Las familias afectadas por el incendio en la guardería ABC de esta ciudad, ocurrido hace casi diez años, no han podido sostener un duelo, porque han estado enfrascadas en la incesante búsqueda y exigencia de justicia.
Así lo expuso el asesor legal de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, quien subrayó que en la tragedia, que dejó 49 niñas y niños muertos, así como 106 lesionados, se debe atender lo prioritario que es la justicia.
En entrevista exclusiva para Notimex, dijo que “las tumbas de los niños les están recordando lo que tienen que hacer, a las mamás no se les pueden olvidar sus hijos e hijas; no va a cesar la exigencia de justicia porque transcurra un tiempo determinado”.
El 5 de junio de 2009, poco después del mediodía, se registró el incendio en la guardería ABC subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esta ciudad, en la que 25 niñas y 24 niños perdieron la vida.
No es posible que el hilo se rompa por lo más delgado y la responsabilidad de la tragedia recaiga en funcionarios menores de los tres niveles de gobierno, planteó el abogado al hablar sobre el estado que guardan los procesos legales sobre el caso.
En menos de dos meses, enfatizó, se cumplirá una década de los hechos que se constituyeron en la peor tragedia infantil que se haya registrado en México y no ha sido posible establecer la verdadera causa del incendio.
Lo que es incuestionable es que el fuego inició en una bodega continua a la estancia infantil, propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, ubicada en la colonia Y Griega del sur de Hermosillo, aseveró.
La propagación de las llamas ocasionó la tragedia en la guardería, que enlutó a 49 familias e hizo que 106 menores tengan que lidiar de por vida con las secuelas que el humo y el fuego, así como 14 asistentes educativas que sufrieron daños y lesiones.
Recordó que Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se hizo cargo de la investigación –que luego atrajo la Procuraduría General de la República (PGR)- y señaló con premura que la causa del incendio fue el sobrecalentamiento en el motor de un cooler —enfriador- que operaba en la bodega y se trataba de hecho accidental.
Las responsabilidades que se determinaron, explicó, fueron por delitos que se conocen como culposos, es decir aquellos que se cometen sin la intención o delitos de omisión, en ese contexto se procesaron 22 personas.
Entre ese grupo de procesados están empleados de los tres niveles de gobierno y dos particulares que son dos socios de la estancia infantil ABC y se trata de Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, refirió.
Esos propietarios de la guardería ABC, anotó, tienen una sentencia, cada uno, de 28 años de prisión dictada por el Juez de Primera Instancia federal y ratificada por un Tribunal Unitario en grado de apelación.
“Cuando ellos apelaron la sentencia la ratificó el magistrado y es la que están combatiendo en la vía de amparo y es la que tiene ahora la SCJN”, dijo.
El abogado de las familias de un grupo de víctimas mortales del incendio de la guardería ABC precisó que 22 personas fueron procesadas por los delitos de homicidio y lesiones culposas y, en algunos casos, por ejercicio indebido del servicio público.
Mencionó que 19 inculpados tienen dos sentencias condenatorias, la que determinó el Juez Primero de Distrito en el expediente 125/2009 y la que determinó el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito con sede en Hermosillo.
Esas personas en este momento enfrentan sus respectivos procesos en libertad bajo caución y tres personas -que eran empleadas del área de guarderías del IMSS en Sonora- obtuvieron sentencias absolutorias.
Los 19 casos, por la vía de amparo, se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero originalmente tomó conocimiento de esos un Tribunal Colegiado de Hermosillo a solicitud de Manos Unidas por Nuestros Niños, anotó.
El octubre pasado, se determinó que la SCJN ejerciera su facultad de atracción y todos los juicios los resuelva la sala penal y establezca mayor certeza jurídica respecto de la responsabilidad penal de los involucrados por homicidio y lesiones por omisión.
Por otra parte, en la Fiscalía General de la República (FGR) existe una averiguación previa de abril de 2013 y una carpeta de investigación que se inició en agosto de 2016 que plantean la hipótesis de la intencionalidad del siniestro.
“Las personas que eventualmente pudieran tener responsabilidad en esos hechos son personas que laboraban en la Secretaría Técnica del Ejecutivo a cargo de Juan Carlos Lam Félix, durante el mandato del entonces gobernador Eduardo Bours”, dijo Alvarado Serrano.
Consideró que los hechos se alteraron e hicieron que se volteara a ver al personal del IMSS y que la responsabilidad era exclusivamente de ellas, cuando de antemano se supo que el origen del incendio tuvo lugar en una instalación del gobierno estatal.
Los otros dos propietarios del centro de cuidado infantil Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Francisco Gildardo Urquídez Serrano obtuvieron determinaciones judiciales que, sin ser sentencias, que lo dejó fuera del juicio penal.
Se les sobreseyó la causa penal, no llegó a sentencia, pero si se descubrieran nuevos elementos de responsabilidad pudieran ser reencausados, es decir que podrían ser procesaos y juzgados de nueva por el mismo delito.
Por otra parte, Alvarado Serrano expuso que en el caso de la guardería ABC existe el apartado de la seguridad social de las familias de los menores que perdieron la vida y de los que resultaron lesionados.
Recordó que para ello se emitió un decreto presidencial que garantiza los apoyos y las familias esperan que no exista alguna variación en ese sentido.
“En el décimo aniversario –que se cumplirá el 5 de junio próximo-quisiéramos que nuestras autoridades nos dieran una buena noticia, sobre todo con el tema de la justicia que ha quedado pendiente y el hecho ha quedado impune”, destacó.
El asesor legal de padres y madres de víctimas mortales de la guardería ABC dijo que trataron con el gobierno del PAN con Felipe Calderón, del PRI con Enrique Peña Nieto y ahora esperan que el actual gobierno trascienda para que, bajo ninguna circunstancia, el caso quede impune y se les haga justicia a las familias.
Las familias van a seguir en la exigencia de justicia, pues no trabajan para un aniversario más y por ello realizan gestiones y cabildeo constante con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Asimismo, ante la Fiscalía General de la República, las cámaras de Diputados y Senadores, además del Poder Judicial de la Federación.
Destacó que en el décimo aniversario del incendio de la guardería ABC “podemos trascender en el sentido de tener voluntad y disposición estas nuevas autoridades, por lo menos ellos pueden marcar la pauta, dar los primeros pasos, y nosotros trabajamos para que ejerzan esa posibilidad”.
Refirió que la agrupación Movimiento 5 de Junio hizo un planteamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde que salió el resolutivo sobre el caso de la SCJN en noviembre de 2010, cuando se discutió el caso en la corte.
Anotó que estaría por resolverse el planteamiento y aunque la resolución no es vinculatoria, se trataría de una recomendación de mucho peso político, lo cual abonaría y ayudaría muchísimo a que se agilice la justicia en el caso.
La agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños trabaja para que la CNDH emita una recomendación en el ámbito penal para que la FGR agilice las investigaciones y profundice con las que ya cuenta, así como que lleve a cabo las diligencias correspondientes, expuso.
FUENTE: NOTIMEX, CANDELERO, 06-04-19.