Por: Ricardo Monreal Avila
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México enfrenta una crisis en materia de seguridad sin precedente; el agrandamiento y la expansión de los cárteles de la droga no se comparan con los de otras organizaciones criminales alrededor del mundo.
Aunque se debe tomar en cuenta que los grandes dividendos del negocio ilegal del tráfico y venta de estupefacientes, teniendo como mercado a países de grandes consumidores como Estados Unidos, ha posibilitado en buena medida su fortalecimiento, así como su capacidad de operación más allá de territorio mexicano.
Las pretensiones del narcotráfico a lo largo de la historia en México y otros países se limitan a la acumulación de capital de manera ilegal y al empoderamiento de las organizaciones a través del trastocamiento de los órdenes institucionales, por medio de la práctica del soborno y la extorsión. Por otro lado, en su ánimo de acumulación de poder propenden, de continuo, a la eliminación de la competencia en las áreas de influencia o tránsito de la droga.
Los numerosos enfrentamientos que lamentablemente se han registrado en territorio mexicano obedecen a la necesidad de las organizaciones criminales de “defender” y expandir sus áreas de influencia, debilitar a los grupos rivales o enfrentar a las instituciones del Estado encargadas de salvaguardar el orden.
También es cierto que, en zonas muy específicas, las organizaciones criminales mantienen gobiernos “alternos” o “paralelos” en los que, además de decidir sobre los asuntos de la localidad, realizan inversiones de impacto social, como la construcción de caminos, hospitales y escuelas para los pobladores de sus áreas de influencia. Grandes capos de la droga han utilizado sus recursos de procedencia ilícita como motor de desarrollo de las comunidades a las que pertenecen, lo que se ha traducido en una fuerte compenetración entre habitantes y miembros de los cárteles de su comunidad.
No obstante, en ningún momento, en México, algún cartel se ha pronunciado por trastocar de manera frontal el orden institucional del Estado para crear una nueva nación, suplantar al Ejército o asumir el control del territorio por medio del establecimiento de un nuevo gobierno.
Asimismo, a diferencia de otros países, en donde han surgido grupos extremistas, en la historia nacional no se tiene registro de que alguna organización criminal haya atacado edificios de instituciones fundamentales, alguna embajada o a la población civil con objetivos meramente políticos.
De este tipo de ataques sí se tiene registro en países de Oriente Medio, en España, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y otros tantos, en donde las organizaciones extremistas echan mano del terrorismo para trastocar el orden institucional establecido o derrocar gobiernos, con base en metas políticas específicas.
El terrorismo de finales del siglo XX y principios de XXI en todo momento ha estado enfocado a generar presión sobre los gobiernos para lograr el cumplimiento de demandas políticas. ETA, en España, pretendió lograr la separación e independencia de la región vasca; las FARC, en Colombia, presionaron por el establecimiento de un Estado comunista; Al Qaeda, organización extremista islámica, es conocida por su presencia en numerosos países y se asume como un movimiento de resistencia islámica, cuyo principal enemigo es la Unión Americana. Las organizaciones terroristas tienen fines políticos específicos y la acumulación de capital de manera ilegal es sólo uno de los vehículos para lograr su cometido.
Tratar de calificar o equiparar el narcotráfico con el terrorismo, llamándolo narcoterrorismo, resulta no solo un error conceptual sino ontológico, dado que la naturaleza y la teleología de los carteles y de las organizaciones terroristas obedecen a motivaciones distintas. En todo caso, el debate en torno a la definición de una nueva categoría conceptual relacionada con la subsistencia del Estado mexicano, correspondería, justamente, solo a los mexicanos.
Dada la coyuntura geopolítica de nuestro país, denominar las actividades de la delincuencia organizada enfocadas al tráfico de drogas como narcoterrorismo, constituiría un error institucional que abriría la puerta a una intervención directa de Estados Unidos en territorio mexicano y a una influencia decisiva de éste en todas las decisiones en materia de seguridad pública, lo que comprometería gravemente la soberanía del Estado mexicano.
México está abierto a la cooperación con EUA para frenar la actividad de los cárteles en el país; se requiere la acción bilateral. No es secreto para nadie que en más de una ocasión hemos solicitado al vecino del norte que regule de mejor manera el tráfico ilegal de armas en su frontera sur, pues las organizaciones criminales se han surtido de armas estadounidenses de alto poder. El buen juez comienza por su propia casa, reza un dicho popular; mientras la Unión Americana se niegue a regular con mayor rigidez esta cuestión, va a ser imposible frenar la espiral de violencia que ha sacudido por años a nuestro territorio.
México no está dispuesto a dejar que la justicia venga de Washington; hay asuntos estratégicos y prioritarios en la agenda bilateral en materia de seguridad que aún siguen pendientes, como para dar rienda suelta a decisiones unipersonales con fines electorales. Reconocer la existencia de un narcoterrorismo implicaría que toda la política de seguridad fuera dictada desde el vecino del norte, lo cual equivaldría a resucitar el espíritu “Polko” del siglo XIX, que todo político conservador mexicano y estadounidense llevan dentro. Nuestro país está a favor de la cooperación bilateral, nunca de un intervencionismo disfrazado, el cual, tristemente, es añorado por algunos conservadores mexicanos.
Los sucesos de Culiacán y la tragedia de la familia LeBarón son pruebas fehacientes de la situación que vive nuestro país en materia de seguridad.
No se puede ocultar la realidad; México está inmerso en esta crisis desde hace décadas, y la situación ha venido escalando de manera preocupante. Empero, las estrategias de seguridad ya están en marcha y la buena conducción del Estado propiciará que la situación mejore lo más pronto posible por el bien de todos.