La lucha contra la delincuencia organizada de las pasadas administraciones se inscribió en un escenario en el que entraron en juego la seguridad pública (por ende, el orden, el control y el libre desarrollo social), y los hechos de violencia perpetrados por los carteles, los cuales dieron cuenta, además, de la cuestionable legitimidad de un régimen neoliberal, caracterizado por una enorme desigualdad, que ha llevado a la polarización social.
Esa paulatina pérdida de legitimidad y el monopolio de la violencia llevaron a especialistas de seguridad de otras naciones a señalar reiteradamente que nuestro país constituía una especie de Estado fallido, lo que reforzó la tesis de que dentro de México podría subsistir un Estado paralelo.
En ese contexto, autores como Bruce Bagley los definen como Estados inscritos en las sociedades en crisis, que compiten con el Estado oficial por el monopolio legítimo de la violencia y otras dimensiones de legitimidad.
Para la presente Administración y para la mayoría de mexicanas y mexicanos es un asunto prioritario la existencia de áreas o espacios de desgobierno, la intimidación o extorsión a particulares, empresas o industrias completas, e incluso de personas funcionarias públicas: en fin, la presencia de un Estado paralelo dentro del Oficial.
No obstante, atendiendo a la estructura transnacional, corporativista, regional, sicarista y con alto poder de fuego de los carteles en México, las medidas o estrategias deben partir, necesariamente, de una visión regionalista y en el marco de la cooperación internacional.
Terminar con esa forma irregular de Estado, desde una trinchera eminentemente local o endógena, puede despertar actitudes irresponsables o respuestas insuficientes.
El ejemplo de tal irresponsabilidad fue plantear una intervención militar extranjera para acabar con los carteles y su preeminencia en algunas regiones (posición de algunos políticos estadounidenses republicanos, en campaña permanente contra México), equiparando al narcotráfico con el terrorismo.
Ante situaciones tan complejas y trascendentales, la respuesta debe buscarse en los tratados, acuerdos y el derecho internacional, que ha evolucionado adquiriendo mayor preponderancia en el derecho interno, velando por los derechos fundamentales de las personas, tanto en periodos de guerra como en los de paz.
A las respuestas insuficientes para terminar con la emergencia de un Estado paralelo o un narco-Estado, debemos agregar la creencia de que se puede combatir un fenómeno multinacional y multidimensional (como es el tráfico de fentanilo y demás drogas ilícitas) solamente con esfuerzos endógenos y acciones policiales o militares de fuerza. En otras palabras: ni el Estado-policía ni el Estado intervenido o invadido son opciones para reemplazar a un narco-Estado.
Debemos pensar en avanzar y concretar un acuerdo de seguridad regional para América del Norte, primero, y para el resto del continente americano, después.
Recordemos que no sólo México y Estados Unidos se han visto envueltos en tensiones diplomáticas por los grupos delincuenciales de carácter transnacional.
En Canadá, por ejemplo, apenas el año pasado el operativo binacional denominado Proyecto Cobra, en colaboración con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, logró desarticular una red dedicada al trasiego de estupefacientes relacionada con carteles mexicanos.
Desde el diseño del TLCAN, en los años 90 del siglo pasado, se planteó incluir temas como la seguridad y la defensa de la región, pero la iniciativa no prosperó debido al enfoque comercial del Tratado.
En México se planteaba la incorporación de capítulos relacionados con la regulación migratoria, la materia laboral y de protección al campo, mientras que EUA exigía petróleo, energía y defensa. Al final, dichas pretensiones fueron retiradas, pero la realidad terminó imponiéndose: creció el libre comercio, pero también la migración indocumentada y el tráfico de drogas ilícitas.
Luego del 11S se promovieron al menos dos Iniciativas para lograr un Acuerdo Trilateral de Seguridad y Defensa: la Iniciativa de “fronteras inteligentes” y la Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que no prosperaron por un principio elemental de soberanía y la desconfianza natural de México y Canadá a todo lo que implique “operaciones conjuntas” con un Ejército imperialista.
Sin embargo, como país resulta prioritario evitar, a toda costa, otro Genaro de García Luna en Nueva York u otro “matamorazo” en nuestro territorio. En este sentido, los “three amigos” (México, Canadá y EUA) pueden reforzar un acuerdo de colaboración, cooperación y asistencia mutuas para desmantelar los carteles en todas sus fronteras.
México debe depurar Aduanas, especializar sus órganos de seguridad y reformar su sistema de procuración e impartición de justicia. Por su parte, EUA puede revisar la venta de armas, fiscalizar las farmacéuticas consumidoras de precursores químicos y, en general, revisar su política de combate a las drogas. Canadá debe fortalecer los lazos de colaboración, el intercambio de información e instrumentos de cooperación internacional, para evitar que nuevas generaciones de narcotraficantes comprometan su seguridad con la entrada de grandes cantidades de droga.
La consigna consiste en no sólo ser socios comerciales, sino también vecinos responsables frente a las amenazas comunes.
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