El Consejo de Ministros de Italia aprobó este jueves un proyecto de ley con el que se modifican las normas para imputar con mayor facilidad a los menores de entre 14 y 17 años, en una iniciativa para combatir la criminalidad juvenil.
La reforma judicial, que tendrá que ser aprobada por el Parlamento, no reduce la edad de responsabilidad penal, que se mantiene en 14 años, pero sí modifica el mecanismo de evaluación.
Actualmente, para un menor de entre 14 y 17 años, el juez debe verificar, caso por caso, su capacidad de comprensión y decisión en el momento del delito, mientras que la nueva ley introduce una presunción refutable de responsabilidad penal: se considerará que el menor, en general, es capaz de comprender el significado de sus actos, salvo prueba en contrario.
«Quienes cometen errores deben rendir cuentas por sus actos. Incluso si son menores de edad (…) Quienes agreden, roban o causan daños deben pagar siempre. Incluso si tienen 15 o 16 años. Por eso hemos actuado y seguimos actuando», afirmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un vídeo en sus redes sociales.
Meloni aseguró que la norma «se dirige principalmente a aquellos que se creen intocables y explotan a menores como mano de obra para sus propios negocios, pero también sirve para castigar a aquellos chicos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque saben que no les pasará nada».
El Gobierno quiere intensificar la mano dura contra las bandas juveniles, conocidas como ‘Maranza’.
Las primeras normas contra las bandas criminales se incluyeron en el decreto de seguridad aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de febrero, que recibió la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados en abril y que introducían entre otras que quien lleve un cuchillo de al menos 8 centímetros fuera de su domicilio, sin motivo justificado, se enfrenta a penas de prisión de entre seis meses y tres años.
Críticas de organizaciones sociales a la reforma
La modificación impulsada por el Gobierno italiano generó críticas desde distintos sectores sociales. El presidente de Unicef Italia, Nicola Graziano, expresó su «gran preocupación» por la iniciativa y señaló que cualquier medida relacionada con menores debe priorizar su bienestar y desarrollo, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
La organización recordó que la justicia juvenil debe tener un enfoque principalmente educativo y de reinserción, no únicamente punitivo. En ese sentido, destacó que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha defendido que la responsabilidad penal de los adolescentes debe determinarse mediante una evaluación individual de su madurez psicológica y emocional, analizando cada caso de manera particular en lugar de establecer una presunción general.
Unicef Italia también advirtió que la delincuencia juvenil no puede abordarse solo desde el castigo, ya que está relacionada con problemas sociales más amplios. La organización ha señalado que la pobreza educativa es un fenómeno complejo que incluye factores como el abandono escolar, la falta de espacios para actividades deportivas y culturales, así como la ausencia de redes familiares y comunitarias de apoyo.
Frente a estas críticas, el Gobierno de Giorgia Meloni ha defendido una política de mayor firmeza en materia de seguridad. Sus opositores consideran que la estrategia oficial prioriza el endurecimiento de penas y medidas judiciales como respuesta a problemas sociales, con los menores de edad como uno de sus nuevos focos de atención.