significa cerrar los ojos. Al contrario. Toda figura pública, especialmente quien gobierna un Estado, está obligada a soportar el escrutinio más severo.
La transparencia del financiamiento electoral debe ser absoluta.
Si existen indicios reales, deben investigarse hasta las últimas consecuencias. Sin privilegios. Sin pactos de impunidad. Sin blindajes partidistas.
Pero tampoco debemos aceptar que la calumnia se disfrace de justicia.
Hay que decirlo con claridad patriótica: hoy existe una disputa internacional y narrativa alrededor de México. Desde tribunales de New York City hasta sectores políticos y mediáticos, se construye la percepción de que el crimen organizado penetró todas las estructuras nacionales.
Algunas acusaciones tienen sustento; otras forman parte de una guerra política, geopolítica y mediática donde la sospecha se usa como proyectil de desgaste.
Y en ese contexto, Morena y sus gobiernos están bajo fuego permanente.
La oposición busca instalar la idea de que la llamada Cuarta Transformación terminó infiltrada por poderes criminales.
Mientras tanto, el oficialismo responde denunciando campañas negras y operaciones de desestabilización.
En medio de ese choque brutal, la sociedad mexicana corre el riesgo de quedar atrapada entre dos fanatismos: el encubrimiento automático y la condena automática.
Ninguno sirve a la República.
Porque si algo necesita México en esta hora amarga es fortalecer sus instituciones, no destruirlas.
Necesita investigaciones serias, no rumores convertidos en sentencia. Necesita justicia verdadera, no espectáculos de escarnio público.
La Patria no se defiende ocultando delitos, pero tampoco permitiendo que la honra de las personas quede a merced de intereses políticos, filtraciones anónimas o campañas de demolición.
El desafío de fondo es mucho mayor que un nombre o un partido.
El verdadero reto nacional consiste en impedir que el miedo, la polarización y la desconfianza terminen por devorar completamente la credibilidad pública.
Y esa batalla —la batalla por la verdad y por la República— también se libra en la responsabilidad con que hablamos, escribimos y juzgamos.
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