Por: Ricardo Monreal Avila
El tema de garantizar la educación pública, mientras se sigue lidiando con la crisis sanitaria por la irrupción de la COVID-19, es uno de los grandes retos que tiene que enfrentar el Gobierno federal, no sólo porque se trata de un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna, sino por el compromiso de la 4T de contribuir a elevar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos, el cual indudablemente pasa por la impartición de una educación de calidad.
La pandemia que hoy enfrentamos evidenció la necesidad de que en México se pueda incluir, a la brevedad, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dentro de las metodologías de los procesos de enseñanza-aprendizaje o para la impartición de conocimiento.
Hoy en día, con 450,000 casos confirmados de personas infectadas del nuevo tipo de coronavirus y 49,000 lamentables decesos, es claro que no hay las condiciones indispensables para que niñas, niños y jóvenes de todo el país vuelvan a las aulas escolares; el regreso a clases de manera presencial equivaldría a un escenario de vulneración del derecho a la salud de quienes integran la comunidad escolar, por lo que la decisión tomada desde el Gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública resulta sensata y responde a la complejidad de la situación que enfrentamos. Es preciso que el retorno a las escuelas se realice de manera paulatina.
El presidente de la República y el secretario de Educación Pública presentaron en días pasados un programa para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 24 de agosto, en la modalidad a distancia. Es un importante esfuerzo de planeación, toda vez que son muchas las variables que intervienen en el desarrollo educativo de niñas, niños y jóvenes; una de ellas es la gran brecha de desigualdad económica que pervive en el país. La imposibilidad de poder comprar ciertos bienes de consumo pone en desventaja a las familias con menores ingresos.
Debido a esto último, la adquisición de equipos electrónicos (computadoras, tabletas electrónicas o teléfonos inteligentes) o la contratación de servicios de proveedores de internet sería un escollo insalvable para amplios sectores de la población, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para dar libre acceso a las plataformas cibernéticas a través de redes abiertas o públicas.
El acceso restringido a los medios electrónicos de comunicación hace inviable que el inicio de clases se lleve a cabo en línea; ello significaría afectar las oportunidades de aprendizaje de las y los estudiantes que no cuentan con los elementos suficientes para aprovechar estas plataformas, lo que afectaría su acceso a una educación de calidad, y sus posibilidades de desarrollo y realización.
Para sortear el problema, el Gobierno de la 4T se enfocó en trazar un plan incluyente que beneficie a todas y a todos sin cortapisas. Hoy sabemos que ha habido una reducción importante en la matrícula de las escuelas privadas, debido a la profunda crisis económica desatada por la contingencia sanitaria. De acuerdo con algunas investigaciones, el 25 por ciento de estas instituciones educativas —que representan el 15 por ciento del total del sistema educativo del país— están al borde de la quiebra, puesto que la crisis ha comprometido el pago de colegiaturas para el siguiente ciclo escolar.
El artículo 3 constitucional establece que el Estado tiene la responsabilidad de impartir educación a todas y todos los mexicanos, lo que no excluye periodos de crisis como el que actualmente se enfrenta.
Para atender la situación, el Gobierno federal llegó a un acuerdo para que las televisoras pongan a disposición de la SEP canales de transmisión en los que, de manera exclusiva, durante las 24 horas del día, se transmitan los contenidos del próximo curso escolar, los cuales serán producidos por la misma Secretaría, y distribuidos para su difusión a los concesionarios privados, a través de la Secretaría de Gobernación, por medio de su Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
El horario de los cursos transmitidos por televisión será de once horas: comenzará a las 8 de la mañana y concluirá a las 7 de la noche. Los contenidos elaborados por la SEP se segmentarán en horas diversas, para que las y los alumnos de todos los grados escolares de educación básica puedan tener acceso a ellos.
Pasado el horario en que se transmitirán los cursos, éstos serán repetidos para quienes quieran revisar o reforzar las clases del día. Cinco canales privados y dos públicos se encargarán de difundir los contenidos del ciclo escolar.
El plan está diseñado para atender a distancia a aproximadamente 35 millones de estudiantes de 16 grados escolares durante cuatro meses, del 24 de agosto al 18 de diciembre de este peculiar año. La SEP tiene prospectado producir más de 4,500 cursos escolares con una duración aproximada de media hora cada uno. Asimismo, en los contenidos se introducirá una nueva materia que llevará por nombre “Vida Saludable”, cuya finalidad será promover la nutrición, el deporte y la higiene preventiva tanto personal como familiar.
El titular de la SEP dejó en claro que las y los profesores jugarán un rol fundamental en este proyecto; su contacto con el alumnado, a través de la comunicación virtual, será muy importante para la óptima comprensión de los contenidos; de hecho, ese mecanismo dio resultados positivos durante la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en los meses de marzo a junio.
Lamentablemente, en pleno siglo XXI, el 15 por ciento de la población escolar se ubica en zonas rurales a donde no llegan los servicios de internet ni las señales de televisión pública o privada. El reto en este sentido es poder difundir los contenidos educativos aun en las zonas menos accesibles del país; al respecto, la SEP informó que en esas localidades se utilizarán las señales de radio y cuadernillos impresos para atender de la mejor manera posible la demanda educativa.
Como es posible inferir, la tarea es titánica; sólo un esfuerzo conjunto de la ciudadanía, la iniciativa privada y las instituciones del Estado podrá dar resultados óptimos, mientras se supera la contingencia sanitaria. Afortunadamente, la 4T sigue implementando buenas iniciativas para salvaguardar los derechos fundamentales de la población.
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