Hace 30 años, la región fronteriza de Chiapas que hoy disputan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS) era parte de los llamados “municipios zapatistas autónomos pluriétnicos”, junto con otros 42 que tenían por referente político central a San Cristóbal de las Casas.
Los reclamaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como parte de un concepto más amplio llamado “región autonómica pluriétnica”.
Recordemos que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados el 16 de febrero de 1996 por el Gobierno federal y el EZLN para el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena en México abarcaban seis planteamientos:
1) derechos y cultura indígena; 2) participación y representación política;
3) remunicipalización;
4) garantías de acceso a la justicia;
5) situación, derechos y cultura de la mujer indígena y
6) acceso y transferencia de medios de comunicación.
Tales propuestas fueron retomadas parcialmente en la histórica reforma al Artículo 2 Constitucional, pero los Acuerdos no fueron ratificados por el Congreso de la Unión y, por tanto, no se implementaron en su totalidad.
Esto se debió a que el gobierno de Ernesto Zedillo esgrimió una serie de argumentos de seguridad nacional que, en su momento, sirvieron para no aceptar la propuesta.
Se denunció su naturaleza como “concepto separatista”; se dijo que “la Nación perdería soberanía sobre los recursos del suelo y del subsuelo”, que “se abriría la puerta a las tendencias históricas secesionistas de la región del sureste” y que “además de una parte del río Soconusco, México perdería también los recursos hídricos, energéticos y forestales de la Sierra Mariscal”.
Como en muchos otros momentos de la historia de México (la Cristiada, por ejemplo), las negociaciones con los zapatistas entraron en una especie de aggiornamento político, mediante el cual se admitían y aplicaban ciertas partes del acuerdo (beneficios sociales, apoyos económicos y reconocimiento de los pueblos indígenas), pero nunca se le concedieron al EZLN las demandas de control territorial, manejo de la seguridad y explotación de los recursos naturales.
No en Chamic, pero sí en Motozintla y Chicomuselo, el EZLN era recibido por la población con caravanas de aplausos y vivas a su paso.
La “guerrilla romántica” desfilaba a caballo, con sus integrantes indígenas encapuchados, las cartucheras al hombro y sus rifles hechizos de madera. Fuera de aquel enfrentamiento del mercado de Ocosingo, donde el contador de las víctimas se detuvo -política e informativamente- en el número 200, no hubo, por fortuna, ninguna otra incursión militar de la histórica guerrilla de “tinta e internet” (Gurría dixit), la cual recordó al mundo que el México neoliberal que buscaba globalizarse tenía una deuda inconmensurable con sus pueblos originarios, y que antes de crecer en lo económico debía hacerlo en lo social.
Tres décadas después, la “guerrilla romántica” fue sustituida por una modalidad de “narcoguerrilla”, y los rifles de palo son ahora rifles de asalto; los caballos son camionetas Cheyenne artilladas; los encapuchados ya no son indígenas guerrilleros de la región, sino jóvenes sicarios —seguramente de otras regiones de México y Centroamérica—, y la bandera de lucha ya no es “¡Muera el mal Gobierno!”, sino “¡Muera mi competencia económica!”.
Estos grupos pelean las fuentes de la economía ilegal que se ha desarrollado en esta parte de la frontera sur: la migración indocumentada (8 mil dólares por traslado de cada migrante), el trasiego de armas, dinero, drogas y combustible, y el cobro de piso o extorsión a comercios, que van desde taquerías hasta mueblerías; desde taxis hasta camiones de pasajeros.
La guerra continúa desde hace varios años y ha provocado violencia y desplazamientos generalizados, además de ser un problema de violación sistemática de derechos humanos y un foco rojo en materia de seguridad nacional.
Esta disputa entre carteles no es un fenómeno reciente, sino de varios años atrás.
En 2022, la violencia en Chiapas aumentó significativamente, con cientos de personas asesinadas y miles desplazadas.
El municipio de Frontera Comalapa se vio especialmente afectado, y las y los residentes debieron huir de sus hogares, por los enfrentamientos.
Estas organizaciones han sido señaladas también como responsables de reclutamiento forzado, extorsión y secuestros.
El impacto del conflicto es devastador para las comunidades indígenas de Chiapas.
Muchas han quedado atrapadas en el fuego cruzado y algunas otras se convirtieron en víctimas de desplazamiento forzado interno.
A los carteles también se les acusa de explotar a las comunidades indígenas, al reclutarlas para trabajar en el tráfico de drogas y usar sus tierras para cultivar y procesar drogas.
En un intento de sofocar la violencia, el Gobierno federal desplegó fuerzas del orden a lo largo y ancho de la región en conflicto, pero los carteles ofrecen resistencia, están profundamente arraigados en ese estado ⎯que tiene los mayores recursos hídricos del país⎯ y tienen un fuerte control sobre la economía local.
Por ello, es probable que la situación se prolongue durante algún tiempo.
La guerra de los carteles de la droga en Chiapas es un tema complejo y multifacético, sin soluciones simples o fáciles, pero es importante generar conciencia sobre el conflicto y su impacto en la población.
El Gobierno mexicano y la comunidad internacional deben hacer más para apoyar a las víctimas de la violencia y abordar las causas profundas del conflicto.
Entre los factores clave que han contribuido a la situación actual en Chiapas se pueden considerar los siguientes:
Geográficos:
La ubicación de la entidad la convierte en una importante ruta de tránsito de drogas desde América del Sur hacia Estados Unidos.
Pobreza y desigualdad: Chiapas es uno de los Estados más pobres de México, con altos niveles de desempleo y desigualdad.
Corrupción:
Los carteles lograron infiltrarse en el Gobierno y las fuerzas del orden en Chiapas, lo que dificulta combatirlos y generó un clima de impunidad.
Alta demanda de drogas por parte de Estados Unidos. Este fenómeno ha sido el principal impulsor del narcotráfico en México.
Evitar que la impunidad criminal adquiera rango de autonomía territorial es en este momento, quizá, el mayor desafío para la seguridad y la soberanía del Estado nacional, y de manera especial, para la seguridad y la convivencia pacífica de la sociedad mexicana.
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