Un grupo de empresarios solicitó a Néstor Vargas Solano la destitución de cinco funcionarios adscritos al Órgano de Administración Judicial, al señalar que forman parte de una red que presuntamente incurre en extorsión y irregularidades en procesos de contratación.
De acuerdo con un comunicado, los denunciantes afirmaron haber sido obligados a entregar hasta el 20 por ciento de las ganancias obtenidas en contratos, a cambio de resultar favorecidos en licitaciones y adjudicaciones. Indicaron que estos hechos se han presentado de manera reiterada en distintos procedimientos administrativos.
Los empresarios identificaron como presunto responsable principal a Jorge Giovanni Guerrero Durán, director de Servicios Generales, a quien señalaron de favorecer a personas cercanas en cargos estratégicos dentro del OAJ.
Como presuntos participantes en estas prácticas mencionaron a Juan Carlos Zamora García, secretario ejecutivo de Administración; Rogelio Ruiz Rasgado; Raúl Antonio Peniche Canto, coordinador de Control Operativo de Administraciones de Edificios, y Jorge Arturo Martínez Lembrino, coordinador de Administración Regional.
Según los inconformes, existe el riesgo de que estos cinco funcionarios puedan entorpecer las investigaciones que se realizan en su contra, mismas que derivan de una denuncia anónima enviada directamente a Vargas Solano y registrada en la carpeta de investigación CAJ/DGI/INV/270/2025.
Los denunciantes solicitaron que los procedimientos de adjudicación en áreas como limpieza, seguridad, comedores, fumigación y tecnología sean reiniciados y que se declaren nulos aquellos procesos en los que intervinieron Guerrero Durán y Zamora García, al considerar que se llevaron a cabo sin apego a la normatividad.
Afirmaron que se entregaron anexos técnicos antes del inicio formal de los procedimientos, lo que habría permitido excluir a otros participantes y limitar la competencia. También señalaron que se restringió la participación a un grupo de 15 empresas en contratos de limpieza regional, tras el envío de instrucciones a administraciones regionales y delegaciones administrativas.
Los empresarios indicaron que darán a conocer nuevas denuncias relacionadas con otras presuntas irregularidades cometidas por los funcionarios señalados.