Como diputada federal, Graciela Domínguez Nava fue de las que gritó más fuerte “¡No estás solo! ¡No estás solo!” cuando Rubén Rocha Moya acudió al recinto legislativo de San Lázaro a buscar el respaldo de la bancada de Morena en medio de acusaciones por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Era el 24 de octubre de 2024, aunque este martes, tras ser elegida por la mayoría morenista del congreso local de esa entidad como gobernadora interina, no mencionó a quien la designó su secretaria de Educación.
Al contrario, Domínguez Nava subrayó que en Sinaloa “es tiempo de reconstruir la confianza, la justicia y la paz, en una tarea común”.
Además, si la segunda solicitud de licencia indefinida de Rocha Moya es “por más de 30 días”, la mandataria interina aclaró que “es poco más de un año que tendremos en este gobierno interino y muchas de las tareas que tendremos que retomar”.
Es decir, que se quedará hasta el 31 de octubre del 2027, cuando deberá ser relevada como mandataria para acabar el periodo de Rocha Moya.
Prometió que habrá “atención a víctimas y la reconstrucción del tejido social”, aunque votó a favor de no quitar el fuero a su compañero de bancada, Cuauhtémoc Blanco, el 25 de marzo de 2025, tras ser acusado de intento de violación por su media hermana.
Domínguez Nava se dirigió a “quienes hoy sienten preocupación, cansancio o desconfianza”, tras ser elegida con 31 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.
“La confianza no se decreta ni se exige, se construye y este gobierno tendrá que ganársela todos los días con honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia”, ofreció.
Con voz firme, Domínguez Nava dijo: “Lo dejo claro, es fundamental el acompañamiento del gobierno de México”.
Como si tuviera enfrente a la presidenta Claudia Sheinbaum, remarcó: «Conozco su liderazgo, particularmente en este momento tan importante para nuestro país».
“Tenemos disposición para trabajar conjuntamente”, destacó cuando horas antes la mandataria comentó en la mañanera que “la designación de Domínguez Nava es del congreso local, no de la presidenta”.
El lunes pasado, la propuesta de Domínguez Nava se tambaleó luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se sentó en la mesa de negociación a través de legisladores leales a la senadora Imelda Castro, aspirante a la candidatura para gobernadora.
Morenistas confiaron que Delgado y Castro apoyaban al también diputado federal con licencia, Jesús Ibarra, otro entusiasta porrista de Rocha Moya, aquel 24 de octubre del 2024.
En su intervención, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Irma Guadalupe Moreno Ovalles resaltó que “hay momentos para los que no hay espacios para las ambigüedades, para los cálculos personales, ni para los dobleces”.
“Hoy estamos frente a uno de esos momentos”, enfatizó cuando se presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación integrada por cuatro diputados de morena: dos imeldistas (Castro), dos rochistas y uno más del Partido Acción Nacional.
Su compañera de bancada, la diputada Paola Gárate fue más allá y resaltó que “el cinismo no tiene límites, lo han demostrado”.
“Por eso el día de hoy presentaremos ante este congreso la denuncia de juicio político en contra de Rocha Moya, con la pretensión principal de su destitución como gobernador e inhabilitación como corresponde a nuestra constitución y la ley”, añadió.
La diputada del PRI explicó que “la denuncia abre un procedimiento deberá responder la responsabilidad política, mirando en todo momento la estabilidad de nuestro estado”.
“Cosa difícil, pero seguimos esperanzados, este congreso no necesita esperar una sentencia extranjera para revisar el ejercicio del poder público en Sinaloa”, remachó.
FUENTE ; LATINUS