Equipos especializados del Ministerio del Interior de Catar continuaron este miércoles las investigaciones de campo en la zona del ataque perpetrado el martes en Doha contra líderes del grupo terrorista Hamas, hecho que el Gobierno catarí calificó como una “violación traidora” de su soberanía y “terrorismo de Estado”.
En un comunicado, las autoridades precisaron que se realizan labores de verificación e identificación de posibles desaparecidos mediante técnicas de Identificación de Víctimas de Desastres (IVD), con la participación de los departamentos de Evidencia e Información Criminal, el Laboratorio Criminal y el Centro de Medicina Forense.
El ataque, ocurrido hacia las 4 de la tarde del martes 9 de septiembre, dejó al menos 6 muertos -5 integrantes de Hamas, entre ellos el hijo del jefe negociador del grupo, y un policía catarí- además de varios heridos. Testigos reportaron varias explosiones y una columna de humo sobre la capital, lo que fue confirmado posteriormente por el Gobierno como una ofensiva israelí contra una reunión del buró político de Hamas en un edificio residencial.
El primer ministro y jefe de la diplomacia, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, aseguró que Catar no dejará sin respuesta la agresión y anunció la creación de un equipo legal para iniciar acciones jurídicas internacionales contra Israel. “Velaremos por la seguridad de nuestros habitantes y comenzaremos una revisión exhaustiva de políticas y procedimientos para evitar que estos hechos se repitan”, afirmó.
Asimismo, acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “sabotear” los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes, al atacar en momentos en que la delegación de Hamas discutía una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.
“Lo sucedido es un acto de sabotaje a todos los intentos de alcanzar la paz en la región. Ahora, por este ataque, no hay ningún tipo de negociación”, sentenció Abdulrahman, aunque matizó que su país no abandonará su papel como mediador, al considerar que “la mediación es parte integral de la política catarí”.
El Gobierno advirtió que se reserva el derecho a responder con firmeza a lo que calificó como una “agresión flagrante” que viola el derecho internacional y la estabilidad regional.