Terry Cole, director de la agencia antidrogas estadounidense, confirmó que existe una acusación penal abierta contra políticos mexicanos de alto nivel, al tiempo que advirtió que no cesará la persecución contra los líderes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En una entrevista concedida a la periodista Ilia Calderón para el programa “Esta Semana” de Univisión NMás, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), lanzó una fuerte advertencia a la facción de «Los Chapitos», asegurando que les espera el mismo destino que a los capos Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada.
«Pronto estarán igual. No cederemos. Seguiremos persiguiéndolos», enfatizó Cole, tras recordar que los cofundadores del Cártel de Sinaloa han sido condenados a cadena perpetua en territorio estadounidense.
A pesar de que el funcionario reconoció la capacidad de las organizaciones criminales para reemplazar de forma rápida a sus cabecillas detenidos o abatidos, reiteró que la agencia estadounidense no detendrá sus operaciones.
En ese sentido, puntualizó que entre los objetivos prioritarios actuales de la DEA destaca Juan Carlos Valencia, alias “El Pelón”, presunto integrante del CJNG.
SEÑALAMIENTOS DIRECTOS DE CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL
Uno de los puntos más críticos de la declaración de Cole fue la confirmación de nexos directos entre servidores públicos mexicanos y las agrupaciones delictivas. De acuerdo con el director de la agencia, una acusación formal del Departamento de Justicia de EU evidencia la «corrupción gubernamental» mediante el involucramiento de altos funcionarios que colaboran directamente con los cárteles.
Cole hizo referencia al expediente judicial dado a conocer en abril pasado, en el cual se acusa a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de conspirar para traficar drogas y proteger a «Los Chapitos» a cambio de sobornos.
Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázares; y el exsecretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Asimismo, el jefe de la DEA reveló que hace un par de semanas la agencia puso bajo aviso a funcionarios actualmente en sus puestos, por presuntos vínculos de colaboración con el CJNG.
“Cualquiera que dañe o asesine a los estadounidenses, está en nuestro radar”, sentenció, evocando además que la institución mantiene vigente la memoria de agentes caídos como Enrique «Kiki» Camarena.