La reciente marcha por la paz encabezada por el Obispo Ramón Castro Castro volvió a demostrar que en Morelos la inseguridad ya dejó de ser solamente un problema policiaco para convertirse en una profunda crisis social y moral.
Miles de ciudadanos vestidos de blanco caminaron nuevamente por las calles de Cuernavaca cargando el cansancio colectivo frente a los homicidios, las ejecuciones, las desapariciones, las extorsiones y el cobro de piso que desde hace más de una década mantienen a la entidad atrapada entre el miedo y la impunidad.
No fue una simple manifestación religiosa: fue un acto político de enorme carga simbólica encabezado por uno de los personajes más influyentes hoy en la vida pública mexicana.
La respuesta de Margarita González Saravia fue particularmente reveladora. Lejos de confrontar al Obispo, la Gobernadora optó por respaldar institucionalmente la movilización y reconocer la legítima preocupación ciudadana por la violencia. Fue una postura prudente y pragmática.
Margarita entendió que abrir un conflicto con la Iglesia católica en un Estado profundamente golpeado por la inseguridad sería políticamente suicida. En contraste, Claudia Sheinbaum ha preferido responder de manera indirecta, defendiendo la legitimidad de la estrategia nacional de seguridad y rechazando las narrativas que presentan al Estado mexicano como totalmente rebasado por el crimen organizado.
Ahí se observa una diferencia clara: mientras el gobierno estatal busca bajar tensiones locales, el gobierno federal protege la narrativa política de la Cuarta Transformación.
Porque Ramón Castro Castro hace mucho dejó de ser solamente un Obispo. Su paso por el Vaticano, su cercanía con las altas estructuras eclesiásticas y su actual cargo como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano lo convierten en un actor político nacional con enorme capacidad de presión mediática.
Cada homilía, cada caminata y cada declaración suya adquieren inevitablemente lectura política. Más aún cuando durante años ha cuestionado abiertamente la estrategia de “abrazos, no balazos” y ha denunciado que el crimen organizado prácticamente condiciona regiones enteras del país.
Pero tampoco puede analizarse este fenómeno ignorando el papel histórico de la Iglesia católica en México. Aunque hoy se presente como portavoz moral frente a la violencia, la jerarquía eclesiástica mexicana ha mantenido tradicionalmente posiciones conservadoras y fuertes vínculos ideológicos con sectores de derecha, empresariales y antiguamente con corrientes cercanas al sinarquismo.
Durante décadas buena parte del pensamiento político conservador mexicano encontró refugio y orientación moral en estructuras vinculadas al catolicismo. No es casual que algunos sectores de Morena observen con desconfianza el activismo político del Obispo de Cuernavaca y lo consideren una voz crítica permanente de la 4T.
Sin embargo, reducir las marchas por la paz a una simple operación opositora sería simplificar peligrosamente el problema.
La realidad es que la violencia en Morelos ha alcanzado niveles tan alarmantes que la desesperación social termina desbordando ideologías y colores partidistas.
La gente marcha porque tiene miedo, porque vive entre balaceras, asesinatos y extorsiones, y porque después de doce caminatas por la paz las causas que originaron la primera siguen prácticamente intactas.
Y quizá ahí radica la parte más dura de toda esta historia. Las caminatas generan impacto mediático, presión moral y visibilidad pública, pero no sustituyen inteligencia policial, investigación ministerial ni reconstrucción institucional.
Son el síntoma de una sociedad desesperada, pero también la evidencia de que el Estado mexicano —federal, estatal y municipal— sigue sin encontrar una respuesta eficaz para recuperar territorios dominados por la violencia criminal.
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