Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México a lo largo de su historia han estado marcadas por grandes tensiones; se han vivido episodios preocupantes, y en otros momentos se ha apostado por la cooperación.
La tarea de los gobiernos mexicanos ha implicado redoblar esfuerzos para buscar los acuerdos más provechosos y manejar las presiones que puedan provenir de Washington, atendiendo a las vicisitudes por las que ha atravesado históricamente la relación bilateral.
En el siglo XIX, por ejemplo, el expansionismo estadounidense justificó la invasión militar a México y arrebató grandes extensiones de suelo perteneciente a nuestra nación, aprovechando la confusión y la división que prevalecía en el territorio desde su independencia.
El demócrata James Knox Polk, úndécimo presidente de la Unión Americana, ordenó la invasión en el verano de 1846; dos años después, aprobó la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, con el que se acordó la anexión a aquel país de poco más de la mitad del entonces territorio mexicano.
En 1913, William Howard Taft, presidente estadounidense número 27 y representante del ala republicana, alentó y participó directamente en el acto de intervencionismo más artero del cual haya memoria entre las dos naciones: la deposición y el posterior asesinato del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Francisco I. Madero.
Los planes y acuerdos a los cuales llegaron el usurpador Victoriano Huerta y los opositores del gobierno emanado de la Revolución mexicana en la representación estadounidense en nuestro país fueron notificados debidamente a Taft por parte del embajador Heny Lane Wilson. La ignominia que significó la Decena Trágica fue consecuencia directa de la conspiración y del intervencionismo del país del norte.
En 1938, Franklin Delano Roosevelt, del Partido Demócrata y presidente número 32 de los Estados Unidos, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial apoyó sin miramientos la expropiación petrolera llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas, aun cuando esta decisión afectaba de manera importante a inversionistas de su país. Seguramente, la tensión generalizada por el latente expansionismo y la beligerancia de los países del Eje tuvo mucha injerencia en aquella aceptación.
Recuérdense también el patrocinio y la activa participación del republicano George H. W. Bush —presidente número 41 de EUA — en la planeación, el desarrollo y la firma del Tratado de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte, el cual entró en vigor en enero de 1994 y estuvo vigente hasta hace un par de años.
La frase: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”, atribuida a Porfirio Díaz —y también a Nemesio García Naranjo— retrata perfectamente la dificultad política y el reto que significa para los gobiernos de nuestro país mantener los canales de cooperación y de diálogo con el vecino del norte y, al mismo tiempo, lidiar con sus ánimos expansionistas o imperialistas.
Augurar el posible comportamiento diplomático de la nación que ha mantenido la mayor hegemonía en la región y que durante las últimas décadas ha detentado el lugar de primera potencia a escala global encierra un gran desafío.
En fechas recientes, nuestro país ha tenido que sortear de la mejor manera la presión de los últimos gobiernos de la Unión Americana. El republicano Donald Trump, desde su campaña electoral de 2016, adoptó un tono amenazante que comprometió las relaciones diplomáticas bilaterales.
Sus temerarias declaraciones no sólo en contra de México, sino también de otros países de América Latina por la expulsión constante de migrantes con dirección a suelo estadounidense en busca de mejores condiciones de vida encendieron algunas alarmas en la región.
La redacción y la aprobación del T-MEC, el nuevo tratado comercial entre los tres países de Norteamérica, fue una dura prueba diplomática para México, toda vez que el exmandatario estadounidense pretendía dar cauce a su singular política migratoria, forzando a nuestro país a endurecer sus fronteras, so pena de no ratificar el acuerdo o gravar con la imposición de nuevos aranceles a productos enviados a la Unión Americana, lo cual generó una notable tensión entre los dos gobiernos.
Las autoridades mexicanas lidiaron con las ofensivas de la administración del expresidente estadounidense; se consiguieron sortear de la mejor manera las amenazas y se alcanzaron los acuerdos necesarios entre ambos países. Las tensiones, aunque crecieron merced al proceso electoral de la nación vecina, pudieron llegar a un punto de relajación.
Por otro lado, a pesar de que el actual gobierno demócrata no hace mucho que se asentó en la Casa Blanca, se vislumbra una menor aspereza diplomática, lo que no se traduce necesariamente en menor intensidad. Hay señales claras que apuntan a la pretensión de que el gobierno mexicano cumpla con lo que en Washington se prioriza.
El gobierno estadounidense ha puesto las cartas sobre la mesa para lograr los objetivos propuestos en su agenda para estos cuatro años: si México quiere contar con un mayor número de vacunas en el contexto de la actual pandemia, tiene que endurecer la vigilancia en su frontera sur; para acceder a una mayor inversión privada, nuestro país debe capturar a más capos de la droga; si nuestra nación procura una mayor apertura en el sector energético, quizá nuestro vecino del norte regularice a más trabajadores, y para que haya más productos mexicanos en el mercado estadounidense, se tiene que permitir el acceso de inspectores de la Unión Americana en nuestras fábricas.
El actual gobierno de la Casa Blanca cuenta con una serie de definiciones y medios de presión para lograr sus cometidos; lo veremos a corto plazo con las restricciones de vuelos hacia su territorio, con la primera demanda laboral en el marco del T-MEC, e incluso con la reapertura del caso Camarena, el cual ya resuena con cierta fuerza en los medios de comunicación.
Así, aunque existe la idea de que a nuestro país le va mejor cuando el vecino del norte tiene un gobierno demócrata, lo cierto es que los representantes de ambos partidos presionan de una u otra manera para que sus intereses sean satisfechos.
El gobierno mexicano habrá de continuar con sus habilidades negociadoras, en apego a sus principios constitucionales de política exterior, ejercitando con precisión diversas estrategias para evitar el sometimiento político y económico respecto a nuestro vecino del norte.
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