A un año de la elección de la primera Presidenta en la historia de México, se realizó la histórica elección de integrantes del Poder Judicial federal y de los poderes judiciales locales en 18 de las 32 entidades federativas. El común denominador de ambos eventos es la participación, también histórica, del pueblo de México en las decisiones que están dejando una estela de transformaciones en el país.
Con la elección popular y ciudadana del Poder Judicial, se consuma el ciclo de cambio de régimen político que desde la campaña de 2018 ofreció el entonces candidato y luego Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Así como no se puede conservar vino nuevo en odres viejos, un cambio de régimen político no se consuma íntegramente hasta que se modifica también el Poder Judicial, es decir, la forma de impartir y garantizar justicia a la población.
En ese sentido, una reforma judicial es, en el fondo, una reforma política, en tanto que modifica la correlación y el funcionamiento de los tres poderes del Estado. Y la actual reforma judicial —que tuvo su momento fundacional con la primera elección popular en más de 200 años de historia del Poder Judicial en México— viene a modificar de raíz la existencia y el funcionamiento de la impartición de justicia en el país. Que las y los justiciables elijan a sus juzgadoras y juzgadores es la piedra de toque de esta transformación sin precedente.
Por un dogma ideológico y doctrinal, producto del positivismo jurídico, se había considerado herético que las y los jueces pudiesen ser seleccionados mediante el voto universal, directo y secreto. Se pensaba equivocadamente que la independencia y la autonomía judiciales serían sojuzgadas por “las emociones y prejuicios del pueblo elector”. “Eso es populismo judicial”, argumentan todavía los seguidores y malos lectores de Montesquieu y su Espíritu de las leyes.
Desde los autores clásicos de la Ilustración no han sido pocas las críticas jurídicas en torno a la posibilidad de llevar a cabo una elección popular de integrantes del Poder Judicial, lo cual implicaría, a su parecer, una amenaza a la independencia judicial, el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas, al politizarse la función jurisdiccional.
“La justicia no se vota”. Quienes así lo consideran, estiman también que este modelo privilegia la popularidad sobre el mérito técnico y la experiencia jurídica. Por otro lado, en su momento, instancias como la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados dieron cuenta de una tendencia creciente de los Gobiernos a fragilizar la democracia mediante ataques al Estado de derecho y a la independencia de los sistemas judiciales, pero esto no se traduce en las distintas iniciativas que buscan someter la selección de quienes imparten la justicia a procesos comiciales de carácter popular.
Los diferentes aspectos de una eventual politización de la justicia, a decir de organismos internacionales, académicos y juristas, inciden más bien en medidas que dan como resultado el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos, así como el sometimiento de las decisiones jurídicas a intereses políticos o populistas. Y eso se observaba en el proceso de selección de magistrados y ministros bajo el auspicio de la última reforma al Poder Judicial de corte neoliberal, en 1995.
El esquema anterior al actual régimen democrático de selección de las y los jueces, magistrados y ministros permitió el secuestro del Poder Judicial por parte de las cúpulas partidistas o los llamados poderes fácticos, lo que se tradujo en la consolidación de un órgano lejano a los intereses de la mayoría, insensible a las cusas de la justicia social, homogeneizado y homogeneizante del discurso dominante neoliberal, situación que explica, cuando menos en parte, por qué las y los mexicanos evidenciaron indiferencia o incluso un total desconocimiento respecto de la estructura, composición o funcionamiento de las instituciones impartidoras de justicia.
Si bien la función jurisdiccional requiere conocimientos técnicos especializados y autonomía frente a presiones populares y políticas, esto no significa que la selección de las personas impartidoras de justicia mediante elecciones libres, auténticas y periódicas se erija en el principal obstáculo para arribar a los niveles de autonomía o independencia deseados.
El marcado rechazo de juristas o agentes políticos a la elección democrática de las y los integrantes del Poder Judicial, por considerarla un riesgo para la independencia judicial, no encuentra un sustento científico. Para ello, tendría que contarse con una serie de estudios profundos y análisis serios respecto de todos los casos en que existe la designación de personas juzgadoras mediante un sistema de voto popular, así como de los resultados en sus más diversas aristas. Además, en el caso de México, estamos hablando de un diseño institucional democrático de designación sin precedente.
En el lado contrario, a decir de los seguidores de Rousseau y su escuela del Contrato social, no se encuentra disfuncionalidad alguna en que la misma fuente de legitimidad que hace posible la existencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sea compartida también por el Judicial, ya que los tres realizan funciones diferentes y, a la vez, complementarias, para el funcionamiento democrático del Estado de derecho.
El Ejecutivo aplica las acciones de gobierno que exige una sociedad; el Legislativo emite las leyes que norman las conductas de la ciudadanía y el Gobierno, mientras que el Judicial vigila y garantiza que los otros dos poderes se apeguen a las leyes vigentes, con un referente cada vez más importante: el respeto a los derechos humanos. Al compartir de ahora en adelante los tres poderes la misma fuente de legitimidad, la cancha de juego queda más pareja; de esta manera, el Poder Judicial adquiere mayor autonomía e independencia respecto a los otros dos poderes.
Como sucede en toda democracia, el ejercicio del pasado domingo no fue perfecto. Habrá que revisar lo hecho en materia de organización, difusión y cómputo, para que las próximas elecciones judiciales resulten mejor que las del pasado 1 de junio. El voto electrónico ayudará mucho en ese aspecto.
De algo sí estamos seguros muchas mexicanas y mexicanos: la democracia judicial que estrenamos el pasado domingo, con todas sus insuficiencias, es mucho mejor que la oligarquía judicial que padecimos, con su secuela de corrupción y privilegios judiciales.
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