El desmantelamiento de la red conocida como “El Caballito”, dedicada a operar empresas factureras en distintos estados del país, refleja un cambio en la estrategia del gobierno federal para combatir estructuras vinculadas con lavado de dinero y delincuencia organizada.
Para Luis Pérez de Acha, abogado fiscalista, resulta positivo que las autoridades dirijan sus esfuerzos contra organizaciones que operan mediante Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), aunque considera que la respuesta llegó tarde debido al crecimiento que tuvo este fenómeno en los últimos años.
«Me parece que están golpeando el corazón de estas bandas delictivas. La señal más clara es el operativo coordinado que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) de manera simultánea en cuatro o cinco estados”, comentó.
En entrevista, Pérez de Acha explicó que históricamente el combate a las factureras se libró desde el ámbito tributario, principalmente a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin una coordinación efectiva entre las distintas dependencias encargadas de perseguir delitos financieros.
Ahora estamos viendo un cambio de enfoque. El combate ya no se centra únicamente en la evasión fiscal, sino en el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Es un cambio de paradigma que debemos observar con atención”, señaló.
Respuesta a las presiones de Estados Unidos
Pérez de Acha consideró que la presión ejercida por Estados Unidos en los últimos meses, particularmente por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, así como por el seguimiento a empresas utilizadas por los cárteles para operar financieramente, contribuyó a que las autoridades mexicanas actuaran de forma coordinada contra las factureras y empresas fantasma.
A ello se suma, dijo, la reestructuración operativa dentro de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares. Sin embargo, advirtió que aún se requieren ajustes normativos para fortalecer el combate al lavado de dinero.
«Con las herramientas actuales es posible combatir este problema, como lo demuestra esta actuación. El combate a las factureras no es sencillo, pero tampoco es imposible”, afirmó.
Aún faltan sentencias por lavado de dinero
El especialista en derecho fiscal, administrativo y constitucional señaló que, en el caso de “El Caballito”, donde fueron detenidas ocho personas acusadas de delincuencia organizada por la emisión de comprobantes fiscales falsos, todavía será necesario esperar el desarrollo de los procesos judiciales.
Asimismo, consideró fundamental que las investigaciones alcancen a los verdaderos operadores y beneficiarios de estas estructuras, y no únicamente a quienes figuran formalmente como representantes de las empresas.
«Lo importante es que se llegue a los verdaderos dueños de estos negocios y no solo a quienes aparecen en los documentos de las factureras, que muchas veces son prestanombres”, indicó.
Pérez de Acha confió en que, en el corto y mediano plazo, las autoridades emprendan acciones contra los líderes de redes de empresas fantasma y, especialmente, logren sentencias condenatorias por lavado de dinero.
El desmantelamiento de “El Caballito”
Las autoridades federales desarticularon la organización conocida como “El Caballito”, integrada por al menos 15 empresas y una asociación civil, presuntamente responsables de un esquema de defraudación por alrededor de 12,000 millones de pesos.
En el operativo participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, explicó que la red operaba a través de 15 empresas y una asociación civil con presencia en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
«Los beneficiarios de la marca constituyeron empresas para ofrecer servicios de planeación laboral y una asociación civil mediante la cual ejecutaban el esquema de facturación, asesorando a otras compañías en materia de planeación laboral”, detalló.
Los ocho detenidos permanecen actualmente en un penal de Michoacán, donde enfrentan los procesos judiciales correspondientes.