Familiares y defensores de derechos humanos exigen la liberación de cuatro pescadores detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), que los acusa de participar en una manifestación en la que se provocaron daños en el edificio de la presidencia municipal de Camargo.
Los pescadores, detenidos el pasado 17 de noviembre, son investigados por su probable participación en conductas que podrían constituir los delitos de atentados a la paz del Estado, atentados contra los bienes del Estado y sus municipios, así como pandillerismo, de acuerdo con la FGJT.
Familiares de los cuatro acusados aseguran que ninguno de ellos acudió a la manifestación, ya que estaban trabajando en el pueblo de Comales, ubicado a 19 kilómetros de la cabecera municipal de Camargo.
“Ese mismo día, dos horas después de la manifestación, los policías de la Guardia Estatal (de Tamaulipas), acompañados por personal de la fiscalía, fueron a Comales y anduvieron preguntando quiénes eran pescadores», explicó a Latinus un familiar de un pescador.
«Por ahí de las seis de la tarde, dos de los detenidos venían del trabajo en su camioneta, los pararon y les preguntaron si eran pescadores, al responder que sí los detuvieron. Los otros dos, fueron detenidos en la pescadería donde venden sus productos”, agregó.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) informó que los detuvo con órdenes de aprehensión y legalmente, pero los familiares de los acusados aseguran que se trató de una acción arbitraria.
Habitantes denuncian abuso policial
La manifestación en la que se acusa a los pescadores se hizo para protestar por los frecuentes abusos de la Guardia Estatal de Tamaulipas.
Los pobladores señalan que desde hace meses se cometen abusos de policías estatales en el municipio de Camargo, localizado a unos 11 kilómetros de Río Grande City, Texas, en la frontera con Estados Unidos.
Habitantes de la región entrevistados por Latinus refieren que los policías hacen retenes y detienen a los automovilistas bajo el argumento de haber cometido infracciones de tránsito, los amenazan con imputarles delitos y luego les exigen dinero para evitar consecuencias legales.
“Los policías tienen más o menos seis meses molestando a campesinos y a jornaleros, y desde hace un mes piden a cada una de las 12 cooperativas de pescadores que hay en el pueblo de Comales una cuota de 500 a mil pesos diarios”, señaló un vecino de la zona.
“Nadie en Comales está trabajando en paz debido a los abusos de los policías. Los permisionarios y camioneros ya no quieren venir al pueblo porque tienen miedo a que también a ellos los molesten y toda esa situación está afectando nuestra economía porque nuestro pueblo depende de la pesca”, destacó otro habitante de Comala entrevistado por Latinus.