El Gobierno de México anunció que destinará recursos para fortalecer la infraestructura hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de atender los problemas de calidad y suministro de agua que han generado inconformidad social y movilizaciones ciudadanas en las últimas semanas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Federación participará en el financiamiento de las obras necesarias para mejorar el servicio de agua potable en la capital jalisciense y municipios conurbados, donde viven alrededor de dos millones de personas.
La mandataria explicó que los proyectos contemplan una inversión estimada de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos. Sin embargo, precisó que aún se trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Jalisco para definir el esquema financiero que permita ejecutar las obras sin incrementar la deuda pública estatal.
Sheinbaum adelantó que sostendrá una reunión con autoridades jaliscienses para analizar los mecanismos de financiamiento y establecer una ruta de colaboración que garantice la realización de los proyectos hidráulicos. El objetivo, dijo, es que la aportación federal contribuya a solucionar una problemática que afecta a miles de familias de la zona metropolitana.
La presidenta destacó además que la administración estatal, encabezada por Pablo Lemus, ya desarrolla inversiones por aproximadamente 7 mil 500 millones de pesos para la construcción y fortalecimiento de infraestructura relacionada con el tratamiento y potabilización de agua.
El anuncio ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana por las condiciones del servicio en Guadalajara. Habitantes de distintos sectores han denunciado la presencia de agua con turbiedad, olores desagradables y episodios recurrentes de interrupciones y racionamiento en el suministro doméstico.
La crisis derivó en manifestaciones realizadas durante octubre, en las que ciudadanos exigieron soluciones definitivas para garantizar el acceso a agua potable de calidad. Algunas de estas movilizaciones concluyeron con enfrentamientos, daños materiales y detenciones efectuadas por autoridades de seguridad.
En una de las protestas fueron arrestadas 39 personas, quienes posteriormente recuperaron su libertad. Días después se registró una nueva movilización en la que las autoridades reportaron otras diez detenciones relacionadas con presuntos actos de vandalismo.
Paralelamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene investigaciones sobre posibles irregularidades en la actuación policial durante las manifestaciones, mientras organizaciones civiles han solicitado que se garantice el derecho a la protesta y se esclarezcan los hechos denunciados por los participantes.
Las acciones anunciadas por el Gobierno federal buscan atender una problemática que se ha convertido en una de las principales demandas sociales en la segunda área metropolitana más poblada del país, donde vecinos y colectivos continúan exigiendo mejoras permanentes en el abastecimiento y la calidad del agua.