Los senadores y diputados, federales y locales, que integran el Foro Permanente de Legisladores en Materia de Protección Civil impulsarán una reforma constitucional para establecer la obligación de los gobiernos municipales de prestar el servicio de bomberos.
Asimismo, promoverán la creación de fondos especializados del servicio público de bomberos.
Los integrantes del Foro Permanente de Legisladores, en su declaratoria firmada el pasado martes, subrayaron que es necesario reconocer las labores de estos cuerpos de protección civil.
Plantearon promover la realización de una reforma a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política, para establecer que los municipios deberán prestar el servicio público de bomberos, lo cual, a su vez se generaría certeza jurídica para estas organizaciones.
De acuerdo con los últimos datos de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB), en el país existen 496 corporaciones que prestan este servicio, de las cuales 318 son asociaciones civiles.
Estos organismos, tanto públicos, sociales y privados, cubren únicamente el 20 por ciento de los municipios del país.
La AMJB ha dicho en diversas ocasiones que los bomberos padecen graves carencias, entre ellas, salarios dignos, reglamentos y apoyos económicos de parte de los tres órdenes de gobierno, lo que les priva de equipo y herramientas adecuadas.
Los integrantes de este Foro Permanente de Legisladores señalaron que es necesario que las autoridades municipales y estatales se comprometan a contar con los instrumentos para proteger a las personas, entre ellos los atlas de riesgos.
“Actualmente, sólo 360 municipios tienen un atlas de riesgo, de los 2 mil 464 que comprenden al país”, refirieron en el documento.
También destacaron que se debe mejorar la operación de los fondos estatales de protección civil, y profesionalizar a las personas que integran los sistemas estatales de gestión integral de riesgos de desastres.
La declaratoria del Foro Permanente de Legisladores en materia de Protección Civil tiene el objetivo de impulsar la iniciativa para expedir la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que se encuentra en proceso de redacción, y cuyos trabajos iniciaron en mayo pasado, a través del modelo de parlamento abierto.
La declaratoria plantea, entre otros puntos: promover ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que de los recursos asignados para el 2019 al Fondo de Reconstrucción, se destinen al menos 5 por ciento al Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fonden), así como impulsar el funcionamiento de los Fondos Estatales de Protección Civil.
Asimismo, llamar a las autoridades municipales, estatales y federales para que finquen responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios que incumplan con lo establecido en los programas de ordenamiento territorial; reformar la fracción III del artículo 115 Constitucional, para que los municipios presten servicio público por medio del cuerpo de bomberos, e impulsar la creación de fondos especializados del servicio público de bomberos.