GINEBRA 24 04 2025 (Especial).- El Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) publicó hoy sus observaciones finales sobre Jamaica, México y Níger.
Las observaciones contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como los aspectos positivos identificados. Entre los puntos más destacados se encuentran:
JAMAICA
El Comité reconoció los esfuerzos de Jamaica para combatir la trata de personas y celebró la ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la OIT (2011, núm. 189), así como la implementación del plan nacional de desarrollo “Visión 2030 Jamaica”, alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que respalda los esfuerzos por abordar la emigración y la “fuga de cerebros” en el país.
El Comité expresó su preocupación por la legislación migratoria de origen colonial que penaliza la migración irregular y carece de garantías de debido proceso.
Recomendó acelerar la reforma legislativa iniciada por el Ministerio de Asuntos Jurídicos y Constitucionales para eliminar leyes obsoletas que afectan a personas trabajadoras migrantes y sus familias, y armonizar la legislación migratoria con la Convención.
En particular, recomendó despenalizar la migración irregular. También pidió derogar disposiciones sobre “inmigrantes prohibidos”, que discriminan a personas migrantes con discapacidad y a hijas e hijos de trabajadores migrantes en situación irregular.
Asimismo, recomendó eliminar gradualmente la detención migratoria, y cesar la práctica de separar a niñas y niños de trabajadores migrantes indocumentados de sus padres y colocarlos bajo custodia estatal. Solicitó también que las apelaciones contra decisiones de expulsión tengan efecto suspensivo automático por ley.
El Comité observó además la limitada cantidad de acuerdos de seguridad social con países que albergan a personas migrantes jamaiquinas, e instó a Jamaica a ampliar dichos acuerdos para promover y proteger sus derechos dentro y fuera del país.
MÉXICO
El Comité tomó nota de los esfuerzos de México por armonizar su Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), mediante la reforma legal de 2020, en particular para poner fin a la detención de niñas, niños y familias migrantes y sus familias. También celebró las recientes iniciativas adoptadas por el Estado para fortalecer la asistencia y protección consulares a sus nacionales en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América.
El Comité expresó preocupación por la creciente militarización de la gestión migratoria, la participación de empresas privadas de seguridad, y el uso generalizado de operativos de verificación migratoria en todo el país por actores sin facultades legales para ello. El Comité instó al Estado parte a cesar la participación de las Fuerzas Armadas en funciones migratorias, a poner fin a la subcontratación de funciones clave a actores privados, y a fortalecer los mecanismos nacionales de supervisión y rendición de cuentas. Asimismo, el Comité manifestó preocupación por el uso continuo y generalizado de la privación de libertad por motivos migratorios, haciendo un llamado urgente a respetar el límite máximo de 36 horas de detención en estaciones migratorias, poner fin a esta práctica y establecer salvaguardas sólidas para las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, con políticas públicas que prioricen su protección sobre consideraciones de seguridad, junto con mecanismos de monitoreo y acceso para la sociedad civil.
NIGER
El Comité celebró la adopción de la política nacional de migración y su plan de acción (2020–2035), así como la Ley núm. 2019-29 sobre el sistema de registro civil, que promueve el principio de declaración universal de hechos del estado civil, incluso para personas migrantes y refugiadas. También reconoció los múltiples desafíos que enfrenta el Estado parte, como la inestabilidad política tras los acontecimientos de julio de 2023, la inseguridad alimentaria y los efectos adversos del cambio climático, los cuales dificultan la implementación plena de la Convención.
El Comité expresó preocupación por la disolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la falta de establecimiento del observatorio nacional de derechos humanos que debía reemplazarla. También manifestó inquietud por la derogación de la ley contra el tráfico ilícito de personas en 2023, las violaciones a los derechos de personas migrantes por parte de autoridades fronterizas, los casos de expulsiones colectivas y bloqueos en las fronteras, así como el abandono de personas migrantes expulsadas en masa al desierto del Sahara.
El Comité instó al Estado parte a adoptar un enfoque basado en derechos humanos para la gestión de fronteras, reforzar las labores de búsqueda y rescate, respetar el principio de no devolución (non-refoulement), prohibir las expulsiones arbitrarias y colectivas, y brindar asistencia inmediata a las personas migrantes rescatadas o interceptadas.
*Antecedentes:
El Comité sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados que la han ratificado, la cual cuenta actualmente con 60 Estados parte. El Comité está compuesto por 14 personas expertas independientes en derechos humanos de todo el mundo,v quienes actúan a título personal y no como representantes de sus países.