El exfiscal general del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación en la que denuncia tortura y represión sistemática en contra de él y otros exfuncionarios, durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Bravo Contreras afirma en su demanda de tortura que durante su reclusión en la cárcel de Pacho Viejo permanecía encerrado en una jaula de metro y medio por tres metros, durante 23 horas y media al día; que le impedían tener contacto con la gente; hablar con cualquier persona y al recluso que pretendía establecer contacto con él era amenazado.
En una moción para que se analice la facultad de atracción recibida en la oficina del fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, Bravo Contreras recurre a la FGR, señala, ante la inacción de la Fiscalía Especializada del Delito de Tortura zona Centro-Xalapa, de su caso en la carpeta FEIDT/236/2019-11.
De acuerdo con la petición a la FGR, Bravo Contreras hace saber al fiscal general de la República que en su oportunidad denunció al exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Téllez Marie, al exfiscal general de ese estado, Jorge Winckler Ortiz y otros exfuncionarios, por la “su probable participación considerados en apariencia de delitos de tortura”.
El exfiscal veracruzano que pide ayuda a la FGR, señala en su misiva a Gertz Manero que en el gobierno que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), el penal de Pacho Viejo
—donde Bravo Contreras fue recluido, fue escenario de “malos tratos y tortura” en contra de exfuncionarios de la administración de Javier Duarte.
Refiere Bravo Contreras que Téllez Marie, encargado de los centros penitenciarios de Veracruz en la administración de Yunes Linares, ejecutaba esos malos tratos y tortura en contra de “sus objetivos políticos, facilitando el ingreso de policías, ficales, fiscales y otros personajes, para pedirnos declaraciones incriminatorias en contra de nosotros mismos o de terceros, además de bienes y diversas exigencias”.
Entre las conductas que Bravo Contreras denunció ante la FEIDT, que encabeza Cristian Emmanuel Silva Mirón, funcionario nombrado en ese cargo por Winckler Ortiz, es la operación de una cámara de video frente a su jaula, las 24 horas del día, además de un custodio fuera de su celda siempre, sin ninguna privacidad.
Mencionó el exfuncionario estatal que cuando se le ocurrió, como una parte de su estrategia de defensa, twittear sobre las violaciones que se cometían en su contra, el entonces fiscal veracruzano Winckler Ortiz ordenó a policías sacarlo de la jaula en horas de la madrugada, lo llevaron a la población, a pesar de que no debían ubicarlo en esa área por el peligro que corría su integridad, y lo obligaron a compartir la celda con un sentenciado por delincuencia organizada y otro por pederastia.
En un oficio que Bravo Contreras anexó a su solicitud de atracción a la FGR, reveló cómo la fiscalía a cargo de Winckler, lo torturó e inventó pruebas incriminatorias.
El exfiscal que acusa a su sucesor también refiere que cuando obtuvo el amparo contra la prisión preventiva, la juez Mónica Segovia Jácome lo arraigó en su domicilio, absolutamente incomunicado, sin contacto que personas que no fueran sus abogados o sus familiares.
Con información de Excélsior