CUERNAVACA, MOR . 07 072026.- La solución no es subir el pasaje; es auditar las concesiones.
¿Y si el gobierno se atreviera a hacer lo que ningún gobernador ha querido hacer en los últimos treinta años?
¿Y si, en lugar de concentrar el debate en la digitalización del transporte público, ordenara una Auditoría total de todas las concesiones y permisos para descubrir quiénes son sus verdaderos propietarios?
Ésa sí sería una auténtica revolución en el transporte de Morelos.
Porque, seamos sinceros, la inmensa mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabe qué significa la famosa digitalización. ¿Consistirá en pagar con tarjeta?
¿Habrá GPS en las unidades?
¿Botones de pánico? ¿Cámaras? ¿Aplicaciones para seguir las rutas?
Nadie lo ha explicado con claridad.
Lo único que el pueblo sí entiende es que, de un día para otro, el pasaje pasó de diez a trece pesos.
Un incremento del 30 por ciento que golpea directamente el bolsillo de quienes menos tienen.
La explicación oficial sostiene que el aumento permitirá modernizar el transporte. Pero la ciudadanía responde con una pregunta de sentido común: ¿por qué primero tenemos que pagar más para después esperar que algún día lleguen las mejoras?
Hoy siguen circulando unidades viejas, con deficiencias mecánicas, asientos deteriorados y un servicio que con frecuencia deja mucho que desear.
Persisten las quejas por malos tratos, el incumplimiento de descuentos a estudiantes y adultos mayores, operadores que conducen bajo enorme presión económica y una inseguridad que durante años ha convertido al transporte público en escenario de asaltos e incluso de hechos de violencia.
Pero el problema más profundo quizá ni siquiera esté en las unidades. Está en el modelo.
Las concesiones fueron concebidas para que el trabajador del volante fuera también el propietario de su unidad.
La intención era impedir monopolios, proteger a los operadores y evitar que unos cuantos controlaran el transporte público.
Sin embargo, con el paso de los años surgieron señalamientos de concentración de concesiones y de un mercado irregular de permisos que habría desvirtuado por completo aquel propósito original.
Hoy muchos choferes trabajan para entregar una cuenta diaria a quienes obtienen ingresos sin manejar una sola unidad.
El operador carga con el riesgo, el desgaste y la responsabilidad; el usuario paga cada vez más; y la pregunta inevitable es: ¿quién se queda con las ganancias?
Por eso la verdadera reforma no empieza con una tarjeta electrónica. Empieza con una Auditoría integral del Padrón de Concesiones.
El gobierno debe transparentar quién es el propietario legal de cada permiso, quién explota realmente cada unidad y si existen concentraciones que contravengan el espíritu o las disposiciones que rigen el sistema.
Si de esa revisión se desprenden irregularidades, la autoridad debe actuar conforme a la ley, revocar las concesiones cuando proceda y garantizar que el transporte vuelva a cumplir su función social.
Quien trabaja detrás del volante debería tener la oportunidad de ser propietario de su concesión, no permanecer toda la vida entregando una cuenta diaria mientras otros obtienen ganancias sin prestar el servicio.
La digitalización puede ser bienvenida. La tecnología ayuda. Pero ningún código QR sustituye frenos en buen estado. Ninguna aplicación reemplaza unidades dignas. Ningún sistema electrónico corrige, por sí solo, un modelo que durante años ha sido cuestionado por usuarios y operadores.
El verdadero desafío del gobierno no consiste en justificar un aumento del 30 por ciento. Consiste en demostrar que tiene la voluntad de enfrentar los intereses que durante décadas han dominado el transporte público.
Porque, al final, la pregunta no es por qué el pasaje cuesta trece pesos.
La pregunta es mucho más incómoda:
¿Quién se queda con esos tres pesos adicionales? eusebiogimeno@gmail.com