Procuro no abordar en espacios editoriales temas particulares o cercanos a mis afectos personales, pero la politización y partidización con que se ha venido tratando el tema de la inseguridad en Zacatecas, en tiempos electorales, obligan a hacer una excepción.
Cuando goberné Zacatecas (1998-2004), el panorama del Estado era desalentador: crisis de inseguridad, económica y financiera, de seguridad social, educativa y de ocupación. A esto habría que agregarle la explotación irracional de los recursos mineros de la Entidad, que otrora fueron fuente importante de generación de riqueza y desarrollo social.
Al concluir, era la segunda Entidad más segura del país, según los indicadores de hace tres décadas. Recuerdo que en seis años hubo solo un secuestro, que se resolvió en 48 horas, y una “fuga” momentánea de reos del penal de Concha del Oro, cuando un grupo de ellos, al caerse la barda del centro penitenciario, salió para avisar al municipio de lo sucedido y ponerse a su disposición para ayudar a reconstruir la barda. Ninguno se fugó y junto con los trabajadores de la construcción rehicieron el muro. Así era el Estado y así eran sus penales hace 30 años.
Vino la guerra de Calderón y todo cambió, no solo en Zacatecas, sino en el país entero. El penal de Cieneguillas se convirtió en el centro penitenciario de los Zetas (autogobernado por ellos, como inquilinos principales), de donde se fugaban cada que querían. La fractura al interior del Cartel de Sinaloa (los Beltrán Leyva vs. el Chapo y el Mayo) transformó al Estado en el escenario territorial de esa batalla campal.
La alianza entre los Beltrán Leyva y los Zetas de Tamaulipas condujo a estos a Coahuila y Zacatecas, convirtiendo al centro de la Entidad en una auténtica frontera criminal entre sendos carteles. Y el municipio más extenso de esa guerra no convencional fue Fresnillo. Desde 2008, se detonó en las zonas rurales un conflicto que va cambiando de actores: Zetas vs. Sinaloa; los Cabrera de Durango vs. los del Noreste del Z-40 y, recientemente, Cartel Jalisco vs. Mayos.
Con Policías municipales percibiendo el Salario Mínimo Profesional; Policías estatales sin capacidad de fuerza frente al armamento de los carteles, y Jueces sometidos a la presión del plomo o plata, los municipios del centro de Zacatecas, uno a uno, sucumbieron ante el avance de los grupos criminales. Solo el Ejército y la Guardia Nacional tienen la capacidad de fuerza para confrontarse con esas agrupaciones paramilitares de la delincuencia organizada.
Querer reducir la responsabilidad de enfrentar a los grupos transnacionales del crimen organizado a uno o dos órdenes de gobierno locales es carecer de visión integral ante un problema estructural. Pero esto suelen hacer en tiempos electorales quienes pasean a los muertos en los mítines de campaña. Algunos partidos hacen votar a los difuntos; otros, los sacan a marchar, pero nadie o muy pocos dicen cómo evitar que la violencia criminal ceda, finalmente, su lugar a la paz con justicia.
Debe recordarse, por ejemplo, que el 15 de diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la sentencia en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por parte de elementos del Ejército en 1974. Este órgano de justicia convencional halló al Estado mexicano responsable de la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica del señor Radilla, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías y a la protección judicial de sus familiares.
La CIDH concluyó en 2005 que 31 años de ineficacia de las diferentes instancias de procuración y administración de justicia de la nación mexicana (específicamente durante el apogeo del régimen prianista) justificaban la intervención de ese Tribunal internacional. En total, pasaron 35 años para que finalmente se condenara al Estado mexicano por uno de los cientos de casos de desaparición forzada suscitados en el último tercio del siglo XX.
Ante un problema estructural, como lo es la violencia sistemática ejercida sobre grandes sectores de la población por parte del crimen organizado, no se puede adjudicar toda la responsabilidad a las autoridades municipales o estatales, en tanto que, según la interpretación oficial de los primeros Artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las personas, así como de la reparación del daño a las víctimas, no son las autoridades locales, sino, principalmente, los Estados nacionales, con independencia de si los agentes gubernamentales o estatales tuvieron participación.
Lo anterior, en función de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. instrumento internacional en que se refrenda el principio de soberanía estatal, aspecto crucial para dirimir los conflictos y ordenar las relaciones entre los diferentes Estados nacionales. Por ende, el problema de la grave inseguridad que azota a la mayoría de las Entidades del país le corresponde, principalmente, a las autoridades federales, pues ostentan la representación oficial del Estado nacional.
Así, no es congruente que las mismas fuerzas políticas que condujeron al país a una espiral de violencia generalizada y que, paulatinamente, con su negligencia o indolencia, entregaron amplios territorios a diversos grupos de la delincuencia organizada, se muestren tan enérgicas para señalar los supuestos errores en materia de seguridad de los gobernantes emanados de la 4T.
Por el contrario, dados sus antecedentes, deberían limitar los altos niveles de cinismo con que pretenden sacar raja política de cada nota roja, que exhibe la tragedia del pueblo a merced del lacerante contexto de criminalidad.
A pesar de todo y tras 15 años de haberse iniciado la guerra de Calderón, Zacatecas empieza por fin a registrar mejoría: en los primeros dos años de la actual administración estatal, las muertes dolosas disminuyeron de 1,741 en 2021 a 1,058 en 2023; el secuestro pasó en el mismo período de 17 casos a 9, y la extorsión, de 486 casos denunciados en 2021, a 482 en 2023. Otros delitos, en cambio, sí subieron: la desaparición de personas fue de 909 casos denunciados en 2021 a 1,068 en 2023.
Pero nada de esto se ve en un contexto electoral crispado, ideológicamente polarizado, en el que ni los muertos descansan en paz y donde el contexto de guerra sucia o campaña negra lleva a desestimar incluso los logros más evidentes, cuando vienen de adversarios políticos.
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