El Órgano Interno de Control en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) mandó un oficio a investigadores para pedirles que se abstengan de difundir mensajes y/o expresiones en contra de algún servidor público de la institución, lo que fue tomado entre los académicos como una «mordaza» o un intento de coartar su libertad de expresión.
El oficio OIC/CI/38/128/071/2023 difundido entre los empleados fue firmado por Julieta Proa Santoyo, titular de dicho órgano, con fecha 13 de junio, y su sustento legal fue basado en el Código de Ética de la Administración Pública Federal y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
«Hago de su conocimiento que deberá difundir a todos los servidores públicos que prestan un servicio, cargo o comisión en este centro público, que deberá de abstenerse de difundir mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que pueden causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona servidora pública de este centro de investigación», se lee en el documento.
En el oficio se citó el artículo 18 del Código de Ética para remarcar la obligatoriedad de acatar dicha recomendación.
«Para mayor objetividad se inserta a la letra lo referido (en el Código) (…) y cuente con los elementos que a través de las distintas áreas que integran este centro público puedan hacer del conocimiento la obligatoriedad que tienen en apegar su conducta al estricto cumplimiento», se expuso.
Entre los investigadores fue calificado como «mordaza» e intento de atentar contra la libertad de expresión.
La gestión de Antonio Romero Tellaeche ha sido cuestionada en diversas ocasiones de manera pública por investigadores por inconformidades con sus decisiones, lo cual, señalan, les ha causado acoso laboral.
En mayo de 2022, Celine González Schont, quien fungía como directora de Evaluación Académica del CIDE, pidió su separación del cargo por acoso y hostigamiento laboral por parte de la administración del directivo.
En marzo de este año, la titular de Transparencia, Ssicaru Salud Velázquez, y la de Finanzas, Isis Bautista del CIDE, fueron despedidas luego que reprocharon una serie de irregularidades y que investigadores sostienen, incomodaron a la administración.
Piden intervención del INAI
Académicos y estudiantes pidieron al INAI su intervención contra el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) y el CIDE, por los posibles delitos y faltas de abuso de funciones, uso indebido de la información, encubrimiento, violencia contra mujeres, intimidación, coalición y ejercicio ilícito del servicio público.
«El ahora recurrente considera necesario, procedente e imperante solicitar al INAI que realice los trámites conducentes respecto a posibles faltas administrativas y penales que podrían haber sido cometidas durante la sustanciación de diversos recursos, incluido este, tal y como lo marca la ley», se indicó.
Los solicitantes aseguran que se les ha negado información, pues los dos entes mencionados han mentido ante la autoridad y con ello han vulnerado el derecho al acceso a la información.
La inconformidad, señalaron los promoventes, es que se ha acudido a la Secretaría de la Función Pública (SFP) con quejas, pero se retornan al Órgano Interno de Control del CIDE, por lo que están atoradas desde hace dos años por «claros conflictos de interés».
Esto, pese a que legalmente tendría máximo 240 días hábiles para resolverlos, de acuerdo con los Lineamientos para la Atención, Investigación y Conclusión de quejas y denuncias de la SFP.
«La etapa de investigación no podrá exceder 120 días hábiles (…) con la posibilidad de prorrogar hasta por un periodo igual», se lee en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Con información de Reforma