El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, rechazó que el gobierno capitalino negara la demolición del inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, donde fallecieron tres personas y una más resultó herida tras su desplome.
En un video difundido en sus redes sociales, el funcionario señaló que el documento presentado por la alcaldía Cuauhtémoc con fecha del 25 de septiembre no corresponde a una negativa de licencia de demolición, sino a otro trámite administrativo.
“No se negó la licencia en ningún momento”
“Se trata de la respuesta a una solicitud del trámite llamado Publicitación Vecinal para Licencia de Construcción Especial de Demolición. En ese documento se le solicita a la empresa entregar planos, subsanar observaciones, entregar memorias técnicas y otros documentos, dándole para ello cinco días hábiles sin negarle la licencia en ningún momento”, explicó.
Muñoz Santini refirió que el documento no demuestra si posteriormente la licencia fue negada o autorizada, por lo que será la propia alcaldía quien deba informar con precisión sobre sus actuaciones.
Daños estructurales desde los sismos de 2017
Explicó que el edificio presentaba daños estructurales severos derivados de los sismos de 2017, condición que fue dictaminada desde 2018 por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, y tras lo cual sus propietarios fueron notificados sobre la necesidad de llevar a cabo el proceso de demolición.
Muñoz Santini precisó que, conforme a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, cuando se trata de predios privados con usos no habitacionales, como oficinas o comercios, la Comisión para la Reconstrucción se limita a determinar la aplicación de facilidades administrativas o fiscales.
La responsabilidad de la alcaldía Cuauhtémoc
Refirió que el 20 de octubre de 2025, mediante oficio, la alcaldía Cuauhtémoc fue notificada de la aplicación de facilidades administrativas a los propietarios del inmueble, por lo que, en caso de autorizar la demolición, debería asegurarse, como la ley le obliga, de que los dueños del predio contaran con un programa de demolición avalado por un director responsable de obra, un programa de Protección Civil, una póliza que cubriera daños a terceros y medidas de protección a colindancias.
Finalmente, reiteró que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la instancia encargada de realizar las investigaciones para deslindar responsabilidades.