La libertad de expresión es el derecho a expresarse libremente sin temor a censura o represalias.
Es uno de los derechos humanos más importantes y es esencial por varias razones. En primer lugar, nos permite compartir nuestras ideas y opiniones con las demás personas, lo cual es relevante tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, la libertad de expresión es fundamental para una sociedad libre y democrática. Nos permite responsabilizar a los potentados; nos proporciona las bases o herramientas para escrutar las acciones del Gobierno y otras instituciones poderosas sin temor a represalias o sanciones.
Esto es importante para garantizar que dichas instancias rindan cuentas ante las y los gobernados.
Además, la libertad de expresión es crucial en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Nos abre nuevos horizontes para aprender, evolucionar o crecer, y nos permite exponernos a nuevas ideas y desafiar nuestras creencias.
Sin embargo, se debe reconocer que esta libertad no es absoluta. Hay algunas formas de expresión que no se encuentran protegidas, como la incitación al odio, a la violencia o la comisión de algún delito.
La Carta Internacional de Derechos Humanos reconoce como límites de la libertad de expresión los supuestos en que se ataquen la moral, la paz, la seguridad, el orden o la salud pública, situaciones que han sido recogidas, igualmente, en las Cartas Magnas de diversos países democráticos, incluido México (en el Artículo 6 Constitucional).
Sin embargo, hay quienes considera que incluso tales formas de expresión deberían estar sujetas a restricciones estrictas, y que tan solo deberían ser censuradas en circunstancias muy limitadas, acotando, de algún modo, el abanico de posibilidades que podrían caber en los conceptos de moral, orden, seguridad o paz pública, por ejemplo.
Para ilustrar el carácter fundamental de la libertad de expresión, resultan precisas las palabras de Oliver Wendell Holmes, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien afirmó que “el mercado de ideas es la mejor prueba de la verdad”. Esto significa que la manera óptima de determinar cuáles ideas son verdaderas es permitiéndoles competir libremente en la esfera pública. De ahí que la libertad de expresión sea esencial para que esa competencia se lleve a cabo.
Por lo anterior, el reciente diferendo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego por la cobertura informativa y editorial de TV Azteca sobre el impacto del huracán Otis en Guerrero ha puesto sobre la mesa de la discusión pública, justamente, los fundamentos del derecho humano a la libertad de expresión, entre otros temas.
El asunto es de la mayor importancia, puesto que podríamos estar frente a un conflicto de interés en el que pudiesen incurrir los empresarios de los medios de comunicación masiva, que mantienen negocios en rubros distintos de estos últimos.
El presidente de México señaló que la televisora sostiene una línea editorial crítica respecto a su gobierno (por ejemplo, en lo relativo a vacunas, libros de texto y Otis), porque el dueño del medio de comunicación se resiste a pagar al fisco un adeudo de 25 mil millones de pesos, así que utiliza su empresa y al Poder Judicial Federal en la búsqueda de la cancelación, reducción o elusión de la deuda.
Por su parte, el empresario argumenta que se trata de dos temas diferentes. Uno corresponde al litigio que sostiene hace más de 15 años con la autoridad fiscal, ante lo que considera un “cobro injusto y abusivo de impuestos”. Otro es la libertad de expresión, que lo obliga a difundir lo que desde su punto de vista está sucediendo.
Más aún, en el video que difundió el empresario el pasado viernes, denunció que son el presidente y su gobierno los que utilizan con fines político-electorales a la televisora del Ajusco, seguramente refiriéndose al uso de los tiempos oficiales que, por ley, están obligados a transmitir de manera gratuita todos los concesionarios de radio y televisión del país.
El desacuerdo entre el titular del Ejecutivo federal y el tercer empresario más rico del país no es en absoluto menor por al menos seis razones:
Ambos se han profesado respeto político e ideológico desde que el presidente AMLO fue dirigente del PRD, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tres veces candidato presidencial.
En los peores momentos del cerco y linchamiento informativo, TV Azteca, a través de Jorge Mendoza, mantuvo siempre sensibilidad, apertura y difusión respecto a los planteamientos del movimiento de transformación.
El empresario cuenta con un asiento en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia desde el inicio del actual gobierno.
El adeudo fiscal del Grupo Salinas representa el 13.5 por ciento del patrimonio corporativo del empresario.
El crédito fiscal del SAT representa 2.5 veces la deuda total de TV Azteca, misma que, al tercer trimestre del presente año, fue de 9 mil 839 millones de pesos (con una demanda de bancarrota involuntaria en EUA).
A partir de 2019, la caída en los ingresos por publicidad oficial, motivada por una política de austeridad, afectó, en una tercera parte, los ingresos de la televisora, mientras que la pandemia redujo sensiblemente la publicidad privada. Este efecto combinado produjo una baja notable en la rentabilidad del medio de comunicación (fenómeno no privativo de esta empresa).
En resumen, en cinco años, bajaron sus ingresos y crecieron sus deudas, especialmente la fiscal.
Cobrar impuestos —y no su condonación— es uno de los principios fundacionales de la 4T. Además, esto último guarda una estricta correspondencia con lo estipulado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata la obligación de la ciudadanía, sin excepción, de contribuir a los gastos de la Federación, los Estados y Municipios.
Tal vez esto último represente la medida más valiente e importante en términos ideológicos y políticos, porque tiene que ver con la separación real entre el poder político y el poder económico.
No obstante, y como señalamos al inicio, se debe considerar que la libertad de expresión es uno de los bienes públicos más importantes en una democracia. Y reconociendo que la titular de este derecho humano es la ciudadanía, es decir, las audiencias, y no el poder político ni el poder económico, usarla para los fines de uno de estos —o del otro— es pervertirla, corromperla y atentar contra la ciudadanía y, a su vez, contra la propia democracia.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
X y Facebook: @RicardoMonrealA