Fue girada una orden de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo empresario Víctor Álvarez Puga, a quienes se les acusa de la comisión de los delitos de peculado, delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con varios medios de comunicación, la conductora evitó anteriormente un juicio por evasión fiscal, al pagar más de 10 millones de pesos a Hacienda por contribuciones omitidas.
Gómez Mont es reconocida por participar en programas como “Ventaneando”, “Los 25+” de TV Azteca, y “Cuéntamelo ya” de Televisa.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, giró los mandamientos de captura en la causa penal 314/2021, por solicitud de la Fiscalía General de la República.
En el origen, denuncia de Función Pública
Según autoridades consultadas por el diario Reforma, este asunto tiene su origen en una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública a contratos que la Segob, en tiempos de Miguel Osorio Chong, asignó sin licitación de por medio a empresas que luego habrían triangulado 2 mil 950 millones de pesos a “factureras”.
Estas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (Efos) o “factureras” estarían relacionadas con el despacho contable de Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión.
El 21 de agosto de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también denunció por lavado de dinero a Juan Manuel Flores Athié, titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Segob, en el sexenio pasado, así como a 17 personas físicas y morales, por lavado.
En el caso de Álvarez Puga y su esposa, quienes se encuentran fuera del país, uno de los delitos imputados -la delincuencia organizada- prevé la prisión preventiva oficiosa, lo que impide al imputado llevar su proceso en libertad, en caso de ser detenido.
Los problemas legales de Álvarez Puga no son nuevos, ya que el 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon las oficinas de su despacho Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló en ese entonces que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
FUENTE: AGENCIAS
CANDELERO, 11-09-2021