Tras las denuncias de agresiones contra familias de personas desaparecidas durante una protesta en la Calzada de Tlalpan, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de una investigación exhaustiva sobre el actuar de los elementos policiales y ofreció una disculpa pública por los hechos registrados este martes.
La movilización, integrada mayoritariamente por colectivos de madres buscadoras, avanzaba hacia el sur de la capital cuando fue interceptada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la altura de la avenida Ermita.
Según los informes oficiales, los uniformados establecieron una «línea de contención» con el objetivo de evitar el cierre total de la vialidad y garantizar la movilidad previo al encuentro entre México y Ecuador.
Sin embargo, esta acción derivó en momentos de tensión que quedaron registrados en videos, donde se observan forcejeos, empujones e intentos por parte de los policías de arrebatar mantas y carteles de protesta.
Los colectivos denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y gritos por parte de los oficiales en su intento de silenciar la manifestación.
INVESTIGACIÓN Y POSIBLES SANCIONES
Ante la gravedad de los señalamientos, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, instruyó a las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos realizar una indagatoria a profundidad para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles violaciones a los protocolos de actuación.
Vázquez Camacho subrayó que en ningún momento se emitió una orden para limitar la libertad de expresión o reprimir al contingente, y advirtió que cualquier conducta contraria a la normatividad será sancionada.
La dependencia reiteró su rechazo a cualquier acto que vulnere los derechos de las personas, especialmente de quienes abanderan causas legítimas.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, lamentó profundamente los incidentes y ofreció disculpas a las personas afectadas en nombre de la administración local.
El funcionario explicó que, bajo las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la política oficial ha sido conciliar la «euforia mundialista» con el derecho a la protesta, buscando que las demandas de los colectivos de búsqueda puedan visibilizarse incluso en el entorno de los partidos del Mundial.
Cravioto Romero enfatizó que se ha mantenido un diálogo permanente para facilitar que estas causas lleguen a la opinión pública sin comprometer el acceso de los aficionados a los estadios.