Por: Ricardo Monreal Ávila
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Las primeras tres semanas de trabajo del actual Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión han sido de gran intensidad.
Las primeras tres semanas de trabajo del actual Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión han sido de gran intensidad, pues el Poder Legislativo está colaborando desde su trinchera para que las instituciones del Estado mexicano atiendan de manera oportuna los problemas más urgentes de nuestro país. Uno de los temas de mayor importancia actualmente es el de la seguridad pública y la creación de una Guardia Nacional, la cual se pretende echar a andar para sustituir a las Fuerzas Armadas en las tareas que éstas han desarrollado desde hace dos sexenios.
La propuesta enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión despertó una serie de polémicas importantes en relación con la naturaleza de la conformación de la nueva institución de seguridad, desde el carácter del mando que la dirigirá —civil o militar—, hasta el adiestramiento con el que se formará al personal operativo que la integrará.
La llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 no previó los efectos colaterales que implicaba sacar a los elementos militares a las calles. Nunca hubo un marco normativo que regulara sus actividades, ni se habló del tiempo que intervendrían en tales tareas; no hubo siquiera una verdadera estrategia y se optó por la opacidad operacional y funcional, que trajo como consecuencia fallas logísticas, las cuales incluso derivaron en la muerte de civiles, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.
Desgraciadamente, el modelo de seguridad adoptado por otras administraciones federales, en lugar de arrojar resultados positivos, recrudeció el problema de la violencia en el país. El Senado de la República es consciente de la urgencia que se tiene para atender tal situación, y está trabajando para dar una guía jurídica para que pueda comenzar la pacificación del país.
Existe la voluntad, en la Cámara Alta, para generar ejercicios de reflexión que coadyuven a desarrollar un trabajo legislativo incluyente y plural. Lo ocurrido en los días previos, durante la discusión de la minuta sobre la creación de la Guardia Nacional, es muestra fehaciente del compromiso asumido por la presente Legislatura para sentar las bases que permitan desarrollar en México un modelo de trabajo de Parlamento abierto; ya no es sostenible el quehacer legislativo alejado de la participación ciudadana.
Unas de las preocupaciones expresadas por observadores internacionales, integrantes de la sociedad civil y de la academia, así como por los grupos políticos, se centró en que la formación del cuerpo operativo de la Guardia Nacional y su mando superior fueran enteramente de carácter civil; a su vez, se enfatizó la necesidad de fijarle a los efectivos militares una fecha límite de permanencia fuera de los cuarteles. Las inquietudes y demandas ciudadanas se tradujeron en cambios concretos dentro del dictamen que finalmente fue avalado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
El proyecto de decreto en materia de Guardia Nacional no tiene nada que ver con la anterior Ley de Seguridad interior aprobada anteriormente, y después declarada inconstitucional no hace mucho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las premisas fundamentales plasmadas en el artículo primero de nuestra Carta Magna sobre el respeto a los derechos humanos fueron la línea política que orientó el trabajo realizado en el Senado para la aprobación del dictamen, que en resumidas cuentas propicia el fortalecimiento del Estado de derecho en México y promueve la búsqueda de soluciones democráticas que atienden puntualmente el problema de la seguridad pública.
Así, el producto final de los trabajos realizados en el Senado incluye la supremacía del orden civil por encima del militar, el mando no será mixto, como se previó en un principio; habrá rendición de cuentas, al tiempo que se buscará fortalecer a las policías estatales y municipales; la formación de los integrantes de la Guardia Nacional será de carácter policial, no militar, y algo muy importante: mientras se configura esa institución durante los próximos cinco años, los elementos de las Fuerzas Armadas realizarán tareas de seguridad pública en territorio nacional, pero al término de este tiempo, regresarán irrevocablemente a sus cuarteles.
La paz, la tranquilidad y la seguridad son demandas generalizadas en todo México desde hace décadas. Se atenderán, sí, con instrumentos como el aprobado por el Senado, pero también resolviendo las causas que dieron origen a la grave crisis de seguridad que impera en el país: la falta de oportunidades, el desempleo, la impunidad, la corrupción, el abandono y la descomposición del tejido social.
La desmilitarización de la seguridad pública es una condición indispensable de los Estados sólidos y democráticos; la pauperización del Estado mexicano orilló a la implementación de lastres y cargas excesivas al Ejército y a la Armada de México, las instituciones mejor evaluadas en todos los índices de percepción de confianza en las instituciones. Por ello, el regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas se hará de manera paulatina, al tiempo que se privilegiará la protección de los derechos humanos, la honradez y la profesionalización de los contingentes que se integren en la Guardia Nacional.
Para poder articular esto último de mejor manera, se desarrollará un ordenamiento secundario: la Ley General del Uso de la Fuerza, con la que se podrán contener las posibles violaciones a derechos humanos; lo aprobado por el Senado contempla que los elementos de la Guardia Nacional serán, cuando así se requiera, juzgados por tribunales civiles y no por tribunales militares, en atención a las acotaciones de personas expertas, organizaciones civiles y observadores internacionales en un esquema de Parlamento abierto.
En el Senado no echamos las campanas al vuelo; sabemos que tenemos muchos compromisos por delante, no obstante que los resultados están reflejando otra manera de hacer política: una más incluyente, plural y democrática. En este tema en particular atestiguamos un maduro ejercicio de representación política.
Congratulémonos por la aprobación en el Senado, por unanimidad, del proyecto de decreto en materia de Guardia Nacional. Esperemos que sea el inicio de una etapa de diálogo y concordia en el marco de la cuarta transformación del país.