La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó el decreto —que será publicado este 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF)— mediante el cual se implementará un plan de fortalecimiento de Talleres Gráficos de México (TGM), con el objetivo de consolidarlo como un organismo público descentralizado con mayor transparencia, vigilancia y capacidad para producir material electoral, documentos e impresos oficiales de la Administración Pública Federal.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, según cita un comunicado de prensa, la funcionaria explicó que el plan contempla consolidar a TGM como la imprenta del Gobierno federal, establecer convenios modelo con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), crear un almacén nacional de materiales y un catálogo único de productos y precios.
“¿Qué es lo que buscamos obtener con estas acciones? Imprenta de todo el gobierno, consolidar formatos, actas, títulos y gacetas de Administración Federal; el servicio a los estados y a las OPLEs como un convenio modelo para la producción de documentación y materiales electorales; el almacén nacional de materiales que sirve para recuperar, reparar, reutilizar las urnas, los canceles entre elecciones, que no solamente es ahorro, también tiene que ver con el medio ambiente; y un catálogo único para los OPLEs que permitirá las mismas especificaciones, los rangos y los precios en todo el país.
“También las alianzas con centros de investigación e instituciones de Educación Superior que servirá como las acciones para el desarrollo, certificación y control de calidad de materiales e insumos. Y, sobre todo, y tiene que ver también con la obtención de ahorros, la optimización de recursos y la planta propia”, destacó.
Rodríguez Velázquez informó que Talleres Gráficos produjo 317 millones de boletas electorales en 2024 y 602 millones en 2025, además del líquido indeleble desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde 1994.
Sin embargo, señaló que en el ámbito local persiste la dependencia de proveedores privados, pues en 2024, 19 de los 32 OPLE, equivalentes al 59 por ciento, no imprimieron sus boletas electorales en TGM y las adquirieron mediante licitaciones o adjudicaciones directas.
Para optimizar los recursos públicos, el decreto establece cambios estructurales que se desarrollarán en 2 fases, la primera de noviembre de 2026 a junio de 2027 y la segunda de julio de 2027 a 2030.
En la primera etapa se contempla reestructurar la Junta de Gobierno del organismo, que pasará de 5 a 7 integrantes. Estará presidida por la Secretaría de Gobernación e integrada también por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como 3 consejeros independientes.
Asimismo, se designa como nueva titular de Talleres Gráficos de México a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, doctora en Políticas Públicas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, quien desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos de TGM.
Los 3 integrantes independientes serán Ángel Eustorgio Rivera González, del IPN; Raúl Juan Contreras Bustamante, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Josefina Cortés Campos, del Tecnológico de Monterrey.
Entre las medidas de transparencia se incluye la creación de un padrón público de contratistas y proveedores, con una valoración de sus capacidades técnicas, materiales, operativas, administrativas y financieras, así como un registro público en datos abiertos de los contratos y convenios celebrados y sus procesos de ejecución.
También se contempla solicitar anualmente una auditoría voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), prohibir la contratación de empresas sancionadas, observadas por la ASF o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), y establecer precios homologados autorizados por la Junta de Gobierno para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLE.
Además, la persona titular de la Dirección General no deberá haber sido representante, socio o empleado de proveedores de material electoral durante los 5 años previos a su nombramiento.
Para la segunda fase, de julio de 2027 a 2030, se contempla formular la Ley de la Imprenta Nacional de México, que establecerá un mandato exclusivo para la producción de documentación y material electoral, así como documentación de seguridad.
También se propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos, bajo las especificaciones y el control de calidad del INE.
Esta etapa incluye la modernización de infraestructura y equipamiento, la consolidación de compras mediante un catálogo único, la creación de un almacén nacional para rehabilitar y reutilizar materiales entre elecciones y la puesta en operación de una planta propia entre 2028 y 2030.
De acuerdo con el calendario de implementación, en noviembre de 2026 se formalizará el decreto de reforma, la aportación de capital en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y los convenios con los OPLE pendientes de adjudicación.
Entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se emitirán el Estatuto Orgánico, el padrón de proveedores y el programa de inversión. Para 2027 se prevé avanzar en la producción bajo un esquema de datos abiertos, las iniciativas legislativas y la presentación de un informe público de ahorros y resultados de auditoría.
FUENTE ; EFE