Por: Ricardo Monreal Avila
A inicios de 2019, nuestro país ocupaba el lugar número 138 en corrupción, en un ranking de 180 naciones, de acuerdo con el Indice de Percepción de Corrupción realizado por la organización Transparencia Internacional.
El problema de la corrupción es un mal muy extendido en la cotidianidad ciudadana de México; no hay aspecto de la vida en sociedad que no sea vea afectado por este grave flagelo.
Tal situación, si bien ha empeorado en los últimos años, ha sido fortalecida desde las más altas esferas de la administración pública a lo largo de los años. Para poder entender las diferentes aristas del lastre de la corrupción, resulta necesario atender lo relativo al funcionamiento del sistema político-económico y social de nuestro país, para lo cual debemos voltear la mirada a la reorganización del Estado mexicano posterior a la revolución armada de 1910. La reconfiguración del poder político tuvo consecuencias sociales de largo alcance que no se limitaron a los años inmediatos en los que se estableció la paz, sino que se extendieron a la centuria siguiente.
El empoderamiento del conocido como Grupo Sonora, encabezado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, al término del movimiento armado, permitió que se fueran tomando acciones políticas con el fin de establecer mecanismos asociados a la perpetuación en el poder, a través de una creciente y notable influencia de esa agrupación sobre la vida institucional del país.
Después del asesinato de Obregón, acaecido en julio de 1928, Plutarco Elías Calles fundó un partido de Estado, el cual se asumiría como el heredero inmediato de los ideales revolucionarios y, en consecuencia, en la institución que por determinación ontológica estaba destinada a asumir el control de la vida política y pública del país.
A partir de la década de los treinta del siglo pasado, comenzó lo que se ha denominado como la época del corporativismo mexicano, y el Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado por Plutarco Elías Calles en 1929, asumió el control político y social de la vida en México.
El surgimiento de organizaciones sindicales y campesinas permitió a la nueva institución política fortalecer sus bases, pues las primeras gravitaron en torno a las decisiones tomadas por la cúpula partidista; sin embargo, al mismo tiempo se fueron robusteciendo.
Para poder asegurar su existencia y la perpetuación de su dominio en el país, el partido de Estado fomentó y estableció mecanismos de cooptación, y el charrismo sindical fue auspiciado con la intención de controlar cualquier brote de insurrección en contra del gobierno revolucionario establecido.
Todos aquellos elementos se volvieron característicos del sistema político nacional, de la administración pública y de las instituciones creadas para servir al Estado mexicano y a su ciudadanía. La corrupción se convirtió en un ingrediente inherente a las diferentes dinámicas sociales de nuestro país. Para muchos, ocupar un puesto o cargo relacionado con el manejo o administración de recursos públicos era sinónimo de enriquecimiento personal.
En este sentido, no resulta complicado entender cuáles fueron las características de los gobiernos anteriores; la ciudadanía mexicana es plenamente consciente de que altos funcionarios y servidores públicos de aquellas administraciones incrementaron considerablemente su patrimonio durante diversos periodos sexenales; los escándalos por tráfico de influencias, los desfalcos, fraudes, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre muchos otros delitos, fueron la constante.
El común denominador en la mayoría de los casos fue la impunidad: México, durante mucho tiempo fue el país del “no pasa nada”, el lugar donde se puede vulnerar todo tipo de normas sin que las consecuencias legales se hagan efectivas. Tristemente, ha sido reiterado el llamado de la sociedad para establecer efectivamente el Estado de derecho.
La batalla contra un lastre tan arraigado en la vida cotidiana nacional tiene que pasar por la promoción de valores morales y éticos. La institución familiar juega un rol fundamental en este sentido, pero también es de gran relevancia la participación de las instituciones educativas formales y no formales.
La administración federal actual se ha comprometido a combatir efectivamente la corrupción, buscando la consolidación del Estado de derecho. No obstante, los resultados de esa batalla no serán perceptibles en el corto plazo; es una cuestión que llevará tiempo corregir y por ello es relevante la impartición de asignaturas humanísticas en el sistema de educación básica, cuestión que no se pasó por alto en la serie de reformas que se promovieron desde el Congreso, en materia educativa.
Aunado a ello, se ha anunciado que la presente administración se comprometerá seriamente a aplicar sin vacilación el marco normativo vigente, sin importar de quien se trate. No es una cacería de brujas: se trata de fortalecer el Estado de derecho en nuestro país, ya que de manera recurrente se ha violentado la legalidad, sin que la justicia se haga presente.
En el Senado de la República, en la LXIV Legislatura, hay total disposición para poner al servicio del combate a la corrupción todos los recursos, todas las funciones y facultades que contribuyan a su erradicación.
Se debe recalcar que la tarea es conjunta; el esfuerzo bien vale la pena, por lo que es preciso insistir en el llamado a un verdadero compromiso y responsabilidad para construir una sociedad basada en el respeto a la legalidad, si es que realmente aspiramos a corregir el rumbo que malamente tomamos en el país durante décadas.
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