La cultura democrática subyace en los llamados espacios de opinión pública y sus procesos de configuración. Opinión pública es un concepto con varias acepciones, y su alusión se enmarca en una fuerte tradición histórica.
Incluso en la actualidad se pueden identificar aspectos propios de esa tradición, de ahí que utilizar tal categoría conceptual resulte necesario para definir un fenómeno imposible de explicar mejor con otras palabras.
Según la línea teórica weberiana, la opinión pública sería el principal medio o instrumento para generar legitimidad, o bien, para mantenerla o conservarla. Así, también estaría estrechamente relacionada con los principios democráticos y la representación política.
Además, la opinión pública implica la idea de participación y uno de los principios democráticos por excelencia: Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari (“Lo que a todos concierne debe ser aprobado por todos”). Por otro lado, al ser imposible la implementación de tal ideal democrático en las grandes sociedades contemporáneas, se hizo necesaria la intermediación.
Del mismo modo, para quienes ven a la opinión pública como un fenómeno social medible, los diferentes instrumentos necesarios para arribar a su certidumbre se basan en entrevistas, grupos de enfoque, muestras representativas y otras herramientas estadísticas.
Al margen de la noción de opinión pública que se pueda adoptar, no cabe duda de la pertinencia de su uso instrumental. La serie de filtraciones masivas de información clasificada, a través del colectivo anónimo autodenominado Guacamaya tendría ese doble sentido: influir directamente en la opinión, las creencias o convicciones de las diferentes esferas del sistema sociedad y, de paso, golpear los índices de legitimidad del Gobierno.
Como resultado de esto, hubo ataques cibernéticos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y filtraciones, sin parangón en la historia de nuestro país, mediante los cuales se han difundido, ilegalmente, videos, correos, tarjetas informativas y otros documentos de los años 2016 a 2022, clasificados como información reservada o confidencial, en los que se trata de evidenciar, entre otros asuntos, la supuesta gravedad del estado de salud del titular del Ejecutivo federal.
Desde hace cuatro meses, con periodicidad quincenal, a través de redes sociales y cuentas perfectamente identificadas, se lanzan informes “confidenciales”, “exclusivos” o de “fuentes confiables” respecto a que el mandatario fue llevado de emergencia o intervenido en el hospital central militar, con “pronóstico de salud reservado”.
El fin de semana pasado, por ejemplo, el tema de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a ser objeto de una sobreexposición infodémica; es decir, de una manipulación mediática especulativa.
El claro uso o motivación política de estas filtraciones ha alimentado un fenómeno ominoso que daña a la opinión pública: la infodemia, concepto popularizado con la pandemia de COVID-19, que alude a la sobreinformación y sobreexposición que recibe la opinión pública sobre un tema, a partir de datos falsos, no verificados o abiertamente manipulados.
La “verdad mediática” no necesita ser verificable, sino sólo verídica, es decir, sustentarse en indicios y ribetes de verdad o en prejuicios. “Un helicóptero-ambulancia llegó a Palacio y se retiró de manera subrepticia”; “el presidente ingresó al hospital militar y fue internado
para una revisión de emergencia; información en proceso”. El prejuicio mediático se basa en un silogismo: “sobre el desvanecimiento del presidente no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”.
Sin embargo, este fin de semana la embestida infodémica contó con dos aliados involuntarios. Por un lado, la contradicción entre lo que afirmaba el vocero: “no se suspende la gira”, y un tuit presidencial que confirmaba la suspensión, al haber sido diagnosticado con COVID-19 por tercera ocasión. Por otro, la falta de una imagen o un video mostrando la cabal salud del mandatario, como tradicionalmente se hacía en los episodios infodémicos anteriores.
La convergencia de ambos factores atizó el tema y se generó una batahola en las redes, que las hizo hervir hasta bien entrada la noche.
La “mañanera” del pasado lunes debió haber sido una de las más vistas de las casi 1,100 conferencias realizadas hasta el momento. El tema fue sobriamente tratado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y bastó una alusión directa de 30 segundos para negar el supuesto desvanecimiento e infarto del primer mandatario, así como el internamiento indefinido en un hospital militar. Con esta explicación breve, la embestida infodémica bajó notablemente de intensidad.
Para calmar las aguas y cortar de tajo la ola de incertidumbres que se fueron generando a lo largo de la semana, esta tarde el presidente de México publicó un video, a manera de desmentido, a través de sus redes sociales. Se le vio entero, congruente, avispado y muy optimista por las buenas condiciones económicas del país.
Por supuesto que la salud de un presidente es un bien informativo público acerca del cual hay que evitar dos extremos: la manipulación mediática, como la que atestiguamos el fin de semana pasado, o el ostracismo informativo, como el practicado en la extinta Unión Soviética.
Creo que sigue siendo válida la regla de oro para combatir el rumor, la desinformación y los despliegues infodémicos: información oportuna, veraz y verificable.
Desde la aparición de los Guacamaya Leaks, la salud del presidente ha estado en el interés público. Él mismo abordó el asunto de manera responsable y transparente. Es importante seguir por esa ruta, porque en los hechos el tema se convirtió en ataque político de la oposición en México y en el exterior.
En cualquier sistema político, la salud del titular del Ejecutivo es de interés público; y si ese sistema es presidencialista, el tema también es de orden público, es decir, de gobernabilidad democrática.
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