Con la comparecencia del secretario de Gobernación al Senado de la República, en el contexto de la glosa del IV Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presenciaron debates de altura que, primordialmente, se centraron en el tema de la permanencia de elementos del Ejército y la Marina en las calles y en el cambio de adscripción de la Guardia Nacional (GN).
A decir de la oposición, se debe priorizar la profesionalización de las policías municipales y de los cuerpos de seguridad de las entidades federativas, punto que no admite controversia, en tanto que justamente esa necesidad ha orillado al titular del Ejecutivo a plantear con toda seriedad el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas en las labores de combate al crimen, como una imprescindible primera fase, para transitar con posterioridad al escrutinio, a la limpieza, al desarrollo, a la profesionalización y evaluación de las policías locales.
Tratar de englobar en el concepto militarización toda la complejidad de la estrategia de seguridad que busca implementar la 4T resulta reduccionista, y no da cuenta de la gravedad coyuntural e histórica del fenómeno de la criminalidad y de la violencia que azota prácticamente a todas las regiones del país.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad entre la población mexicana experimentó un leve aumento, al pasar del 64.5 por ciento en septiembre de 2021, al 65.8 por ciento en diciembre del mismo año.
Aunque existen márgenes considerables de diálogo para buscar puntos de consenso sobre el tema, de persistir el diferendo entre el Gobierno y quienes se oponen a la viabilidad de la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República, para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2028, en apoyo a las labores de seguridad pública, puede entrar en escena la vox populi, a través de los diferentes mecanismos de democracia directa que contempla nuestra propia Carta Magna: el Plebiscito, el Referéndum, la Consulta Popular, la Iniciativa Ciudadana y la Revocación de Mandato.
Actualmente, el Gobierno de la 4T procura integrar la voz del pueblo en un proceso de democracia directa, con la finalidad de incluir al auténtico soberano en un ejercicio inédito e histórico de consulta respecto a un tema sumamente trascendental, como lo es el futuro inmediato del país en materia de seguridad.
Nuestra Constitución, en su artículo 39, establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Por otro lado, la apelación al soberano resulta totalmente pertinente por dos cuestiones, cuando menos; en primer lugar, los mecanismos de democracia directa son imprescindibles para generar la mayor interacción entre Gobierno y población, ampliando los márgenes de la participación ciudadana más allá de los procesos electorales.
En segundo término, la democracia directa puede constituir una vía idónea para sacar del estancamiento al aparato estatal, cuando -como es el caso- hay un diferendo marcado entre las distintas ramas en que se divide el poder público para su ejercicio (una mayoría del Poder Legislativo versus el Ejecutivo, por ejemplo), y ambas afirman tener la razón, porque consideran que las acompaña el sentir mayoritario del pueblo.
Asimismo, es preciso atender al real sentir de la ciudadanía; encontrar sustento en el clima de inseguridad y de violencia que respiran muchas de las familias del norte, occidente o sur del país, y ser consecuentes con el pulso de la sociedad y una coyuntura altamente compleja, que exige grandes soluciones.
Si bien la Consulta Popular sería el instrumento de democracia participativa más adecuado para recoger el sentir de la mayoría del pueblo soberano en torno a que las Fuerzas Armadas permanezcan más tiempo en las calles y que la GN pase a formar parte del Ejército, este ejercicio tiene la limitante de que no se puede utilizar para decidir sobre temas de derechos humanos, fiscales, financieros y de seguridad nacional.
Sin embargo, hay otros instrumentos no reconocidos formalmente, pero igualmente eficaces, para conocer el sentir de la mayoría del pueblo. Son los estudios demoscópicos, entre los que destacan los sondeos y las encuestas.
Quien pregunta no se equivoca y, con independencia de la eventual utilización de instrumentos como el Plebiscito, el Referéndum, la Consulta Popular o la Iniciativa Ciudadana, queda la alternativa de sondear a las y los habitantes.
Y eso hará el Ejecutivo federal, para evidenciar que la Iniciativa sobre la Guardia Nacional no es un capricho personal ni un desplante autoritario, sino una demanda muy sentida de la sociedad, con amplia raigambre popular.
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