El decreto por el cual se disuelve la Financiera Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo pasado, es un golpe más a la tranquilidad del campo de nuestro país.
Durante mucho tiempo, las áreas rurales han estado acosadas por la inseguridad, atrapadas en un estado de terror impuesto por el crimen organizado y ahora, la eliminación de la única Banca de Desarrollo que brindaba crédito a los campesinos y productores rurales no hace más que acrecentar su vulnerabilidad y parálisis.Es una jugada irracional e incomprensible del Ejecutivo, culpar a una institución que durante dos décadas desempeñó un papel vital en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para lograr la autosuficiencia alimentaria, pero que además, vivió libre de escándalos desde su creación en 2003.
El cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, acarrea severas consecuencias que impactan directamente en la producción agrícola y que se verán reflejadas en el sustento de las familias rurales y en el costo de los alimentos de nuestra canasta básica.
Pone en marcha una reacción en cadena de efectos inflacionarios, como la migración masiva y la desintegración de las familias. Las repercusiones de esta iniciativa presidencial son evidentes desde que calladamente inicio el proceso de desmantelamiento institucional con:
-Cierre de representaciones estatales, cortando valiosos canales de comunicación y terminación de los programas de apoyo que fueron fundamentales en la producción de cultivos de primavera-verano, verano-otoño y otoño-invierno.
-Esto crea incertidumbre, retrasos, supresión de cultivos y millones de hectáreas sin plantar, lo que genera enormes riesgos, endeudamiento y un efecto cascada en la oficina de crédito.
-Interrupción en la continuidad de la cadena productiva y desarrollo de la agroindustria.
Incumplimiento de contratos de cosecha preestablecidos, afectando el movimiento y almacenamiento.
-Cerrar por completo la entrega de ministraciones, el estudio y trámite de solicitudes de crédito desde el 15 de diciembre de 2022.
Con el decreto, el personal técnico administrativo, que consta de 1800 empleados y trabajadores, quedarán en el limbo sin tener opciones laborales para darle destino a sus habilidades y experiencia. Mientras que los Jubilados y Pensionados de este organismo no tienen ninguna certidumbre en torno a la situación de sus prestaciones.
El daño causado a los productores del país es inconmensurable, especialmente si se considera la crisis climática concurrente, marcada por sequías y escasez de agua debido a la insuficiencia de recursos para la conservación de presas y sedimentos en canales de desvío de riego.
Todo esto sumado al aumento de los costos de la electricidad y la reducción de los presupuestos para los programas de mercadeo y cultivo, las consecuencias son nefastas.
Las Diputadas y Senadoras y los Diputados y Senadores de la oposición en el Congreso, hemos sido testigos de las recurrentes y abiertas violaciones a los reglamentos de ambas Cámaras así como a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde las bancadas de Morena y sus aliados.
Esta erosión gradual de las instituciones, impulsada por falsas políticas de austeridad y anticorrupción, representa un grave riesgo para el país, ya sea por el aumento de la violencia o por el crecimiento hegemónico del crimen organizado en las zonas rurales.
Es necesario fortalecer la institucionalidad republicana, de modo que buscar el recurso legal a través de la Suprema Corte de Justicia se convierte en el mejor recurso para frenar las tendencias dictatoriales del actual gobierno, invocando el respeto al derecho a la alimentación y el respeto a los derechos humanos, al procedimiento Legislativo y a con ello a la Constitución, través de una Acción de Inconstitucionalidad.
El pasado 13 de Junio el Grupo Parlamentario del PRI en conferencia de Prensa en el Senado de la República anunciamos que interpusimos una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Nación para invalidar el decreto por el que se extingue la FND.
La política equivocada del Ejecutivo de desmantelar la este ente financiero, complica aún más el problema nacional, burlando abiertamente a los campesinos de México; en las regiones del norte del país, los campesinos se han organizado para luchar por precios justos para el maíz, el trigo y el sorgo, cultivos básicos para la población mexicana.
¿Qué Artículos Constitucionales fueron violentados?
Art. 1 → Progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos. Se elimina una institución.
Art. 4 → Derecho humano a la alimentación. Si se reduce la producción se reduce la oferta de alimentos.
Art. 27 → Desarrollo integral del campo. Se contemplaban los créditos a la producción como una herramienta para mejorar el nivel de vida de los productores.
Art 63 → Relativo al quorum en el Poder Legislativo.
Art. 72 → Relativo al proceso legislativo en el Senado. No se respetaron los derechos de las minorías parlamentarias.
A estos ataques se suma el presupuesto paralizante de la FND.
Por ello, hemos denunciado la vulneración de los derechos fundamentales de los campesinos y productores rurales mexicanos, que son indispensables para el mantenimiento de la paz orgánica y el desarrollo nacional.
Desde 2019, más de 295, 000 productores acreditados han sido abandonados institucionalmente, dejando de producir sus tierras, debido a la amenazante combinación de oportunidades crediticias cada vez más escasas y tasas de interés exorbitantes, que han ido desde el 6.5 hasta el 18% en tan solo 4 años.
En el pasado, logramos atender con éxito a casi un millón de beneficiarios en un solo año. En las condiciones actuales estamos dejando el campo a merced de intermediarios privados, usureros, coyotes, acaparadores y el crimen organizado.
Y esa es hora de que abordemos la crisis del campo con soluciones reales, transversales, sensibles y verdaderamente productivas, que detonen el desarrollo del sector e impulsen la tecnología y la productividad; prioricemos el bienestar de quienes alimentan a nuestra Nación. Debemos revertir estas políticas perjudiciales y restaurar el apoyo a los productores rurales, empoderándolos para prosperar en un entorno sostenible y seguro.
El no hacerlo tendrá implicaciones de gran alcance para la sociedad del país.
augusto.gomez@diputados.gob.mx