Exigir nacionalidad mexicana, única y exclusiva, a quien aspire a encabezar la Presidencia de la República, la Gubernatura de un Estado o la Jefatura de Gobierno de la CDMX busca proteger la condición esencial sin la cual no existiría un Estado Nación o una Entidad Federativa: la Soberanía Territorial.
Si la Soberanía, por definición, es única, indivisible e incompartible (tanto territorial como funcionalmente), quien la represente deberá tener, como autoridad, los mismos atributos del cargo.
¿Una persona con doble nacionalidad puede entrar en conflicto de interés al ejercer esos cargos ejecutivos? Sí, con conflictos tanto jurídicos -el ius sanguinis (“derecho de sangre”) versus el ius soli (“derecho de suelo”)- como psicológicos o de doble personalidad.
Un arquetipo de lo último. “Soy Xavier Santa Anna Johnson de Zavala, gobernador con doble nacionalidad de un Estado fronterizo mexicano con un problema de inseguridad en mi entidad. El 20 por ciento de la población también tiene doble nacionalidad (en gran medida, por ellos gané la elección). Mi presupuesto y mis fuerzas de seguridad no me alcanzan. El Gobierno federal de mi primera nacionalidad me apoya, pero la ayuda no basta y el problema amenaza con rebasarme.
El Gobierno de mi segunda nacionalidad es más fuerte, cuenta con más personal, tecnología y armamento, y me ofrece a sus Goodboys para combatir en 15 días a mis Badboys. Hay un problema: por la soberanía y la Constitución Política se requiere autorización especial del Congreso, que parece imposible de obtener y me dejaría mal parado, pues evidenciaría que no puedo con el problema y sería considerado traidor a la Patria, es decir, mi muerte política.
¿Qué hago? Mi Yo Nacional Uno, reflexivo y ecuánime, me pide seguir solicitando al Gobierno de mi primera nacionalidad intervenir con más rapidez y asertividad, pero en mis noches de insomnio, Mi Yo Nacional Bis me aconseja saltarme las trancas, aceptar la ayuda de los Goodboys, aunque de manera encubierta, porque si se descubre que transgredo la Constitución de mi nacionalidad uno acabará mi carrera y terminaré en la cárcel2.
-“No te preocupes,- me dice al oído Mi Yo Nacional Bis- si te cachan, yo te defiendo y protejo. En tu segunda nación es más fuerte el ius soli que el ius sanguinis, así que, como ciudadano de acá, tendrás más derechos que como autoridad allá. Los derechos civiles de tu segunda nacionalidad están por encima de tus responsabilidades públicas… Allá serás traidor, pero acá serás un héroe”.
Santa Anna pasó a la historia como traidor a la Patria, al ceder el 55 por ciento del territorio nacional en 1848. No tenía doble nacionalidad, pero, de haberla tenido, allá sería un héroe conquistador, tras ampliar en un tercio el actual territorio continental de la Unión Americana.
Santa Anna no estaba solo. Muchos gobernadores separatistas lo acompañaron, tanto en Centroamérica como en proyectos para crear la República de Yucatán en el sureste o la República del Río Grande en el noreste. Por eso la Iniciativa de renunciar a la doble nacionalidad incluye también a quienes aspiren a Gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Ante esto, cabe preguntar: ¿es la doble nacionalidad, per se, una amenaza a la Soberanía? Responder exige distinguir el plano simbólico del jurídico-operativo y reconocer que la Iniciativa presidencial no es un capricho, es un ajuste a una ambigüedad constitucional explotada durante décadas.
Tras la reforma de 1997, la Constitución mexicana reconoció la plurinacionalidad como derecho civil para proteger a la diáspora. Pero nunca se precisó si éste debía ceder ante el derecho político de acceder a cargos de máxima responsabilidad ejecutiva.
La actual propuesta presidencial cubre ese vacío con una regla clara: quien aspire al Ejecutivo federal o local debe acreditar nacionalidad única mexicana antes del registro. Esto es una delimitación de esferas y no una expulsión o degradación.
Es falaz afirmar que tal medida podría vulnerar los derechos humanos. El derecho a ser votada o votado no es absoluto; exige requisitos constitucionales según el cargo. La edad mínima, la residencia efectiva y la ausencia de antecedentes penales ya son filtros legítimos.
Exigir lealtad exclusiva a quien custodie la soberanía nacional equivale ontológicamente a exigir que una persona juzgadora no tenga conflicto de interés en un caso.
La doble nacionalidad no es una sospecha de deslealtad automática, pero puede generar tensiones reales cuando quien ostente la titularidad del Ejecutivo deba decidir entre los intereses de dos Estados, de los que se considera ciudadana o ciudadano simultáneamente.
Recuérdese a Ricardo Maduro en Honduras, quien por derecho de sangre o de suelo detentaba varias nacionalidades.
Esto generó debates sobre la necesidad de garantizar la Soberanía Nacional a expensas de los requisitos constitucionales para tener una candidatura. Finalmente, a principios de este milenio fue habilitado para la Presidencia por una Comisión de Juristas.
Casos como ese confirman los argumentos de la iniciativa presidencial: Honduras tuvo que crear una Comisión ad hoc, pues la Constitución no resolvía por completo el conflicto de interés. México, en cambio, busca legislar ex ante para evitar la discrecionalidad interpretativa que, en casos como el citado, alimentó la polémica.
El fantasma de Santa Anna no es una hipérbole. La historia mexicana está plagada de gobernadores y militares que, con lealtades divididas, facilitaron la pérdida de territorio o su fragmentación. Recordar, por ejemplo, a los polkos o los neo-polkos en este artículo no es decorativo, recuerda qué ocurre cuando quienes ejercen autoridad operan con una brújula moral ajena al Pacto Federal.
La Iniciativa tampoco es un experimento aislado. Países como Estados Unidos, Francia, Perú y Pakistán reservan la Jefatura del Estado a ciudadanía sin doble nacionalidad. México no inventa una excepción; se alinea con una práctica común en naciones que toman en serio la unidad de mando en la cúspide del poder.
El debate es si México puede permitirse la ambigüedad en los cargos que definen la gestión de recursos públicos, la política exterior, la seguridad nacional y la integridad territorial, no si debe revisar el alcance de los derechos de las personas binacionales.
La historia y el derecho comparado sugieren una respuesta clara.
La soberanía, se insiste, es única e indivisible. Quien la represente, también debería serlo.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
X: @RicardoMonrealA